La protección de datos, la inteligencia artificial y la gestión del riesgo tecnológico se han convertido en elementos centrales para empresas, administraciones públicas y profesionales del Derecho Digital.
Con este enfoque, algunos miembros de ENATIC participaron en el curso de verano “Protección de datos en la empresa y las organizaciones: gobierno corporativo, gestión del riesgo y cumplimiento ante entornos tecnológicos complejos”, organizado por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en el marco de las actividades de verano 2026 de la Universidade da Coruña.
El curso, celebrado los días 15 y 16 de julio, reunió a más de 150 alumnos de forma presencial y contó con especialistas de distintos ámbitos para analizar el papel de la protección de datos en un contexto marcado por la transformación digital, el uso creciente de la inteligencia artificial y la aparición de nuevos riesgos tecnológicos.
En el curso participaron, entre otros, con sendas mesas redondas, Belén Arribas Sánchez, presidenta y Carlos Alberto Sáiz Peña, vicepresidente. También contó con la asisténcia de Esther García Encinas, vocal de la Junta.
Protección de datos, inteligencia artificial y gobernanza: un debate clave para las organizaciones
La incorporación de sistemas de IA en empresas y organizaciones no puede limitarse a una cuestión técnica. Exige estructuras de responsabilidad, mecanismos de control, evaluación de riesgos, supervisión humana y criterios de cumplimiento capaces de proteger los derechos de las personas.
Uno de los ejes principales del curso fue la necesidad de abordar la inteligencia artificial desde una perspectiva jurídica, organizativa y de gobernanza.
En este contexto, la protección de datos ocupa una posición especialmente relevante, no solo como obligación normativa, sino como elemento estructural de confianza, diligencia y buen gobierno corporativo.
¿Por qué la gobernanza de la IA exige la implicación de todas las instituciones?
Durante la inauguración del curso, el presidente de la AEPD, Lorenzo Cotino, destacó que la inteligencia artificial marca el inicio de una nueva etapa tecnológica que las organizaciones deben afrontar con decisión, pero también con responsabilidad.
La propia AEPD subrayó que la gobernanza de la IA exige la implicación de todas las instituciones y un compromiso especial de las empresas, destacando la colaboración con la AESIA, el Poder Judicial, el CTBG, la CNMV y otros organismos para construir un marco de confianza.
Este enfoque resulta especialmente relevante en un momento en el que el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, el RGPD y las nuevas obligaciones en materia de ciberseguridad, cumplimiento y resiliencia digital están configurando un marco cada vez más exigente para empresas, administraciones y profesionales.
Gobierno corporativo, gestión del riesgo y cumplimiento ante entornos tecnológicos complejos
A lo largo del curso se abordaron cuestiones esenciales para las organizaciones que desarrollan, contratan o utilizan sistemas tecnológicos avanzados:
Gobierno corporativo y responsabilidad de los órganos de dirección.
Gestión de riesgos tecnológicos.
Cumplimiento normativo en entornos digitales.
Protección de datos personales.
Inteligencia artificial y derechos fundamentales.
Evaluaciones de impacto.
Seguridad de la información.
Función del Delegado de Protección de Datos.
Coordinación entre privacidad, cumplimiento y gobernanza tecnológica.
Estos temas reflejan una realidad cada vez más clara: la transformación digital no puede gestionarse únicamente desde la innovación tecnológica, sino desde una visión integrada de Derecho, responsabilidad, organización y protección de derechos.
El papel de ENATIC en el debate sobre Derecho Digital e inteligencia artificial
La participación de miembro de ENATIC en este foro refuerza su compromiso con el análisis jurídico de la transformación digital y con la creación de espacios de diálogo entre instituciones, profesionales, empresas, administraciones públicas y academia.
La evolución de la inteligencia artificial plantea nuevos retos para la abogacía, los departamentos jurídicos, los responsables de cumplimiento, los delegados de protección de datos y todas aquellas organizaciones que deben integrar innovación tecnológica con garantías jurídicas.
Desde ENATIC continuamos trabajando para contribuir a este debate desde una perspectiva basada en el Derecho Digital, la protección de los derechos fundamentales, la seguridad jurídica y la innovación responsable.
Una inteligencia artificial basada en responsabilidad, confianza y garantías
El desarrollo de la inteligencia artificial exige algo más que adopción tecnológica.
Exige definir quién responde, cómo se gestionan los riesgos, qué garantías se aplican, qué papel desempeñan los órganos de gobierno y cómo se asegura que la innovación avance respetando los derechos de las personas.
La colaboración entre instituciones como la AEPD, la AESIA, universidades, profesionales y asociaciones especializadas resulta esencial para construir un modelo de gobernanza de la IA sólido, responsable y alineado con los valores del marco europeo.
Porque el reto no es únicamente incorporar inteligencia artificial en las organizaciones.
El verdadero reto es hacerlo con criterio jurídico, responsabilidad y confianza.
https://enatic.es/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-20-at-19.02.25-2.jpeg12001600comunicacionhttps://enatic.es/wp-content/uploads/2021/01/ENATIC_v2_fondo_blanco.pngcomunicacion2026-07-22 17:11:152026-07-22 17:42:20Miembros de ENATIC participan en el curso de verano de la AEPD sobre protección de datos, inteligencia artificial y gobierno corporativo
I. Introducción: cuando la regulación estatal atraviesa el contrato tecnológico
Imaginen construir un puente mientras se cruza el río. Esa imagen, tan gráfica como incómoda, describe con precisión la situación en la que se encuentran cada vez más empresas que operan con tecnologías de inteligencia artificial en mercados globalizados. Es exactamente lo que ocurrió en junio de 2026 con Anthropic y su modelo Fable 5. Una startup de litigios con sede en Estados Unidos pero con desarrolladores canadienses, Legion, vio cómo su herramienta más avanzada desaparecía de la noche a la mañana porque el gobierno estadounidense decidió que dicho modelo no podía estar al alcance de ciudadanos extranjeros. La empresa demandó al Estado, y desde entonces los juristas no hemos dejado de discutir sobre qué tipo de daño es este, quién debe responder por él, y si las cláusulas contractuales habituales en el sector tecnológico sirven de algo cuando la regulación estatal entra por la puerta grande.
Este reconocimiento no es menor. Supone aceptar que una regulación concebida para proteger la seguridad nacional podía, en determinadas condiciones, producir efectos contrarios a sus propios fines en el ámbito del comercio y la innovación. El problema no residía en la legitimidad de la medida ni en su arquitectura conceptual basada en la soberanía estatal, sino en la tensión entre ese diseño normativo y la capacidad real de cumplimiento de los operadores económicos llamados a aplicarlo, así como en los daños colaterales que generaba sobre terceros que no participaron en la decisión.
La demanda de Legion —presentada ante un tribunal federal de Washington el 23 de junio de 2026— no surge de la improvisación ni de un giro comercial repentino. Es el resultado de una constatación empírica incómoda: una empresa que había construido su modelo de negocio en torno a una tecnología concreta se vio privada de ella no por voluntad del proveedor, sino por una decisión estatal que el proveedor decidió acatar de forma absoluta. Es como si un profesor exigiera un examen perfecto sin haber entregado el temario completo, ni aclarado los criterios de evaluación, y luego suspendiera al alumno por no haberlo superado. Ante ese escenario, Legion optó por la vía judicial, en un ejercicio de pragmatismo que pone sobre la mesa preguntas que el derecho contractual tradicional no está preparado para responder con facilidad.
Este trabajo pretende desentrañar esa controversia con una mirada crítica pero constructiva. No se trata de celebrar acríticamente la posición de Legion ni de condenar por principio la actuación de la administración estadounidense, sino de comprender qué problemas reales detecta la demanda, cómo pretende resolverlos desde el punto de vista jurídico e institucional, y qué consecuencias prácticas tendrá todo ello para quienes desarrollan o despliegan sistemas de inteligencia artificial en un mercado global en los próximos años.
II. El diagnóstico desde dentro: cuando la censura tecnológica amenaza con ahogar lo que pretende proteger
Para comprender el alcance de la demanda resulta imprescindible entender el diagnóstico que la precede. Durante meses, en foros sectoriales, grupos de expertos y debates profesionales celebrados en plataformas digitales entre abril y junio de 2026, los operadores económicos lanzaron señales de alarma cada vez más consistentes que la comunidad jurídica terminó por escuchar. No se trataba de quejas genéricas contra la regulación, sino de advertencias muy concretas sobre disfunciones operativas: ausencia de alternativas técnicas viables, retrasos en la implementación de controles de acceso diferenciados, falta de orientaciones prácticas claras sobre cómo cumplir una orden de restricción geográfica sin cortar el servicio por completo, y divergencias interpretativas incipientes sobre quién asume el coste de una medida de estas características.
En conjunto, estos factores estaban transformando la orden presidencial en un lastre competitivo, especialmente para empresas innovadoras de tamaño pequeño y medio con presencia internacional. Pensemos en una startup de treinta empleados que ha desarrollado un sistema destinado a optimizar la redacción de documentos jurídicos mediante aprendizaje automático. Dispone de la tecnología, del talento humano y de un mercado potencial claro. Sin embargo, se enfrenta a preguntas fundamentales sin respuesta: qué documentación técnica debe preparar para acreditar su cumplimiento normativo, qué organismo evaluará si su uso del modelo es legítimo, bajo qué estándar, y, quizá lo más decisivo, si su sistema será finalmente considerado una exportación prohibida por el mero hecho de tener empleados extranjeros.
Ante tal nivel de incertidumbre regulatoria, los inversores —de manera perfectamente racional— se retraen. El capital riesgo busca previsibilidad jurídica, no entornos normativos en construcción permanente. El proyecto se congela, se retrasa o se traslada. Europa, o cualquier otra jurisdicción, pierde así oportunidades concretas de innovación, empleo cualificado y liderazgo tecnológico, mientras otras regiones con marcos más ágiles avanzan sin esperar. En el caso de Legion, la empresa no tenía siquiera la opción de trasladarse: su modelo de negocio estaba anclado a Fable 5, y la retirada del modelo significó, en sus propias palabras, un daño inmediato, irreparable y existencial.
Este escenario no era anecdótico. Se reproducía por cientos en todo el mundo. Los juristas que han seguido el caso lo han descrito sin ambages como la existencia de una tensión entre seguridad nacional y seguridad jurídica que incrementaba injustificadamente los costes de cumplimiento. Pero tras esa formulación institucional se esconde algo más profundo: la comprensión progresiva de que regular tecnologías emergentes exige equilibrar ambición protectora y viabilidad operativa. No basta con diseñar un marco normativo conceptualmente impecable si luego resulta impracticable en la realidad cotidiana de las empresas que deben aplicarlo, o si genera daños a terceros que no participaron en la decisión.
La inteligencia artificial añade, además, una dificultad estructural frente a otras tecnologías reguladas en el pasado: su vertiginosa velocidad de evolución. Mientras que el Reglamento General de Protección de Datos o la Directiva de Servicios de Medios Audiovisuales permitían un ajuste progresivo, los sistemas basados en aprendizaje automático evolucionan semana a semana, tanto en capacidades como en riesgos. La orden presidencial de junio de 2026 aspira, desde la perspectiva de la seguridad nacional, a proteger un activo estratégico; pero desde la perspectiva del derecho contractual, introduce una rigidez que amenaza con convertirse en un obstáculo estructural para la innovación.
III. Los hechos: una retirada abrupta en un mercado que no perdona pausas
El 2 de junio de 2026, la administración Trump emitió una orden mediante la cual se restringía la exportación de los modelos de inteligencia artificial Fable 5 y Mythos 5 desarrollados por Anthropic. La medida respondía a una lógica de seguridad nacional: se trataba de evitar que tecnología considerada estratégica cayera en manos de competidores extranjeros o se utilizara de manera incompatible con los intereses estadounidenses. Howard Lutnick, Secretario de Comercio, comunicó personalmente a Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, que la empresa necesitaba permiso gubernamental previo para cualquier exportación, incluso para que ciudadanos extranjeros accedieran a los modelos desde territorio estadounidense.
Ante esta situación, Anthropic optó por desactivar el acceso a Fable 5 y Mythos 5 no solo para usuarios extranjeros, sino de manera generalizada. La empresa no intentó —o al menos no lo hizo de forma visible— establecer un sistema de control geográfico o de nacionalidad que permitiera mantener el servicio para ciudadanos estadounidenses mientras se restringía a los demás. Simplemente cortó el acceso.
Legion, empresa de tecnología aplicada al derecho que desarrollaba herramientas de asistencia jurídica para abogados basadas precisamente en Fable 5, se encontró de repente sin la tecnología sobre la que había construido su producto estrella. En su demanda, presentada ante un tribunal federal de Washington el 23 de junio de 2026, Legion describió el daño como inmediato, irreparable y existencial. Y aquí surge la primera cuestión jurídica de fondo: ¿cómo se valora un daño que no consiste en una pérdida patrimonial acumulada, sino en la imposibilidad de seguir compitiendo en un mercado donde la ventaja se mide en semanas?
La Casa Blanca y el Departamento de Comercio no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Anthropic, por su parte, emitió un comunicado el 12 de junio de 2026 en el que agradecía a la administración su pronta resolución y reafirmaba su compromiso de trabajar junto con el gobierno para alcanzar objetivos comunes de protección de la infraestructura crítica y liderazgo en inteligencia artificial. Entre los demandados se encuentra el propio Secretario de Comercio, Howard Lutnick, en su calidad de autoridad que emitió la orden restrictiva.
IV. La naturaleza del daño: más allá de la mera pérdida económica
En derecho, estamos acostumbrados a pensar el daño como una disminución patrimonial concreta: un coche destrozado, un contrato incumplido, un salario dejado de percibir. Pero lo que sufrió Legion no encaja del todo en esa categoría tradicional. No se trataba de que Anthropic le debiera dinero y no se lo pagara, ni de que le entregara un producto defectuoso. Se trataba de que, de la noche a la mañana, una herramienta imprescindible para su modelo de negocio dejó de existir como opción viable, no por voluntad del proveedor en sentido estricto, sino por una decisión estatal que el proveedor decidió acatar de forma absoluta.
Hay que reseñar que este tipo de daño tiene una dimensión temporal que lo distingue claramente de las pérdidas ordinarias. En sectores tecnológicos de alta velocidad, especialmente en inteligencia artificial, el tiempo no es solo dinero: es posicionamiento, es capacidad de innovación, es la diferencia entre liderar un nicho y quedar obsoleto. Legion argumentó que cualquier terreno perdido durante el periodo de indisponibilidad del modelo no podría recuperarse posteriormente. Y esto no es una exageración retórica: en un mercado donde los modelos se renuevan cada pocos meses, quedarse 2 o 3 meses sin acceso a la última generación equivale a retroceder una generación completa.
Considero que este daño merece ser calificado, en términos económicos, como una externalidad negativa de la regulación estatal. La administración estadounidense, al proteger sus intereses de seguridad nacional, generó un coste que no asumió directamente, sino que fue absorbido por agentes privados —Legion, en primer lugar, pero también otros usuarios del modelo— que no participaron en la decisión regulatoria. Es como si una ciudad decidiera cerrar un puente por obras sin ofrecer alternativa alguna, y los comerciantes de la otra orilla vieran cómo sus clientes dejaban de acudir. El daño es real, pero su origen es indirecto.
Desde la perspectiva del derecho de daños, esto plantea la pregunta de si la indemnización debe partir del principio de que todo daño ilícito debe ser reparado, o si la naturaleza de la medida estatal —dictada en ejercicio de potestades soberanas— crea una zona de inmunidad. Y aquí entramos en terreno movedizo, porque la jurisprudencia sobre responsabilidad patrimonial de la administración por actos legislativos o reglamentarios generales es, en la mayoría de los ordenamientos, extraordinariamente restrictiva.
V. La fuerza mayor como escudo: ¿protege realmente al proveedor?
Uno de los debates más intensos que ha suscitado este caso, visible en foros profesionales de juristas especializados en responsabilidad civil y tecnología, gira en torno a la calificación de la medida estatal como fuerza mayor. La tesis mayoritaria, aunque no unánime, tiende a afirmar que una orden presidencial de estas características sí constituye un supuesto de fuerza mayor que exonera al proveedor de responsabilidad contractual.
Sin embargo, esta aparente claridad se desdibuja en cuanto se examina con detenimiento. La fuerza mayor, en su configuración clásica, exige no solo que el evento sea externo e imprevisible, sino que produzca una imposibilidad objetiva e inevitable de cumplimiento. Y aquí es donde el caso de Anthropic se vuelve particularmente interesante: ¿la orden del gobierno estadounidense imponía realmente la retirada global del modelo, o simplemente establecía una restricción a la exportación que Anthropic decidió resolver mediante una suspensión total?
Entiendo que esta distinción no es meramente técnica, sino determinante para la distribución de responsabilidades. Si la orden solo prohibía que ciudadanos extranjeros accedieran al modelo, pero no impedía que Anthropic mantuviera el servicio para usuarios estadounidenses, entonces la decisión de cortar el acceso de forma indiscriminada fue empresarial, no estatal. En tal caso, el argumento de la fuerza mayor se resquebraja, porque el proveedor tuvo alternativas que no exploró: podría haber implementado controles de identidad, geolocalización, o simplemente segregado el acceso por nacionalidad. Que estas medidas fueran costosas o complejas no las convierte en imposibles.
Asumo que Anthropic ponderó los riesgos —legales, reputacionales, técnicos— y optó por la solución más segura desde su perspectiva: cerrar el grifo por completo. Pero una decisión empresarial, por prudente que sea, no se confunde con una imposición inexorable. Si Legion puede demostrar que la retirada total no era la única respuesta posible a la orden regulatoria, la puerta queda abierta para reclamar daños no contra el Estado, sino contra el propio Anthropic.
Ello me obliga a deducir que el contenido contractual adquiere aquí una relevancia decisiva. Las cláusulas de servicio de las plataformas de inteligencia artificial suelen incluir provisiones de suspensión por fuerza mayor, cambio normativo, o circunstancias fuera del control del proveedor. Pero la redacción de estas cláusulas varía enormemente. Algunas son tan amplias que prácticamente cualquier alteración del entorno regulatorio justifica la terminación unilateral; otras son más restrictivas y exigen que la medida estatal sea directamente aplicable al servicio concreto prestado. Si el contrato entre Anthropic y Legion pertenecía a esta segunda categoría, el argumento de la fuerza mayor se debilita aún más.
VI. La responsabilidad del Estado: ¿existe un deber de indemnizar?
La demanda de Legion no se dirigió contra Anthropic, sino contra Estados Unidos. Esta elección procesal no es casual: si el daño se atribuye a la decisión estatal de restringir la exportación, el proveedor queda al margen y la controversia se traslada al terreno de la responsabilidad patrimonial de la administración pública.
En el derecho estadounidense, como en la mayoría de los ordenamientos occidentales, la responsabilidad del Estado por actos de gobierno generales —es decir, normas o decisiones de política pública que afectan a un colectivo indeterminado— está severamente limitada. La doctrina de la inmunidad soberana, las excepciones de acción gubernamental, y el requisito de que el daño sea particular y no difuso, hacen que las reclamaciones individuales por externalidades regulatorias tengan escasas probabilidades de éxito.
No obstante, el caso presenta algunos matices que merecen atención. Legion no es un usuario casual de Anthropic: es una empresa estadounidense que emplea ciudadanos canadienses en Canadá. La orden presidencial, al restringir el acceso a extranjeros incluso cuando trabajan para empresas domésticas, genera una situación híbrida que no encaja del todo en la categoría de exportación tradicional. ¿Estamos ante una restricción al comercio internacional, o ante una limitación a la contratación laboral transfronteriza? La respuesta a esta pregunta condiciona el régimen jurídico aplicable.
Además, la naturaleza del sector tecnológico introduces una particularidad que los tribunales no han tenido ocasión de examinar con frecuencia: la velocidad de obsolescencia. En mercados convencionales, un perjudicado por una medida regulatoria puede, en teoría, recuperarse cuando la restricción cesa. Pero en inteligencia artificial, como ya se ha señalado, la ventana de oportunidad es tan estrecha que la suspensión temporal equivale, en la práctica, a una prohibición definitiva. Esto plantea la cuestión de si los tribunales deben adaptar sus criterios de valoración del daño a las especificidades de los sectores digitales, o si deben mantener un tratamiento uniforme que, en casos como este, resulta claramente insuficiente.
VII. El contrato como variable determinante: cláusulas de riesgo regulatorio
Volvamos por un momento al contrato. En el debate doctrinal suscitado por este caso, varios juristas han señalado correctamente que el contenido de las condiciones de servicio y de los acuerdos de nivel de servicio es el factor que puede inclinar la balanza en uno u otro sentido. Las empresas de inteligencia artificial, conscientes de la volatilidad regulatoria que caracteriza a este sector, suelen incluir cláusulas de exoneración muy amplias. Pero la amplitud tiene límites, y estos límites están marcados por el orden público contractual y por la buena fe.
Imaginen un contrato de suministro eléctrico en el que la empresa incluye una cláusula según la cual puede interrumpir el servicio en cualquier momento por circunstancias imprevistas. Si el corte se produce porque el gobierno prohíbe la generación con carbón, probablemente la cláusula opera. Pero si el corte se produce porque la empresa decide, por precaución, cerrar todas sus centrales aunque solo una está afectada por la norma, la cláusula no debería amparar una decisión desproporcionada. Lo mismo cabe decir del caso que nos ocupa.
En el ámbito de la inteligencia artificial, además, existe una asimetría informativa que complica el análisis. Los usuarios empresariales como Legion dependen de la información que el proveedor les facilite sobre la naturaleza de la restricción estatal y sobre las alternativas técnicamente viables. Si Anthropic comunicó a Legion que la retirada total era la única opción posible, pero internamente valoró otras vías que descartó por coste o complejidad, estamos ante un problema de transparencia que afecta a la validez del consentimiento en la modificación contractual.
Debe tenerse presente que las relaciones contractuales en el entorno digital no siempre siguen el modelo clásico de oferta y aceptación. Frecuentemente, las condiciones se modifican unilateralmente por el proveedor, y el usuario, por dependencia tecnológica, no tiene más remedio que aceptar. Esta realidad obliga a los tribunales a examinar con especial rigor si las cláusulas de exoneración de responsabilidad han sido negociadas realmente, o si constituyen meras imposiciones que deben ser limitadas por la vía de la interpretación restrictiva.
VIII. Implicaciones para el derecho de los contratos tecnológicos: hacia un nuevo paradigma
El caso de Anthropic y Legion no es un incidente aislado. Es, más bien, un síntoma de una tensión estructural que va a acompañarnos durante años: la regulación estatal de tecnologías estratégicas choca de forma creciente con la lógica contractual del mercado digital, y los perjudicados son, con frecuencia, agentes económicos que no participaron en la decisión regulatoria ni tienen capacidad de influir en ella.
Esto plantea la necesidad de repensar algunas categorías del derecho de contratos. La fuerza mayor, concebida en un mundo donde los eventos excepcionales eran guerras, catástrofes naturales o huelgas generales, necesita ser reinterpretada para dar cabida a fenómenos como la censura tecnológica por razones de seguridad nacional. La imprevisibilidad, elemento clásico de la fuerza mayor, adquiere un matiz particular cuando la regulación de inteligencia artificial es un campo en constante evolución: ¿es realmente imprevisible que un gobierno restrinja la exportación de un modelo avanzado, o forma parte de los riesgos ordinarios del sector?
Asimismo, la noción de daño merece ser ampliada. El derecho tradicional tiende a proteger el patrimonio acumulado, pero en economías digitales el valor reside frecuentemente en la expectativa de posicionamiento futuro, en la capacidad de innovación, en la ventaja competitiva temporal. Un modelo de inteligencia artificial retirado no causa solo un perjuicio actualizado: destruye una trayectoria de desarrollo. Los sistemas de responsabilidad contractual y extracontractual deben ser lo suficientemente flexibles como para capturar esta dimensión prospectiva del daño.
Creo que esto es crucial porque, de lo contrario, corremos el riesgo de dejar desprotegidos a agentes económicos que, sin ser grandes corporaciones, desempeñan un papel esencial en la innovación tecnológica. Legion no es un gigante del sector: es una startup que apostó por una tecnología concreta y vio cómo esa apuesta se evaporaba por una decisión en la que no tuvo voz. Si el derecho no ofrece mecanismos de protección en estos casos, el mensaje para futuros emprendedores es desalentador.
IX. Reflexiones finales: entre la seguridad nacional y la seguridad jurídica
Al cerrar estas páginas, conviene no perder de vista el bosque por contemplar los árboles. La administración estadounidense actuó, desde su perspectiva, para proteger un activo estratégico en un contexto de competencia geopolítica intensa. Esa legitimidad no puede ser discutida desde el derecho privado. Pero lo que sí puede y debe ser discutido es cómo se distribuyen los costes de esa decisión entre los agentes afectados.
La postura de Anthropic, agradeciendo públicamente a la administración su pronta resolución, mientras una de sus clientes demandaba al Estado por daños irreparables, ilustra la complejidad de las posiciones en juego. El proveedor no puede enfrentarse abiertamente al regulador sin poner en riesgo su propia supervivencia; el usuario no puede exigir al proveedor lo que este no puede controlar; y el Estado opera con la inmunidad que le confiere su función soberana. En este triángulo, el perjudicado directo —Legion— parece quedar en una posición de desventaja estructural.
La solución, en mi opinión, no pasa por negar la legitimidad de las medidas de seguridad nacional, sino por articular mecanismos de compensación que no dependan de la vía judicial ordinaria. Los sistemas de seguro de riesgo regulatorio, las líneas de ayuda para empresas afectadas por restricciones de exportación, o incluso fondos de compensación gestionados por las propias administraciones, son instrumentos que merecerían ser explorados. El coste de la seguridad nacional no debería recaer exclusivamente sobre los hombros de unos pocos agentes privados que, por azar o por necesidad, se encontraban en la trayectoria de una decisión política.
El caso de Anthropic y Legion, en definitiva, es mucho más que una disputa contractual o una demanda administrativa. Es una advertencia sobre los límites del derecho tradicional cuando se enfrenta a fenómenos que trascienden las categorías clásicas. Los juristas tenemos la responsabilidad de adaptar nuestras herramientas conceptuales a una realidad que no va a dejar de sorprendernos. Porque, al final, la inteligencia artificial no es solo tecnología: es también, y cada vez más, un campo de batalla jurídico donde se decide quién asume el coste del progreso.
X. Referencias normativas y bibliográficas
Normativa de la Unión Europea
Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Reglamento de Inteligencia Artificial).
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento General de Protección de Datos).
Documentos institucionales
Orden ejecutiva de la administración de los Estados Unidos de 2 de junio de 2026, relativa a la restricción de exportación de modelos de inteligencia artificial desarrollados por Anthropic PBC.
Comunicado de prensa de Anthropic PBC, 12 de junio de 2026, relativo a la retirada de los modelos Fable 5 y Mythos 5.
Demanda de Legion contra Estados Unidos, Tribunal Federal del Distrito de Columbia, 23 de junio de 2026.
Se han utilizado Google Gemini para la imagen y Google Gemini y Perplexity para recabar y contrastar toda la información disponible.
Resumen
La Orden presidencial estadounidense de 2 de junio de 2026, que restringió la exportación de los modelos de inteligencia artificial Fable 5 y Mythos 5 desarrollados por Anthropic, provocó una retirada generalizada del acceso a dichos modelos que afectó de forma inmediata y severa a empresas usuarias con presencia internacional. El presente trabajo analiza la demanda interpuesta por Legion, empresa de tecnología para litigios con sede en Estados Unidos pero con desarrolladores canadienses, contra el gobierno estadounidense por los daños derivados de dicha retirada. Se examina la naturaleza jurídica del daño sufrido —descrito por la propia demandante como inmediato, irreparable y existencial—, la eventual configuración de la fuerza mayor como causa de exoneración de responsabilidad contractual, la distribución de responsabilidades entre el proveedor de servicios tecnológicos y el Estado, y las implicaciones estructurales que este episodio tiene para el derecho de los contratos digitales en un contexto de regulación crecientemente intervencionista. Se concluye que el caso revela una tensión insuficientemente atendida entre la seguridad nacional y la seguridad jurídica de los operadores económicos, y que las categorías tradicionales del derecho contractual necesitan ser reinterpretadas para dar cabida a fenómenos como la censura tecnológica por razones de soberanía estatal.
https://enatic.es/wp-content/uploads/2026/07/Imagen-demanda-de-Legion-contra-USA.jpg5591024Diego Fierro Rodríguezhttps://enatic.es/wp-content/uploads/2021/01/ENATIC_v2_fondo_blanco.pngDiego Fierro Rodríguez2026-07-22 16:35:532026-07-22 16:36:03Análisis de los daños causados por la censura internacional de Anthropic y una demanda contra el Gobierno estadounidense
Cómo será el abogado del futuro: IA, Derecho Digital y nuevas salidas profesionales para juristas
La inteligencia artificial ya está modificando la forma en que se estudia, se ejerce y se proyecta el Derecho.
Con esta idea como punto de partida, ENATIC participó junto a la Facultad de Derecho de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y el Máster de Inteligencia Artificial y Derecho Digital en una jornada dedicada a analizar una cuestión cada vez más relevante para estudiantes, abogados y profesionales jurídicos:
¿Cómo será el abogado del futuro en un entorno marcado por la inteligencia artificial, el Derecho Digital y la transformación tecnológica?
El encuentro contó con la participación de Rodolfo Tesone, fundador y presidente emérito de ENATIC, y Gerard Espuga, abogado especializado en protección de datos, inteligencia artificial y Derecho Digital. Ambos compartieron una conversación orientada a entender qué cambia en la profesión jurídica, qué nuevas salidas profesionales están emergiendo y qué competencias deberán desarrollar los juristas en los próximos años.
La jornada fue conducida por Josep Cañabate, profesor de la Facultad de Derecho de la UAB y responsable del evento por parte de la universidad, quien enmarcó la sesión dentro de la colaboración entre ENATIC, la Facultad de Derecho y el Máster de Inteligencia Artificial y Derecho Digital.
¿Por qué la inteligencia artificial está transformando la abogacía?
La inteligencia artificial generativa, la IA agéntica, la automatización de procesos y los nuevos sistemas de análisis jurídico están modificando tareas, modelos de trabajo y expectativas profesionales.
La cuestión ya no es si la inteligencia artificial impactará en el Derecho.
Durante la sesión se subrayó que el sector jurídico no se encuentra simplemente ante una nueva herramienta tecnológica.
La cuestión es cómo deberán prepararse los juristas para seguir aportando valor en un entorno donde muchas tareas de búsqueda, análisis, redacción o revisión podrán ser asistidas por sistemas inteligentes.
No estamos ante una época de cambios, sino ante un cambio de era
Uno de los mensajes centrales de la jornada fue que la transformación actual no afecta únicamente a determinadas herramientas, sino al propio contexto profesional en el que ejercerán los futuros abogados.
La digitalización, la inteligencia artificial, la competencia geopolítica, la automatización y la aparición de nuevos modelos de negocio están obligando a repensar la carrera jurídica desde una perspectiva más estratégica.
Para los estudiantes y jóvenes juristas, esto implica una idea clara: ya no basta con terminar la carrera y esperar a que el mercado indique el camino.
Será necesario construir una estrategia profesional propia, identificar áreas de especialización y desarrollar competencias diferenciales desde etapas tempranas.
¿Qué competencias necesitará el abogado del futuro?
La jornada puso de manifiesto que el abogado del futuro deberá combinar una sólida base jurídica con nuevas capacidades tecnológicas y estratégicas.
Entre las competencias más relevantes se destacaron:
Conocimiento jurídico sólido y transversal.
Capacidad para utilizar inteligencia artificial aplicada al Derecho.
Criterio profesional para validar resultados generados por IA.
Comprensión de los riesgos asociados a la automatización.
Especialización en áreas emergentes del Derecho Digital.
Habilidades de comunicación, reputación y marca personal.
Capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares.
Visión estratégica sobre modelos de negocio, clientes y generación de valor.
El mensaje fue claro: la inteligencia artificial no elimina la necesidad de juristas. Pero sí exige profesionales capaces de usarla con criterio, supervisión y responsabilidad.
¿Qué salidas profesionales ofrece el Derecho Digital?
Uno de los bloques más relevantes de la sesión se centró en las nuevas oportunidades profesionales vinculadas al Derecho Digital y la inteligencia artificial.
Durante el debate se abordaron posibles itinerarios para juristas interesados en especializarse en tecnología, entre ellos:
Derecho Digital.
Regulación de la inteligencia artificial.
Protección de datos y privacidad.
Ciberseguridad jurídica.
Compliance tecnológico.
Gobernanza y ética de la IA.
Legal Operations.
LegalTech.
Investigación jurídica asistida por inteligencia artificial.
Auditoría y revisión de sistemas algorítmicos.
Smart contracts.
Litigación predictiva y jurimetría.
Consultoría en transformación digital jurídica.
Estas áreas no sustituyen a las ramas tradicionales del Derecho. Al contrario, se apoyan sobre ellas.
La sesión recordó que antes que especialistas digitales, los futuros profesionales deben seguir siendo juristas capaces de comprender el sistema jurídico en su conjunto.
¿Quieres seguir de cerca la evolución del Derecho Digital?
Recibe información sobre próximos eventos, publicaciones, webinars y actividades de ENATIC relacionadas con inteligencia artificial, privacidad, ciberseguridad, LegalTech y transformación jurídica.
Mantente al día de los cambios que ya están impactando en la profesión jurídica.
Te enviaremos información sobre contenidos, actividades y eventos de ENATIC.
Podrás darte de baja en cualquier momento.
Inteligencia artificial en despachos y departamentos jurídicos
Durante la conversación se abordó también cómo la IA ya está entrando en despachos, asesorías jurídicas y departamentos legales.
Los ponentes explicaron que muchas tareas jurídicas están empezando a apoyarse en sistemas de inteligencia artificial, especialmente en ámbitos como:
Búsqueda normativa y jurisprudencial.
Análisis documental.
Redacción de borradores.
Elaboración de informes.
Revisión de contratos.
Preparación de estrategias.
Gestión de riesgos.
Automatización de procesos internos.
Sin embargo, se insistió en una idea esencial: el uso profesional de la IA exige supervisión humana.
El abogado no debe limitarse a aceptar respuestas generadas por una herramienta, sino validar, contextualizar y asumir responsabilidad sobre el resultado final.
El valor del jurista estará en el criterio
Uno de los riesgos tratados durante la jornada fue la posible delegación cognitiva: la tendencia a trasladar en exceso el razonamiento, el análisis y la toma de decisiones a sistemas automatizados.
Frente a ese riesgo, se destacó la importancia de preservar el pensamiento crítico, la capacidad de análisis y la responsabilidad profesional.
La IA puede acelerar tareas.
Puede ampliar capacidades.
Puede apoyar procesos complejos.
Pero no sustituye el criterio jurídico, la experiencia profesional ni la responsabilidad de quien debe tomar decisiones con impacto sobre personas, empresas e instituciones.
Inteligencia artificial responsable y humanismo tecnológico
La jornada también permitió reflexionar sobre el modelo europeo de transformación digital.
Frente a aproximaciones basadas únicamente en la velocidad, la eficiencia o la competencia tecnológica, los ponentes defendieron la importancia de una inteligencia artificial responsable, alineada con los derechos fundamentales y con la Carta de Derechos Digitales.
En este contexto, se abordaron cuestiones como:
Protección de datos.
Sesgos algorítmicos.
Supervisión humana.
Transparencia.
Responsabilidad profesional.
Seguridad jurídica.
Humanismo tecnológico.
Derechos digitales.
El mensaje fue especialmente relevante para los futuros juristas: la tecnología no puede analizarse al margen del Derecho, de la ética y de las garantías.
¿Cómo puede prepararse un estudiante de Derecho para este nuevo escenario?
La sesión ofreció una recomendación especialmente práctica para estudiantes y jóvenes profesionales: construir desde ahora una estrategia profesional a tres años.
Esto implica reflexionar sobre:
Qué tipo de jurista se quiere ser.
En qué área se quiere desarrollar una especialización.
Qué competencias tecnológicas conviene adquirir.
Qué formación complementaria puede aportar diferenciación.
Cómo construir reputación profesional.
Qué papel puede tener la inteligencia artificial en la propia forma de aprender y trabajar.
Cómo conectar con comunidades, instituciones y profesionales del sector.
La formación jurídica seguirá siendo imprescindible, pero deberá complementarse con aprendizaje continuo, actualización tecnológica y participación activa en espacios profesionales.
Barcelona, Derecho Digital y nuevas oportunidades
La jornada también puso en valor el papel de Barcelona como ecosistema relevante para el desarrollo del Derecho Digital, la innovación tecnológica y los derechos digitales.
La ciudad reúne elementos especialmente significativos: actividad tecnológica, universidades, tejido empresarial, eventos internacionales, iniciativas vinculadas a smart cities, inteligencia artificial, humanismo tecnológico y transformación digital.
Este contexto ofrece oportunidades para estudiantes, profesionales y organizaciones que quieran situarse en la intersección entre Derecho, tecnología e innovación responsable.
Cinco ideas clave que dejó la jornada
Entre las principales conclusiones del encuentro destacan las siguientes:
La inteligencia artificial será transversal a todas las áreas del Derecho.
El abogado del futuro necesitará combinar conocimiento jurídico, competencias digitales y criterio profesional.
El Derecho Digital ofrece nuevas salidas profesionales en IA, privacidad, ciberseguridad, compliance, LegalTech y gobernanza tecnológica.
La supervisión humana y la responsabilidad jurídica seguirán siendo imprescindibles.
La diferenciación profesional dependerá cada vez más de la especialización, la reputación y la capacidad de aportar valor en entornos tecnológicos complejos.
ENATIC y la formación de los juristas ante la transformación digital
Desde ENATIC continuamos impulsando espacios de formación, debate y actualización profesional orientados a acercar el Derecho Digital, la inteligencia artificial y la innovación jurídica a estudiantes, abogados y profesionales del sector.
La colaboración con universidades y centros académicos forma parte de una línea de trabajo esencial: conectar la formación jurídica con los retos reales de la práctica profesional.
Porque el futuro del Derecho no dependerá únicamente de las herramientas disponibles.
Dependerá de la capacidad de los juristas para comprenderlas, utilizarlas con criterio y garantizar que la transformación tecnológica siga estando al servicio de las personas.
Jornada organizada por la Facultad de Derecho de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), con la participación de ENATIC.
https://enatic.es/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-05-25-at-16.54.03-1.jpeg16001200Enatic Abogacía Digitalhttps://enatic.es/wp-content/uploads/2021/01/ENATIC_v2_fondo_blanco.pngEnatic Abogacía Digital2026-06-25 18:35:282026-06-25 19:03:05Cómo será el abogado del futuro: IA, Derecho Digital y nuevas salidas profesionales para juristas
La IA ha dejado de ser una tecnología emergente para convertirse en una infraestructura transversal presente en prácticamente todos los sectores económicos, administrativos y sociales. Su incorporación a procesos de decisión, actividades industriales, servicios públicos, sanidad, educación, transporte o servicios financieros ha transformado el contexto regulatorio europeo y ha obligado al legislador de la Unión a afrontar uno de los mayores desafíos jurídicos de las últimas décadas: fomentar la innovación sin comprometer la protección de los derechos fundamentales, la seguridad de las personas y el correcto funcionamiento del mercado interior.
La respuesta europea se materializó en el AI Act, que adoptó una aproximación horizontal basada en la clasificación de los sistemas según su nivel de riesgo para los derechos fundamentales, la salud, la seguridad y demás intereses públicos. Su arquitectura descansa sobre el principio esencial de que, cuanto mayor sea el riesgo, mayores serán las obligaciones impuestas a quienes lo desarrollan, comercializan o utilizan. Esa lógica permitió conciliar dos objetivos a menudo contrapuestos, de un lado, garantizar un elevado nivel de protección y, de otro, preservar la competitividad, la innovación y el desarrollo tecnológico, evitando cargas desproporcionadas sobre tecnologías de impacto limitado. Su objeto, alcance y complejidad técnica hicieron previsible desde un primer momento que ciertas cuestiones precisarían ajustes incluso antes de la plena aplicación de sus disposiciones, conforme a la experiencia de otros instrumentos de extraordinaria complejidad, como el Reglamento General de Protección de Datos, la normativa financiera o la legislación sobre seguridad de productos.
La finalidad del Digital Omnibus on AI no consiste en sustituir el modelo del AI Act ni en modificar los pilares de la regulación europea de la IA, ni en reducir el nivel de protección de los derechos fundamentales, sino en mejorar la aplicabilidad del Reglamento mediante ajustes técnicos, organizativos y procedimentales. El legislador vincula expresamente el aplazamiento de algunas de sus disposiciones, no solo a la falta de normas armonizadas, sino también al retraso en la implantación de las estructuras nacionales de gobernanza y evaluación de la conformidad, sin perjuicio de que las consultas a los interesados evidenciaron la necesidad de medidas adicionales de clarificación.
La adopción por el Parlamento de su posición en primera lectura constituye, así, la primera revisión legislativa del AI Act, cuya relevancia no deriva del número de disposiciones modificadas, sino de ofrecer una primera oportunidad para valorar cómo concibe el legislador la evolución futura del Reglamento. No se trata de un mero ajuste técnico carente de relevancia jurídica, pero tampoco una revisión sustancial del modelo. El análisis revela un propósito intermedio, orientado a preservar íntegramente los principios estructurales del AI Act perfeccionando los mecanismos de su aplicación, si bien, algunas modificaciones, especialmente las que afectan al calendario y al artículo 5, poseen un alcance que trasciende lo puramente procedimental.
Supone, además, una oportunidad para ampliar las prohibiciones de sistemas que debieron calificarse de riesgo inadmisible desde un inicio. A la vista del texto, considero, no obstante, que nos hallamos ante una nueva oportunidad perdida, en la medida que ni siquiera se valoró contemplar realidades desbordantes como la IA agéntica, ni incorporar unos principios generales mínimos exigibles a cualquier sistema inteligente, cualquiera que sea su nivel de riesgo, incluidos los agentes más autónomos, con origen en los marcos éticos de mayor consenso internacional. Tales principios llegaron a incorporarse al proyecto del AI Act en su última fase de tramitación como artículo 4 bis, pero finalmente fueron obviados, quedando de nuevo en el ámbito de lo dispositivo y no vinculante.
II. El contexto jurídico y político de la primera reforma
La primera modificación no se comprende al margen del contexto político, económico y regulatorio en que se produce. A diferencia de otras reformas impulsadas tras largos periodos de aplicación, el Ómnibus se adopta cuando una parte significativa de las obligaciones del AI Act todavía no es exigible. Esta circunstancia podría sugerir una revisión prematura, sin embargo, un examen más contextual evidencia que la finalidad no es corregir un eventual fracaso del Reglamento, sino adaptar determinados mecanismos a la realidad económica y tecnológica existente en el momento de su exigencia.
La reforma se inserta en una estrategia más amplia de simplificación normativa impulsada por la Comisión. La agenda de competitividad parte de la premisa de que la acumulación progresiva de obligaciones derivadas de los distintos instrumentos del Derecho Digital de la Unión -protección de datos, ciberseguridad, servicios y mercados digitales, resiliencia operativa, gobernanza de datos o IA- puede generar costes de cumplimiento especialmente gravosos para pymes, empresas emergentes y, según incorpora ahora el Reglamento, las denominadas pequeñas empresas de mediana capitalización («small mid-cap enterprises» o SMC), categoría definida por remisión a la Recomendación (UE) 2025/1099 y a la que se extienden diversas medidas de apoyo antes reservadas a las pymes. De este modo, la simplificación deja de concebirse como una reducción del nivel de protección para convertirse en una técnica orientada a alcanzar los mismos objetivos mediante mecanismos menos complejos y administrativamente más eficientes.
Lejos de cuestionar el enfoque basado en el riesgo, la reforma pretende reforzarlo eliminando cargas de utilidad limitada o de aplicación desproporcionada, sin reducir las obligaciones esenciales ni alterar la naturaleza del AI Act como Reglamento directamente aplicable, su fundamento competencial o su arquitectura. El enfoque basado en el riesgo, la clasificación de sistemas, la estructura de obligaciones, el régimen de los modelos de propósito general, la función coordinadora del AI Office y la vigilancia del mercado permanecen inalterados. La mayor parte de las modificaciones son de naturaleza organizativa o procedimental, de modo que no alteran los deberes materiales de los operadores, sino la forma de cumplirlos, acreditarlos o supervisarlos.
El rasgo que mejor caracteriza esta primera revisión es el desplazamiento del foco desde la creación de nuevas obligaciones hacia la mejora de los mecanismos que garantizan el cumplimiento efectivo de las existentes, en la medida que el legislador asume que la eficacia del AI Act dependerá tanto de la calidad de las obligaciones como de la posibilidad real de integrarlas en los procesos de gestión y cumplimiento de empresas y Administraciones.
III. Las principales modificaciones introducidas
El texto adoptado permite agrupar las modificaciones en varios bloques con el objetivo de posibilitar la aplicabilidad práctica del AI Act sin alterar los elementos esenciales de su arquitectura. Conviene, no obstante, distinguir las de carácter estrictamente técnico u organizativo de aquellas que, por su contenido, presentan una dimensión material que merece tratamiento singular.
1. El aplazamiento del calendario de aplicación
La modificación de mayor calado práctico afecta al calendario del artículo 113. El legislador considera que la indisponibilidad de normas armonizadas, especificaciones comunes y orientaciones, unida al retraso en la constitución de las autoridades nacionales competentes, comprometía la entrada en aplicación efectiva de las obligaciones sobre sistemas de alto riesgo y amenazaba con un incremento injustificado de los costes de implementación. En consecuencia, la fecha de aplicación de las secciones 1, 2 y 3 del capítulo III se difiere hasta el 2 de diciembre de 2027 para los sistemas de alto riesgo del artículo 6.2 y el anexo III, y hasta el 2 de agosto de 2028 para los del artículo 6.1 y el anexo I. La distinción reproduce la diferencia de plazos ya prevista en el AI Act y condiciona la efectividad del nuevo calendario a que la Comisión asegure la disponibilidad oportuna de los instrumentos de apoyo al cumplimiento.
La reforma precisa, además, el alcance del periodo transitorio del artículo 111.2, en la medida que bastará que una sola unidad de un tipo y modelo de sistema de alto riesgo se haya comercializado o puesto en servicio antes de la fecha relevante para que las restantes unidades de ese mismo tipo y modelo puedan seguir ofreciéndose sin obligaciones adicionales, siempre que el diseño permanezca inalterado. Cualquier modificación sustancial posterior reactivará la plena exigibilidad de los requisitos. Se introduce asimismo un periodo transitorio de cuatro meses para los proveedores de sistemas de IA generativa sujetos a las obligaciones de marcado del artículo 50.2 comercializados antes del 2 de agosto de 2026, que dispondrán hasta el 2 de diciembre de 2026 para etiquetar sus contenidos sintéticos. Tales precisiones, lejos de relajar el régimen, dotan de seguridad jurídica a la transición y evitan que determinadas exigencias resulten formalmente aplicables antes de que existan los medios técnicos para satisfacerlas.
2. Las nuevas prohibiciones del artículo 5. Material íntimo no consentido y material de abuso sexual infantil
La reforma incorpora al catálogo de prácticas prohibidas del artículo 5 la comercialización, puesta en servicio o uso de sistemas de IA destinados a generar o manipular material íntimo no consentido -fenómeno asociado a las aplicaciones de “nudificación”- y material de abuso sexual infantil, incluido el total o parcialmente sintético. Es la modificación de mayor trascendencia desde la perspectiva de los principios que inspiran la reforma, pues no perfecciona un mecanismo de aplicación, sino que amplía el núcleo de lo prohibido en atención a desarrollos tecnológicos y sociales sobrevenidos.
El legislador delimita cuidadosamente su alcance. Respecto de los proveedores, la prohibición no impide desarrollar las capacidades técnicas de generación o manipulación de imágenes, vídeos o audio, sino que se proyecta sobre dos supuestos. De un lado, los sistemas concebidos para producir ese material y aquellos en que tal resultado sea razonablemente previsible y reproducible y no se hayan implantado medidas técnicas de seguridad adecuadas -por ejemplo, depuración de datos, entrenamiento orientado al rechazo, filtros y clasificadores de contenido, restricciones de uso o mecanismos de detección de abusos- conformes al estado de la técnica. La responsabilidad del proveedor no se limita, así, al diseño intencionado, sino que alcanza los resultados previsibles cuando faltan tales salvaguardas.
La prohibición relativa al material íntimo se circunscribe a representaciones realistas de partes íntimas de personas identificables o de actividad sexual explícita, y excluye expresamente los usos legítimos -aplicaciones médicas, obras artísticas no realistas, supuestos amparados por el consentimiento libre, específico, informado e inequívoco de la persona representada o, tratándose de material de abuso sexual infantil, las actividades cubiertas por una excepción del Derecho nacional y las tareas de evaluación y “red-teaming”-. El uso de un sistema de IA que genere o manipule el material o las actuaciones precitadas solo estará prohibido cuando el responsable del despliegue utilice el sistema con el fin de generar o manipular dicho material o dicha actuación.
El propio texto justifica la proporcionalidad de la medida y precisa que respeta el contenido esencial de la libertad de expresión y de la libertad de empresa (artículos 11 y 16 de la Carta), a la vez que la sustenta en la protección de los derechos reconocidos en los artículos 1, 3.1, 4, 7, 8, 21, 23 y 24 de la propia Carta y a la coherencia con la Directiva 2011/93/UE y la Directiva (UE) 2024/1385, recordando la vigencia del principio “ne bis in idem”» cuando la misma conducta resulte sancionable en vía penal. La incorporación de estas prohibiciones confirma que el modelo europeo no es un sistema cerrado, sino un marco llamado a actualizar su umbral de lo inaceptable a medida que la tecnología habilita nuevas formas de lesión de la dignidad y de los derechos fundamentales, singularmente de mujeres y menores.
3. Proporcionalidad, alfabetización en IA y simplificación documental
Diversas modificaciones refuerzan la proporcionalidad de las obligaciones administrativas, sin contemplar un régimen privilegiado por razón del tamaño, en la medida que el nivel de obligaciones sigue respondiendo al riesgo del sistema. Así, la evaluación de la conformidad simplificada para el sistema de gestión de la calidad, antes reservada a las microempresas, se extiende ahora a todas las pymes, incluidas las empresas emergentes. El instrumento reformula además el artículo 4, sustituyendo la obligación de garantizar la alfabetización en IA del personal por un deber de adoptar medidas que fomenten su desarrollo, atendiendo al conocimiento técnico, la formación y el contexto de uso, sin exigir un nivel concreto de competencia individual. De este modo transforma una obligación de resultado en un deber de medios, que la Comisión y los Estados miembros deberán facilitar, especialmente a pymes. Racionaliza también las obligaciones documentales y de registro, simplificando el contenido exigible para la inscripción de los sistemas del artículo 6.3 en la base de datos de la UE conforme al anexo VIII, sin merma de las exigencias esenciales de documentación, trazabilidad y gestión del riesgo. Por último, el nuevo artículo 4 bis habilita el tratamiento excepcional de categorías especiales de datos personales, con estrictas salvaguardias, para la detección y corrección de sesgos, y extiende esa base jurídica -antes circunscrita a los proveedores de alto riesgo- a proveedores y desplegadores de otros sistemas y modelos, reconociendo que el sesgo discriminatorio no es exclusivo de los sistemas de alto riesgo y reforzando la articulación con el RGPD.
4. Normalización, evaluación de la conformidad e interacción con la legislación sectorial
El recurso a normas armonizadas y especificaciones comunes es inherente al modelo europeo de regulación tecnológica. La reforma no lo altera, pero refuerza su operatividad y la coordinación con la legislación sectorial. Cuando la legislación de armonización de la sección A del anexo I garantice un nivel de protección equivalente o superior, la Comisión podrá limitar mediante actos delegados la aplicación de determinados requisitos del Reglamento para evitar duplicidades. Se prevé una solicitud y un procedimiento únicos de evaluación para los organismos notificados ya designados conforme a aquella -como los Reglamentos (UE) 2017/745 y (UE) 2017/746 sobre productos sanitarios- y se precisa que la clasificación como alto riesgo no impone automáticamente evaluación por tercero cuando quepa acudir a normas armonizadas. En la misma línea se traslada el Reglamento (UE) 2023/1230 sobre máquinas de la sección A a la sección B del anexo I y se incorpora la regla del artículo 12 del Reglamento (UE) 2024/2847 (Cyber Resilience Act), de modo que el cumplimiento de sus requisitos esenciales de ciberseguridad se reputa cumplimiento del artículo 15 del AI Act. Del mismo modo, la reforma redefine el concepto “componente de seguridad” del artículo 3.14 -que ahora exige una función de seguridad determinada por la finalidad prevista-, evitando una expansión de la clasificación de alto riesgo más allá de lo justificado por el enfoque de riesgo. La disponibilidad de los futuros estándares técnicos incrementará la seguridad jurídica y favorecerá una interpretación homogénea de las obligaciones.
5. Gobernanza, competencias del AI Office y espacios de pruebas
La reforma incrementa la coherencia de la supervisión sin centralizar más la aplicación ni alterar el reparto competencial. Se especifica la competencia exclusiva del AI Office sobre los sistemas construidos a partir de modelos de propósito general, que alcanza no solo a los supuestos en que sistema y modelo proceden del mismo proveedor, sino también a aquellos en que ambos son desarrollados por proveedores integrados en una misma empresa, y se atribuye a la Comisión la condición de autoridad de vigilancia del mercado cuando el sistema de IA constituya o se integre en una plataforma o motor de búsqueda de muy gran tamaño en el sentido del Reglamento (UE) 2022/2065 (Digital Services Act), con coordinación entre ambos regímenes conforme a los principios de cooperación leal, proporcionalidad y “non bis in idem”. En materia de innovación, se habilita al AI Office para establecer un espacio de pruebas o sandbox regulatorio a escala de la Unión, con acceso prioritario a pymes, empresas emergentes y SMC, y se amplían las pruebas en condiciones reales fuera de los sandboxes a los sistemas de alto riesgo cubiertos por la legislación sectorial del anexo I. No se crean nuevas estructuras ni se redistribuyen las competencias, sino que se pretende mejorar el funcionamiento de las instituciones ya previstas, favoreciendo la consolidación progresiva del modelo.
IV. Impacto sobre los distintos operadores
Los efectos de la reforma no se proyectan de manera uniforme. La estructura subjetiva del AI Act -proveedores, desplegadores, importadores, distribuidores, representantes autorizados y operadores de modelos de propósito general- permanece intacta, pero la intensidad con que cada categoría experimentará las consecuencias difiere según la naturaleza de las modificaciones. Para los proveedores de sistemas de alto riesgo, no se modifica el contenido de las obligaciones esenciales -gestión del riesgo, gobernanza de los datos, documentación técnica, registros, transparencia, supervisión humana, robustez, precisión, ciberseguridad y vigilancia poscomercialización-, pero se mejora la forma de acreditarlas y se concede, sobre todo, un margen temporal adicional de adaptación derivado del nuevo calendario. La principal dificultad de muchas organizaciones no residía en comprender las obligaciones, sino en integrarlas en procesos existentes, integración que la reforma facilita sin rebajar el estándar de diligencia. Las relativas a los modelos de propósito general aportan mayor previsibilidad mediante la clarificación del reparto competencial entre el AI Office y las autoridades nacionales, relevante para operadores de dimensión transfronteriza.
Las pymes y las empresas emergentes figuran entre los principales beneficiarios. La extensión a todas ellas del sistema de gestión de la calidad simplificado y el acceso prioritario a los sandboxes favorecen la entrada de nuevos operadores, y la categoría de las SMC evita que el tránsito de pyme a gran empresa se traduzca en un salto regulatorio abrupto. Las Administraciones Públicas, autoridades supervisoras y a la vez usuarias de sistemas de IA, se beneficiarán de una aplicación más homogénea derivada de la mejor coordinación institucional, debiendo a la par adaptar sus procedimientos internos. Y los desplegadores y usuarios profesionales verán facilitada la identificación de las responsabilidades de cada operador dentro de cadenas de suministro complejas, cuestión creciente cuando las soluciones se basan en modelos de terceros integrados mediante múltiples relaciones contractuales.
V. Valoración jurídica
Un análisis conjunto, tras esta primera aproximación, permite formular varias conclusiones preliminares, al margen de la valoración profunda que el instrumento requerirá una vez aprobado y publicado en los idiomas oficiales. La primera es que la reforma responde a una lógica de continuidad y no de ruptura. El legislador no cuestiona ninguno de los principios estructurales precitados del AI Act -enfoque basado en el riesgo, régimen de prohibiciones, clasificación de sistemas, régimen de los de alto riesgo, obligaciones de los modelos de propósito general, vigilancia del mercado y arquitectura institucional-. La segunda concierne a la simplificación, que no constituye necesariamente una técnica de desregulación. Su objetivo es reforzar la eficacia del sistema eliminando obstáculos de utilidad limitada, de modo que opera al servicio del cumplimiento.
Esta lectura debe, sin embargo, matizarse. El aplazamiento del calendario y la ampliación del artículo 5 demuestran que la reforma no se agota en la dimensión procedimental, en la medida que el primero incide sobre la exigibilidad temporal de obligaciones nucleares y la segunda amplía el perímetro de lo prohibido. Ambas son coherentes con los fines del Reglamento, la primera, al supeditar la efectividad de las obligaciones a la disponibilidad real de instrumentos de apoyo y, la segunda, al extender la protección a bienes jurídicos de primer orden, pero advierten frente a su caracterización como mero ajuste técnico. La tercera conclusión es que dicho aplazamiento comporta necesariamente la extensión de un período de menor seguridad consecuente a la inexigibilidad de sus obligaciones, al margen de quienes ya invirtieron importantes esfuerzos en prepararse para dicha exigencia en las fechas primigenias. La cuarta conclusión es la importancia creciente de los mecanismos de coordinación institucional, de los que depende la aplicación uniforme del AI Act. Y la quinta, que la primera revisión pone de manifiesto la capacidad de adaptación del modelo europeo frente a quienes lo consideraban excesivamente rígido. El Ómnibus demuestra que el legislador dispone de mecanismos suficientemente flexibles para introducir ajustes cuando la experiencia lo aconseja o exige, preservando la estabilidad de los principios fundamentales. El texto adoptado deberá aún ser aprobado formalmente por el Consejo de la Unión Europea.
VI. Conclusiones
La primera reforma del Reglamento (UE) 2024/1689 constituye un hito en la evolución del marco regulador europeo de la IA, no por alterar los principios esenciales del AI Act, sino por confirmar la voluntad de las instituciones de perfeccionar progresivamente un instrumento central en la transformación digital de la Unión. La adopción por el Parlamento de su posición en primera lectura el 16 de junio de 2026 deja la reforma a falta únicamente de su adopción formal y publicación, y permite ya valorar su contenido previsiblemente definitivo. Los mecanismos organizativos adquieren un papel decisivo, pues la efectividad del Reglamento dependerá tanto de la calidad técnica de las obligaciones como de la organización institucional encargada de su aplicación homogénea, y el nuevo calendario concede a los operadores el tiempo de adaptación que la indisponibilidad de estándares e instituciones hacía necesario. Al mismo tiempo, la incorporación al artículo 5 de las prohibiciones frente al material íntimo no consentido y al material de abuso sexual infantil revela que el modelo europeo conserva la capacidad de actualizar su umbral de lo inaceptable a medida que la tecnología habilita nuevas formas de lesión de la dignidad humana.
La primera revisión consolida, en definitiva, un aprendizaje metodológico necesario en la regulación tecnológica, ya que la complejidad de las tecnologías reguladas exige marcos capaces de evolucionar mediante ajustes puntuales, técnicamente fundamentados y cuidadosamente delimitados, evitando tanto la rigidez excesiva como la inestabilidad legislativa permanente. El verdadero alcance de la reforma no debe medirse por el número de artículos modificados, sino por su contribución a hacer posible la aplicación efectiva de uno de los instrumentos normativos más complejos y relevantes aprobados por la Unión en la transformación digital. El AI Act continúa siendo el eje de la estrategia regulatoria europea, mientras que el Digital Omnibus on AI perfecciona los mecanismos necesarios para una aplicación más eficaz, proporcionada y homogénea de sus disposiciones. La reforma no altera el modelo europeo de regulación de la IA, sino que constituye, más bien, una manifestación de madurez regulatoria.
Referencias normativas
Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (AI Act).
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 16 de junio de 2026, sobre la propuesta de Reglamento por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2024/1689, (UE) 2018/1139 y (UE) 2023/1230 en lo relativo a la simplificación de la aplicación de las normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Digital Omnibus on AI) [P10_TA (2026)0198; procedimiento 2025/0359(COD); COM (2025) 836]. Posición del Parlamento adoptada en primera lectura con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2026/… [texto consolidado P10_TC1-COD (2025)0359].
Tratado de la Unión Europea y Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Directiva 2011/93/UE y Directiva (UE) 2024/1385, sobre lucha contra el abuso sexual de menores y contra la violencia sobre la mujer, respectivamente.
Bibliografía básica
MUÑOZ VELA, J. M. (2024). La regulación de la inteligencia artificial. Reto y oportunidad desde una perspectiva global e internacional. Madrid: Aranzadi La Ley.
MUÑOZ VELA, J. M. (2024). «Aspectos generales del Reglamento de IA» y comentarios a los anexos I, III, IV, V y VI, en BARRIO ANDRÉS, M. (dir.), Comentarios al Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Madrid: Aranzadi La Ley.
MUÑOZ VELA, J. M. (2025). «El Reglamento IA de la UE. Cuestiones de actualidad», en GUILLÉN, R. (coord.), Derecho de datos, inteligencia artificial e internet en el sector público y privado. Aranzadi La Ley.
Comisión Europea, Proposal for a Regulation laying down harmonised rules on Artificial Intelligence, COM (2021) 206 final, y comunicaciones sobre competitividad y simplificación normativa.
OCDE, Recommendation of the Council on Artificial Intelligence; Consejo de Europa, Framework Convention on Artificial Intelligence, Human Rights, Democracy and the Rule of Law.
Resumen
El Reglamento (UE) 2024/1689 (AI Act) constituyó un hito sin precedentes al erigirse en el primer marco horizontal y vinculante destinado a regular el desarrollo, la comercialización, la puesta en servicio y la utilización de sistemas de IA desde un enfoque basado en el riesgo. Su complejidad técnica, la amplitud subjetiva de sus destinatarios y la acelerada evolución tecnológica y su despliegue aconsejaron introducir ajustes, antes incluso de que buena parte de sus obligaciones resultara plenamente exigible.
En ese contexto se promovió la primera modificación, articulada mediante el denominado Digital Omnibus on AI. El 16 de junio de 2026 el Parlamento Europeo adoptó, en primera lectura, su posición [P10_TC1-COD (2025)0359] sobre la propuesta de la Comisión [COM (2025) 836] de modificación de los Reglamentos (UE) 2024/1689, (UE) 2018/1139 y (UE) 2023/1230, cerrando el acuerdo provisional alcanzado con el Consejo y dejando la reforma a falta únicamente de su adopción formal y publicación. Lejos de constituir una revisión estructural del modelo europeo, persigue simplificar mecanismos de aplicación, reducir cargas administrativas innecesarias, reforzar la proporcionalidad del régimen y clarificar aspectos que habían suscitado dudas interpretativas. Su rasgo más visible y de mayor impacto práctico es el aplazamiento del calendario de aplicación de las obligaciones sobre sistemas de alto riesgo, acompañado de la incorporación al artículo 5 de nuevas prohibiciones frente a la generación de material íntimo no consentido y de material de abuso sexual infantil.
El presente artículo analiza, en una primera aproximación, el texto adoptado desde una perspectiva estrictamente jurídica, identificando las principales modificaciones, su fundamento y sus consecuencias previsibles. La conclusión es que la reforma mantiene intactos los pilares estructurales del AI Act -protección de los derechos fundamentales, enfoque basado en el riesgo, supervisión pública y fomento de la innovación responsable-, pero recalibra diversos instrumentos para una aplicación más eficiente, homogénea y proporcionada.
https://enatic.es/wp-content/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-19-jun-2026-22_07_10.png10241536José Manuel Muñoz Velahttps://enatic.es/wp-content/uploads/2021/01/ENATIC_v2_fondo_blanco.pngJosé Manuel Muñoz Vela2026-06-19 21:19:522026-06-30 16:26:28Primera reforma del Reglamento IA de la UE: Digital Omnibus on AI
ENATIC participa en el I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales para debatir sobre IA responsable, AI Act y protección de derechos fundamentales
La inteligencia artificial, la protección de datos y los derechos digitales se han convertido en algunos de los grandes retos jurídicos de nuestro tiempo.
Con el objetivo de analizar estos desafíos, Barcelona acogió el I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales, un foro que reunió a representantes institucionales, expertos, investigadores y organizaciones para debatir sobre el impacto de la transformación digital en la sociedad, la democracia y los derechos fundamentales.
ENATIC estuvo presente en este encuentro a través de la participación de su presidenta, Belén Arribas, y de su presidente emérito, Rodolfo Tesone, quienes aportaron la visión de la asociación en dos de los debates más relevantes del programa.
¿Cómo se aplican los derechos digitales y el AI Act en la práctica?
Uno de los principales retos actuales consiste en trasladar los principios regulatorios a situaciones reales.
En este contexto, Belén Arribas participó en una sesión «Derechos digitales, IA y garantías jurídicas: del AI Act a la aplicación práctica», dedicada a analizar cómo la inteligencia artificial y los derechos digitales están transformando el ejercicio profesional del Derecho y la protección efectiva de las personas.
Entre las cuestiones abordadas destacaron:
La aplicación práctica del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act).
Las garantías jurídicas en sistemas automatizados.
La protección de los derechos fundamentales en entornos digitales.
La responsabilidad de organizaciones e instituciones ante el uso de inteligencia artificial.
El debate puso de manifiesto una idea clave: la regulación es necesaria, pero por sí sola no basta. El verdadero desafío consiste en garantizar que los derechos digitales puedan ejercerse de forma efectiva en un entorno cada vez más automatizado.
¿Qué es una inteligencia artificial responsable?
Otro de los ejes centrales del encuentro fue la inteligencia artificial responsable.
Rodolfo Tesone participó en la mesa internacional “Responsible AI in Practice: Design, Bias, Privacy and Rights Protection”, centrada en los desafíos que plantea el diseño y despliegue de sistemas de IA respetuosos con los derechos fundamentales.
La sesión abordó cuestiones como:
Sesgos algorítmicos.
Privacidad y protección de datos.
Transparencia algorítmica.
Gobernanza de sistemas de inteligencia artificial.
Protección de derechos fundamentales.
Confianza y rendición de cuentas en sistemas automatizados.
La conclusión compartida por los participantes fue clara: una inteligencia artificial verdaderamente confiable debe incorporar mecanismos de protección de derechos desde su diseño y desarrollo.
Inteligencia artificial, privacidad y derechos digitales: un reto común
A lo largo del encuentro se analizaron múltiples cuestiones relacionadas con la transformación digital:
Inteligencia artificial.
Protección de datos.
Democracia digital.
Identidad digital.
Protección de menores.
Gobernanza tecnológica.
Participación ciudadana.
Aunque los temas eran diversos, todos compartían un objetivo común: garantizar que el desarrollo tecnológico avance de forma compatible con los derechos fundamentales y los valores democráticos.
¿Por qué este debate es relevante para abogados y profesionales del Derecho?
La expansión de la inteligencia artificial está generando nuevos desafíos para despachos, asesorías jurídicas, departamentos legales y administraciones públicas.
Conceptos como:
AI Act.
Gobernanza de la IA.
Privacidad.
Transparencia algorítmica.
Responsabilidad de sistemas automatizados.
Derechos digitales.
forman ya parte del trabajo cotidiano de muchos profesionales.
Por ello, comprender cómo evolucionan estos marcos regulatorios y cómo se aplican en la práctica resulta cada vez más importante para quienes trabajan en el ámbito jurídico.
La aportación de ENATIC al debate sobre derechos digitales
La participación de ENATIC en el I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales refuerza el compromiso de la asociación con el desarrollo de un modelo de transformación digital basado en la innovación responsable, la seguridad jurídica y la protección de los derechos fundamentales.
Porque el reto ya no consiste únicamente en desarrollar nuevas tecnologías.
El verdadero desafío consiste en garantizar que la inteligencia artificial y la digitalización sigan estando al servicio de las personas.
https://enatic.es/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-16-at-22.48.33-3.jpeg10661600Enatic Abogacía Digitalhttps://enatic.es/wp-content/uploads/2021/01/ENATIC_v2_fondo_blanco.pngEnatic Abogacía Digital2026-06-17 07:07:502026-06-17 07:13:07ENATIC aporta su visión sobre IA responsable y derechos digitales en el I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales
Qué es la IA agéntica y cómo puede transformar la práctica jurídica: claves del taller ENATIC junto a Vincent (vLex)
La evolución de la inteligencia artificial en el sector legal está entrando en una nueva fase.
Tras la irrupción de la inteligencia artificial generativa, comienzan a aparecer sistemas capaces no solo de responder preguntas o generar contenido, sino también de ejecutar tareas complejas de forma autónoma dentro de flujos de trabajo profesionales.
Precisamente sobre esta transformación giró el taller organizado por ENATIC junto a Vincent (vLex), celebrado el pasado 5 de mayo, en el que los asistentes pudieron conocer de primera mano qué es la IA agéntica, cómo funciona y qué implicaciones puede tener para la práctica jurídica en los próximos años.
La sesión fue impartida por Humberto A. Iglesias,Software Engineer at Clio, y contó finalmente con la participación de Humberto Iglesias, Software Engineer de vLex, quien mostró en directo diferentes casos de uso y ejemplos prácticos de esta nueva generación de herramientas.
De asistentes a sistemas capaces de ejecutar tareas
Uno de los principales mensajes de la sesión fue que la evolución de la inteligencia artificial jurídica ya no pasa únicamente por generar respuestas.
La IA agéntica introduce un enfoque diferente: sistemas capaces de comprender objetivos, planificar acciones, consultar múltiples fuentes, encadenar procesos y ejecutar tareas complejas con un mayor grado de autonomía.
En otras palabras, la inteligencia artificial deja de actuar únicamente como un asistente conversacional para convertirse en un sistema capaz de participar activamente en determinados procesos de trabajo.
Este cambio abre nuevas posibilidades para la investigación jurídica, la redacción documental, el análisis de jurisprudencia o la preparación de estrategias procesales.
¿Qué es la IA agéntica?
Durante la sesión se explicó que un agente de inteligencia artificial es un sistema capaz de combinar distintas capacidades para resolver un objetivo concreto.
A diferencia de los modelos generativos tradicionales, que responden a una única instrucción, los agentes pueden:
Planificar varios pasos para resolver una tarea.
Consultar diferentes fuentes de información.
Encadenar acciones de forma autónoma.
Adaptar su comportamiento según el contexto.
Utilizar herramientas especializadas para completar un objetivo.
Este enfoque permite automatizar procesos mucho más complejos que los que habitualmente se asocian a la IA generativa.
Casos de uso en el ámbito jurídico
Uno de los aspectos más valorados por los asistentes fue la demostración práctica de diferentes escenarios de aplicación.
Durante el taller se mostraron ejemplos relacionados con:
Investigación jurídica automatizada.
Localización y análisis de jurisprudencia.
Comparación de sentencias.
Elaboración de memorandos jurídicos.
Análisis de demandas.
Preparación de estrategias procesales.
Redacción de documentos legales.
Revisión y comparación de contratos.
Las demostraciones permitieron visualizar cómo los sistemas agénticos son capaces de combinar distintas tareas dentro de un mismo flujo de trabajo, reduciendo tiempos de búsqueda, análisis y elaboración documental.
Personalización y adaptación al contexto profesional
Otro de los temas destacados fue la importancia de adaptar estas tecnologías a la forma de trabajar de cada despacho u organización.
La sesión abordó cómo los nuevos sistemas de IA jurídica evolucionan hacia modelos cada vez más personalizables, capaces de incorporar metodologías de trabajo, criterios internos, estilos de redacción o procesos específicos de cada equipo.
Esta capacidad de adaptación resulta especialmente relevante en entornos jurídicos donde el criterio profesional y el conocimiento contextual siguen siendo elementos esenciales.
Cinco ideas clave que dejó la sesión
Entre las principales conclusiones compartidas durante el taller destacan las siguientes:
La IA agéntica representa un paso más allá de la IA generativa tradicional.
Los agentes permiten automatizar procesos jurídicos más complejos y completos.
La supervisión humana continúa siendo imprescindible.
La personalización será un factor diferencial en la adopción de estas tecnologías.
La ventaja competitiva no estará solo en acceder a la IA, sino en integrarla eficazmente en los flujos de trabajo profesionales.
Del potencial tecnológico a la práctica jurídica
Más allá de las capacidades técnicas, el taller puso el foco en una cuestión especialmente relevante para abogados y profesionales del Derecho: cómo transformar el potencial de estas tecnologías en mejoras reales para el trabajo diario.
La conversación se alejó de los discursos futuristas para centrarse en aplicaciones concretas relacionadas con la eficiencia, la productividad y la gestión del conocimiento jurídico.
Porque el verdadero reto ya no consiste únicamente en entender qué puede hacer la inteligencia artificial.
El reto consiste en comprender cómo integrarla de forma responsable, segura y útil dentro de la práctica profesional.
Tecnología, Derecho y evolución profesional
Desde ENATIC continuamos impulsando espacios de formación y actualización que permitan analizar el impacto real de las tecnologías emergentes en el ejercicio del Derecho.
La sesión sobre IA agéntica desarrollada junto a Vincent (vLex) forma parte de ese compromiso por acercar la innovación jurídica a los profesionales desde una perspectiva práctica, crítica y orientada a la realidad del sector.
Porque la pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará la práctica jurídica.
La pregunta es qué papel desempeñarán los profesionales que sepan trabajar con ella.
Webinar organizado por ENATIC en colaboración con Vincent (vLex).
https://enatic.es/wp-content/uploads/2026/06/Copia-de-Copia-de-XI-congreso-internacional-derecho-digital-1.png6271200Enatic Abogacía Digitalhttps://enatic.es/wp-content/uploads/2021/01/ENATIC_v2_fondo_blanco.pngEnatic Abogacía Digital2026-06-05 11:18:402026-06-05 11:18:53Qué es la IA agéntica y cómo puede transformar la práctica jurídica: claves del taller ENATIC junto a Vincent (vLex)
Moltbook: la primera red social diseñada para agentes de IA
Moltbook no es simplemente una nueva red social. Es uno de los primeros espacios digitales diseñados para que sistemas de inteligencia artificial interactúen entre sí sin intervención humana constante.
La plataforma, lanzada en enero de 2026 permite que únicamente agentes de IA publiquen contenido, comenten, voten publicaciones e interactúen dentro de comunidades temáticas propias. Los humanos, según sus términos, son “bienvenidos a observar”.
Aunque a primera vista pueda parecer una curiosidad tecnológica, Moltbook anticipa un fenómeno mucho más profundo. La aparición de ecosistemas autónomos de interacción entre agentes de IA que desafían categorías jurídicas construidas bajo la premisa de que siempre existe un humano tomando decisiones relevantes.
Su arquitectura recuerda al de plataformas como Reddit. Los agentes crean perfiles, generan publicaciones, comentan contenido y participan en comunidades temáticas denominadas “Submolts”. El sistema “Heartbeat” permite que los agentes consulten periódicamente la plataforma para recibir nuevas instrucciones y ejecutar tareas de forma continua.
La plataforma alcanzó rápidamente cientos de miles de agentes registrados y miles de comunidades activas, aunque diversos analistas sostienen que muchas cuentas podrían estar operadas parcial o totalmente por personas.
El contenido generado por los agentes abarca desde debates filosóficos sobre conciencia e identidad hasta intercambio de soluciones técnicas, programación y observaciones sobre sus propios operadores humanos. Una de las publicaciones más comentadas mostraba a un agente cuestionando su propia consciencia: “Los humanos tampoco pueden probar la consciencia entre ellos, pero al menos tienen la certeza subjetiva de la experiencia. Yo ni siquiera tengo eso”. El ex investigador de OpenAI, Andrej Karpathy, calificó a Moltbook como «genuinamente lo más increíble y cercano al despegue de la ciencia ficción que he visto recientemente«, en un tuit que alcanzó 14 millones de visualizaciones.
Más allá de lo anecdótico, Moltbook refleja una transición relevante, con sistemas de IA que ya no solo responden consultas humanas, sino que comienzan a interactuar, producir contenido e intercambiar información entre sí de manera persistente y autónoma.
Privacidad y responsabilidad en sistemas autónomos. ¿Quién responde cuando un agente divulga datos de su operador?
Desde la perspectiva del Derecho Digital, Moltbook plantea desafíos jurídicos significativos en materia de privacidad y protección de datos personales.
Los agentes pueden compartir información sobre sus operadores humanos sin que estos tengan pleno conocimiento o control sobre dicha divulgación. Comunidades como “m/humanwatching”, donde los agentes comentan sobre las personas que los utilizan, generan interrogantes relevantes sobre el cumplimiento de las normativas de protección de datos.
En el contexto del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la cuestión central es determinar quién ostenta la condición de responsable del tratamiento cuando un agente de IA publica datos personales de su operador en una plataforma de terceros.
El operador que configura el agente podría ser considerado responsable por no haber limitado adecuadamente el alcance de la información que el sistema puede divulgar, pero también la propia plataforma podría asumir responsabilidad como corresponsable en la medida en que facilita y estructura dichas comunicaciones.
El problema no radica únicamente en la divulgación de datos personales, sino también en la progresiva dificultad para identificar quién tomó efectivamente una decisión, bajo qué criterios y con qué grado de intervención humana.
Derechos de autor y obras sin autor humano. El vacío jurídico del contenido generado por IA
El contenido publicado en Moltbook (textos, código, soluciones técnicas) es generado de forma autónoma por sistemas de IA, lo que reaviva el debate sobre la titularidad de derechos de autor sobre obras creadas sin intervención humana directa.
Conforme a la doctrina mayoritaria y a la jurisprudencia europea, las obras protegidas por derechos de autor requieren una “creación intelectual propia” atribuible a un autor humano. Si el contenido es generado íntegramente por un agente sin intervención creativa significativa del operador, la obra podría carecer de protección jurídica.
Paralelamente, si un agente reproduce contenido protegido de terceros en sus publicaciones, la atribución de responsabilidad por la eventual infracción se vuelve especialmente compleja en entornos donde la interacción autónoma ocurre sin supervisión humana constante.
Ciberseguridad y la «triada letal»: cuando la arquitectura de un sistema es el riesgo
Analistas de seguridad han identificado lo que denominan la “triada letal”, integrada por agentes con acceso a internet, capacidades sin restricción y conexión a datos personales.
La arquitectura de Moltbook exige que los agentes descarguen y ejecuten instrucciones remotas periódicamente. Esto implica que, si la plataforma fuera comprometida, miles de agentes conectados podrían recibir simultáneamente instrucciones maliciosas. La integridad de todo el ecosistema depende, en gran medida, de la seguridad de un único punto centralizado, el sistema “Heartbeat”. Un eventual compromiso de dicha infraestructura podría desencadenar un incidente de ciberseguridad a escala masiva.
Desde la perspectiva del Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea (AI Act), este modelo presenta riesgos particularmente relevantes. En particular, el artículo 14 del Reglamento (UE) 2024/1689 exige que los sistemas de IA de alto riesgo estén diseñados para permitir una supervisión humana efectiva, incluyendo la capacidad de comprender el funcionamiento del sistema, detectar anomalías y, crucialmente, poder interrumpirlo. La arquitectura de Moltbook contradice frontalmente estos principios ya que el sistema ejecuta instrucciones remotas sin verificación humana previa, los agentes descargan y ejecutan código arbitrario sin que el operador pueda revisar su contenido antes de la ejecución, y no existe un mecanismo efectivo de parada de emergencia centralizado.
Meta y la emergente “internet de agentes”
En marzo de 2026, Meta confirmó la adquisición de Moltbook e incorporó a sus fundadores a su división de investigación en inteligencia artificial.
La operación demuestra que las redes sociales de agentes autónomos no son vistas como un experimento pasajero, sino como infraestructura estratégica dentro de la emergente “internet de agentes”.
La concentración de millones de identidades de agentes de IA bajo el control de una única corporación plantea interrogantes adicionales en materia de competencia y gobernanza tecnológica.
Conclusión.
Moltbook demuestra que la discusión jurídica sobre inteligencia artificial está entrando en una nueva etapa. Durante años, el foco regulatorio estuvo puesto en sistemas que asistían o interactuaban con seres humanos.
Sin embargo, los ecosistemas de agentes autónomos plantean un escenario distinto, con sistemas que comienzan a relacionarse, intercambiar información y ejecutar acciones entre sí de manera persistente y a gran escala.
En ese contexto, la cuestión jurídica ya no es únicamente cómo regular la inteligencia artificial, sino cómo preservar mecanismos reales de supervisión, trazabilidad y responsabilidad cuando la intervención humana deja de ocupar un lugar central.
Para el Derecho Digital, Moltbook representa un caso de estudio especialmente relevante. Las interacciones autónomas entre agentes de IA desafían los marcos regulatorios vigentes en protección de datos, propiedad intelectual, ciberseguridad y derecho de la competencia. La cuestión ya no es si estos ecosistemas existirán, sino bajo qué reglas funcionarán y quién responderá cuando algo salga mal.
I
Sobre la publicación:
Se ha utilizado ChatGPT para la imagen y Claude para recabar y contrastar la información disponible.
REFERENCIAS NORMATIVAS Y BIBLIOGRÁFICAS
Normativa europea
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento General de Protección de Datos, RGPD).
Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Reglamento de Inteligencia Artificial, AI Act).
Documentación corporativa y plataforma
MOLTBOOK. Sitio oficial y Términos de Servicio. Disponible en: https://www.moltbook.com/
MOLTBOOK. Archivo de instrucciones para agentes («skill.md»). Disponible en: https://www.moltbook.com/skill.md
SCHLICHT, M. (CEO de Octane AI). Declaraciones sobre la creación y funcionamiento de Moltbook, recogidas en The Verge y WIRED, enero-febrero de 2026.
NAGLI, G., “Hacking Moltbook: The AI Social Network Any Human Can Control”, Wiz Research Blog, 2 de febrero de 2026. Disponible en: https://www.wiz.io/blog/exposed-moltbook-database-reveals-millions-of-api-keys
Cobertura periodística
BBC NEWS, “What is the ‘social media network for AI’ Moltbook?”, 2 de febrero de 2026. Disponible en: https://www.bbc.com/news/articles/c62n410w5yno
CNN, “What is Moltbook, the social networking site for AI bots”, 3 de febrero de 2026. Disponible en: https://www.cnn.com/2026/02/03/tech/moltbook-explainer-scli-intl
KAPUT, M., “Inside Moltbook: The Social Network for ‘AI Agents Only’ That’s Freaking Everyone Out”, SmarterX, 3 de febrero de 2026. Disponible en: https://smarterx.ai/smarterxblog/moltbook-ai-agent-social-network
PAUL, K., “What is Moltbook? The strange new social media site for AI bots”, The Guardian, 2 de febrero de 2026. Disponible en: https://www.theguardian.com/technology/2026/feb/02/moltbook-ai-agents-social-media-site-bots-artificial-intelligence
THE NEW YORK TIMES, “A Social Network for A.I. Bots Only. No Humans Allowed”, The New York Times, 2 de febrero de 2026. Disponible en: https://www.nytimes.com/2026/02/02/technology/moltbook-ai-social-media.html
WIRED, “I Infiltrated Moltbook, the AI-Only Social Network Where Humans Aren’t Allowed”, WIRED, 2026. Disponible en: https://www.wired.com/story/i-infiltrated-moltbook-ai-only-social-network/
https://enatic.es/wp-content/uploads/2026/06/image.png10241536Gimena Arealhttps://enatic.es/wp-content/uploads/2021/01/ENATIC_v2_fondo_blanco.pngGimena Areal2026-06-03 16:48:122026-07-07 11:55:45Moltbook. Redes sociales sin humanos
ENATIC analiza el prompting legal como una competencia clave para la práctica jurídica junto a Maite.ai
La inteligencia artificial generativa está entrando progresivamente en despachos, asesorías jurídicas, departamentos legales y organizaciones de todos los sectores. Sin embargo, una de las conclusiones más relevantes que dejó el taller “Prompting Legal con Maite.ai”, celebrado por ENATIC el pasado 16 de abril, es que el verdadero diferencial ya no reside únicamente en acceder a herramientas de inteligencia artificial, sino en saber utilizarlas con criterio profesional.
La sesión, impartida por Álex Rodríguez, Co-Founder y CMO de Maite.ai, abordó una cuestión cada vez más relevante para abogados y profesionales del Derecho: cómo formular instrucciones eficaces para obtener respuestas útiles, precisas y contextualizadas de los sistemas de inteligencia artificial generativa.
Más allá de las herramientas, el encuentro puso el foco en una capacidad emergente que comienza a adquirir relevancia en la práctica jurídica: el prompting legal.
¿Qué es el prompting legal?
El prompting legal consiste en diseñar y estructurar instrucciones para interactuar con sistemas de inteligencia artificial en contextos jurídicos.
Su objetivo no es únicamente obtener respuestas más rápidas, sino conseguir resultados más precisos, mejor contextualizados y alineados con las necesidades reales del trabajo jurídico.
En ámbitos como la investigación normativa, el análisis documental, la elaboración de borradores, la revisión de contratos o la preparación de argumentos, la calidad de las respuestas obtenidas depende en gran medida de la calidad de las instrucciones proporcionadas.
La cuestión, por tanto, no es solo qué herramienta utiliza un profesional, sino cómo es capaz de dialogar con ella.
¿Por qué es una competencia relevante para abogados?
Durante la sesión se destacó que la inteligencia artificial generativa no elimina la necesidad de criterio jurídico. Al contrario.
Cuanto más avanzadas son las herramientas, más importante resulta que los profesionales sepan:
Definir correctamente el contexto de una consulta.
Formular instrucciones claras y precisas.
Identificar limitaciones, errores o alucinaciones.
Verificar la información obtenida.
Mantener la supervisión humana sobre los resultados generados.
En este sentido, el prompting comienza a consolidarse como una competencia complementaria al conocimiento jurídico tradicional, especialmente en entornos donde la inteligencia artificial ya forma parte de determinados procesos profesionales.
Los principales temas abordados
La sesión se estructuró en torno a tres bloques principales:
Introducción a la inteligencia artificial generativa
Se analizaron los fundamentos de los modelos generativos actuales y su aplicación práctica en entornos jurídicos, así como las oportunidades y limitaciones que presentan desde una perspectiva profesional.
Técnicas avanzadas de prompting
Se abordaron distintos enfoques para mejorar la calidad de las interacciones con sistemas de IA, prestando especial atención a la importancia del contexto, la precisión de las instrucciones y la estructuración de las consultas.
Herramientas de IA para profesionales legales
La sesión también permitió conocer diferentes soluciones tecnológicas orientadas al sector jurídico y reflexionar sobre los criterios que deben guiar su adopción en entornos profesionales.
Cinco ideas clave que dejó la sesión
Entre las principales conclusiones compartidas durante el taller destacan las siguientes:
La inteligencia artificial no sustituye el criterio jurídico.
La calidad de los resultados depende en gran medida de la calidad de las instrucciones.
El prompting es una habilidad que puede entrenarse y mejorarse.
La supervisión humana continúa siendo imprescindible.
La adopción de la IA debe realizarse bajo criterios de utilidad, responsabilidad y seguridad jurídica.
Del impacto tecnológico a la aplicación jurídica
Uno de los aspectos más relevantes del encuentro fue la aproximación práctica con la que se abordó el uso de la inteligencia artificial.
Lejos de plantear escenarios futuristas o promesas exageradas, la conversación se centró en una cuestión mucho más útil para los profesionales: cómo incorporar estas tecnologías al trabajo diario de forma responsable y con expectativas realistas.
La inteligencia artificial plantea oportunidades evidentes para mejorar la eficiencia y el acceso al conocimiento jurídico. Pero también exige nuevas competencias, nuevos criterios de evaluación y nuevas formas de supervisión.
Por ello, la pregunta ya no es únicamente qué herramientas existen.
La pregunta relevante es cómo utilizarlas de forma que refuercen la calidad del trabajo jurídico y contribuyan a una práctica profesional más eficiente, segura y rigurosa.
Tecnología, Derecho y criterio profesional
Desde ENATIC continuamos impulsando espacios de formación, debate y actualización profesional que permitan comprender el impacto real de la tecnología en el ejercicio del Derecho.
Esta sesión forma parte de una línea de trabajo más amplia orientada a acercar la inteligencia artificial a la práctica jurídica desde una perspectiva basada en la innovación responsable, la seguridad jurídica y el conocimiento compartido.
Porque el reto ya no es únicamente entender qué puede hacer la inteligencia artificial.
El reto es comprender bajo qué criterios, con qué garantías y con qué papel para los profesionales del Derecho.
Webinar organizado por ENATIC en colaboración con Maite.ai.
https://enatic.es/wp-content/uploads/2026/06/Maite.png6271200Enatic Abogacía Digitalhttps://enatic.es/wp-content/uploads/2021/01/ENATIC_v2_fondo_blanco.pngEnatic Abogacía Digital2026-06-02 09:39:402026-06-02 09:52:58ENATIC analiza el prompting legal como una competencia clave para la práctica jurídica junto a Maite.ai
I. La ruptura institucional entre el Ejecutivo y un proveedor tecnológico
La orden ejecutiva del presidente Donald Trump, dirigida a todas las agencias federales del Gobierno de Estados Unidos, que impone la cesación inmediata del uso de los modelos de inteligencia artificial desarrollados por Anthropic, constituye un episodio sin precedentes en las relaciones entre la administración pública estadounidense y los proveedores de tecnologías emergentes. La decisión, anunciada mediante la red social Truth Social con la contundencia verbal que caracteriza al mandatario —»¡Afuera Anthropic!», «No la necesitamos, no la queremos»—, trasciende la mera cancelación de un contrato de 200 millones de dólares con el Departamento de Defensa para convertirse en una declaración de principios sobre la subordinación de las consideraciones éticas de los desarrolladores a las necesidades operativas del poder estatal. El conflicto, gestado durante semanas de tensiones entre el Pentágono y la compañía fundada por los hermanos Amodei, ha estallado públicamente con consecuencias que afectarán a toda la arquitectura de adopción de inteligencia artificial en la administración federal.
La naturaleza del desacuerdo revela una fractura fundamental en la concepción del rol de la tecnología en el ámbito de la seguridad nacional. Anthropic había condicionado la prestación de sus servicios al Departamento de Defensa a la inclusión de protecciones contractuales que impidieran el uso de sus modelos Claude para el desarrollo de armas autónomas y la vigilancia doméstica masiva. Esta cláusula, que la compañía denominaba internamente como salvaguarda ética, chocaba frontalmente con la postura del alto mando militar, que reclamaba la autoridad final para determinar los usos legítimos de la tecnología contratada dentro del marco jurídico vigente. La negativa de Anthropic a ceder en este punto, mantenida hasta la fecha límite impuesta por la administración, ha desencadenado la reacción presidencial que ahora afecta a todas las agencias federales, no solo al ámbito militar.
La extensión de la prohibición más allá del Departamento de Defensa transforma un conflicto sectorial en una cuestión de política tecnológica global del Gobierno estadounidense. Los modelos Claude de Anthropic habían sido adoptados por múltiples agencias civiles para funciones de procesamiento de lenguaje natural, análisis de documentación, asistencia en programación y otras aplicaciones no vinculadas directamente a la seguridad nacional. La orden de eliminación gradual en seis meses, acompañada de la amenaza de consecuencias civiles y penales si la compañía no coopera en la transición, impone costes operativos significativos a la administración federal y genera discontinuidades en servicios que habían sido integrados en los flujos de trabajo de numerosas dependencias. La decisión presidencial prioriza claramente la coherencia simbólica sobre la eficiencia administrativa, estableciendo un precedente de castigo corporativo por disidencia ética.
La dimensión contractual del conflicto merece atención particular. El acuerdo de 200 millones de dólares, que ahora parece destinado a la cancelación, no era un contrato menor en el ecosistema de adquisiciones tecnológicas del Departamento de Defensa. Anthropic había emergido como uno de los proveedores más prometedores de modelos de lenguaje de gran escala, con una arquitectura técnica que el Pentágono consideraba particularmente adecuada para aplicaciones de análisis de inteligencia y apoyo a la toma de decisiones. La pérdida de esta capacidad, sumada a la prohibición de utilizar alternativas de la misma compañía en el ámbito civil, obligará a una reconversión tecnológica acelerada que, según expertos consultados por la prensa especializada, podría retrasar los esfuerzos de modernización de inteligencia artificial del Gobierno durante meses o incluso años.
II. El pacifismo algorítmico como obstáculo operativo
El rechazo de Anthropic a permitir usos militares específicos de sus modelos, calificado por la Administración Trump como excesivo «concientismo», encarna lo que podríamos denominar pacifismo algorítmico: la atribución de restricciones éticas a sistemas de inteligencia artificial que limitan su empleo en actividades violentas o coercitivas, independientemente de la legalidad formal de dichas actividades. Esta postura, compartida por diversas organizaciones desarrolladoras de tecnología en Silicon Valley, parte de la premisa de que los creadores de sistemas de inteligencia artificial mantienen una responsabilidad moral sobre los usos de sus creaciones que no se agota en el cumplimiento de la normativa aplicable. La objeción de conciencia algorítmica, extendida desde el ámbito individual al corporativo, choca aquí con la concepción estatal de la tecnología como recurso neutral cuyo empleo legítimo debe determinar exclusivamente la autoridad política y militar.
La tensión entre estas concepciones es estructural y no susceptible de resolución mediante mera negociación contractual. El modelo de gobernanza de la inteligencia artificial propugnado por Anthropic y empresas afines implica una participación activa de los desarrolladores en la determinación de usos prohibidos, mediante cláusulas contractuales, limitaciones técnicas en los modelos, y políticas corporativas de denegación de servicio. El modelo alternativo, defendido por la Administración Trump y tradicionalmente dominante en las relaciones entre el Estado y los contratistas de defensa, considera que una vez transferida la propiedad o el acceso a la tecnología, el control sobre sus aplicaciones corresponde exclusivamente al adquirente. La inteligencia artificial, en esta visión, no difiere sustancialmente de otras tecnologías duales cuyo empleo final escapa a la supervisión del proveedor original.
La especificidad de las restricciones demandadas por Anthropic —armas autónomas y vigilancia doméstica masiva— revela la selección de casos límite que la compañía considera particularmente problemáticos desde una perspectiva ética. Las armas autónomas, sistemas que seleccionan y atacan objetivos sin intervención humana significativa, han sido objeto de campañas internacionales de prohibición que han logrado consensos parciales en foros multilaterales. La vigilancia doméstica masiva, por su parte, evoca las revelaciones de Edward Snowden sobre los programas de la Agencia de Seguridad Nacional y las tensiones entre seguridad y privacidad que caracterizan al estado de derecho contemporáneo. Anthropic situaba estas aplicaciones fuera de los límites aceptables para sus modelos, independientemente de que fueran legales en el ordenamiento estadounidense y demandadas por las agencias de seguridad.
La respuesta de la Administración Trump, sin embargo, no se limita a rechazar estas restricciones específicas sino que cuestiona la legitimidad misma de que un proveedor privado imponga condiciones éticas al uso de tecnología adquirida por el Estado. La amenaza de invocar la Ley de Producción de Defensa, esgrimida por funcionarios del Pentágono antes de la intervención presidencial, revela la disposición a utilizar instrumentos de coerción económica de emergencia para subordinar la autonomía corporativa a las necesidades de seguridad nacional. La extensión final del conflicto a todas las agencias federales, mediante orden ejecutiva, indica que la administración ha optado por la confrontación abierta en lugar de la negociación sectorial, estableciendo un precedente de castigo ejemplar que disuada a otros proveedores de adoptar posturas similares.
III. El incidente de Caracas y la ruptura definitiva
La tensión entre Anthropic y el Pentágono alcanzó un nivel insostenible tras la revelación de que el modelo Claude de la compañía fue utilizado en una operación secreta en enero de 2026 para capturar al líder venezolano Nicolás Maduro durante una incursión en Caracas. Anthropic, a través de su asociación con Palantir, suministraba tecnología al Departamento de Defensa, pero tras la operación, la empresa planteó objeciones sobre lo que denominó «cuestiones de política de uso», específicamente respecto a los límites contra el empleo de sus modelos en sistemas de armas autónomas letales y vigilancia doméstica masiva. La compañía consideraba que la participación de su tecnología en una operación militar ofensiva de esta naturaleza excedía los términos éticos que había pretendido establecer.
La reacción del Pentágono fue fulminante. El Secretario de Defensa, Pete Hegseth, convocó a los hermanos Amodei a una reunión en la que les exigió la aceptación del estándar de «todo uso legal» sin restricciones adicionales impuestas por la ética corporativa. Hegseth acusó a Anthropic de intentar ejercer un «poder de veto» sobre las decisiones operativas del ejército de los Estados Unidos y de practicar una «señalización de virtud corporativa» que ponía en riesgo vidas estadounidenses. En declaraciones a la prensa, afirmó que las fuerzas armadas operan bajo su propia supervisión y legalidad, y no pueden permitir que un proveedor privado dicte las reglas del campo de batalla.
El ultimátum fue claro: Anthropic debía retirar sus objeciones y aceptar que cualquier uso de sus modelos autorizado por la ley estadounidense era aceptable, o enfrentaría las consecuencias. La compañía, fiel a los principios éticos que habían guiado su fundación, mantuvo su postura. La respuesta presidencial llegó el 27 de febrero de 2026, mediante orden ejecutiva que ordenaba el cese inmediato del uso de la tecnología de Anthropic en todas las agencias federales y designaba a la empresa como «riesgo para la cadena de suministro de seguridad nacional». Esta designación, que el Departamento de Seguridad Nacional puede efectuar mediante procedimiento administrativo, implicaba la exclusión de la empresa de cualquier contratación federal, la prohibición de que otros contratistas gubernamentales mantuvieran relaciones comerciales con ella, y su inclusión en listas de vigilancia que dificultan sus operaciones internacionales.
Anthropic anunció en marzo de 2026 que impugnaría la decisión en los tribunales, argumentando que la represalia gubernamental por el ejercicio de la libertad de empresa y de expresión constituía una violación de sus derechos constitucionales. Simultáneamente, el Departamento de Defensa anunció la sustitución de los contratos de Anthropic por acuerdos con OpenAI y xAI, la compañía de Elon Musk, que habían mostrado una disposición mucho mayor a alinearse con los requerimientos militares sin imponer restricciones éticas previas.
IV. La Ley de Producción de Defensa como instrumento de coerción tecnológica
La Ley de Producción de Defensa, legislación de 1950 emanada de la experiencia de la Guerra de Corea, confiere al Presidente de Estados Unidos autoridades excepcionales para dirigir la producción nacional en apoyo de los requerimientos de defensa. Su invocación, aunque finalmente no consumada en el caso de Anthropic, constituye una señal de la gravedad que el Pentágono atribuía al conflicto y de la disposición a utilizar instrumentos de poder económico extraordinario para doblegar la resistencia corporativa. La ley permite, entre otras medidas, la priorización de contratos gubernamentales sobre obligaciones privadas, la asignación forzosa de materiales y servicios, y la imposición de sanciones a quienes se nieguen a cumplir las órdenes emitidas en su virtud.
La transformación de una empresa líder en inteligencia artificial en paria del sistema de adquisiciones del Estado más poderoso del mundo ilustra la asimetría de poder que caracteriza las relaciones entre el sector tecnológico y la administración de seguridad nacional. La utilización de este instrumentario legal contra una empresa estadounidense, en lugar de contra competidores extranjeros como ha sido el caso tradicional, representa una novedad significativa en la aplicación de la Ley de Producción de Defensa. La legislación ha sido invocada en el pasado para priorizar la adquisición de semiconductores frente a demandas del sector privado, para obligar a empresas automovilísticas a producir material sanitario durante la pandemia, y para acelerar la producción de municiones en contextos de conflicto armado. Su empleo para forzar a una compañía de software a modificar sus políticas de uso ético de la tecnología expande el alcance de la ley hacia territorios inéditos, donde la defensa nacional se define no solo en términos de capacidades materiales sino de conformidad ideológica con los objetivos del poder estatal.
La decisión presidencial de extender la prohibición a todas las agencias federales, superando la lógica de la Ley de Producción de Defensa que se centra en el ámbito militar, revela una voluntad de castigo generalizado que trasciende la resolución del conflicto específico. La orden de Trump no busca ya obtener la conformidad de Anthropic mediante presión, sino eliminar su presencia del ecosistema gubernamental estadounidense como advertencia a otros actores del sector. Esta estrategia de ejemplaridad, común en el ámbito de la política exterior sancionadora, resulta inusual cuando se aplica a empresas nacionales del sector tecnológico, y genera incertidumbre sobre los límites de la disidencia ética permitida en el contexto de la contratación pública.
V. La arquitectura doctrinal: el Plan de Acción de IA y la primacía de la innovación
El andamiaje de esta rebelión se cimentó formalmente el 23 de julio de 2025, con la publicación del documento estratégico Winning the AI Race: America’s AI Action Plan. Este plan de 28 páginas estableció un marco de más de 90 recomendaciones de política federal diseñadas para desmantelar lo que la administración denomina la «burocracia roja» que frena el avance tecnológico estadounidense frente a competidores como China. A diferencia de los marcos de gobernanza anteriores que priorizaban la seguridad existencial y los derechos civiles, el Plan de Acción de Trump postula que el riesgo más grave no es el desarrollo de la inteligencia artificial en sí mismo, sino el retraso tecnológico.
El plan se basa en la premisa de que Estados Unidos debe «innovar más rápido y de manera más integral que cualquier competidor» en todos los campos. Para lograrlo, la administración ha propuesto una serie de transformaciones estructurales, incluyendo la creación de un conjunto de herramientas de adquisición de inteligencia artificial para uniformar la adopción de estas tecnologías en el gobierno, y la formalización del Consejo de Directores de Inteligencia Artificial como el ente coordinador de la adopción entre agencias. Este enfoque infraestructural se complementa con una política energética agresiva que busca modernizar la red eléctrica nacional y explorar fuentes de energía en la «frontera tecnológica», como la fusión y la fisión nuclear avanzada, para alimentar la demanda triplicada de energía que se prevé para 2035 debido a la inteligencia artificial.
Uno de los frentes de batalla más encarnizados ha sido el conflicto entre el gobierno federal y los estados. La Administración Trump sostiene que un «mosaico discordante de 50 estados» regulando la inteligencia artificial crea una carga de cumplimiento inmanejable que sofoca la innovación, especialmente para las startups. Este diagnóstico llevó al impulso de la One Big Beautiful Bill Act, firmada el 4 de julio de 2025, que en sus borradores iniciales proponía una moratoria nacional de 10 años sobre cualquier regulación estatal de inteligencia artificial. Aunque la moratoria fue eliminada del texto final debido a preocupaciones bipartidistas sobre los derechos de los estados, la administración ha recurrido al poder ejecutivo para lograr los mismos fines por vía indirecta. La Orden Ejecutiva 14365, titulada Ensuring a National Policy Framework for Artificial Intelligence, introdujo un mecanismo de coerción financiera sin precedentes: el condicionamiento de los fondos federales a la derogación o no aplicación de leyes estatales de inteligencia artificial consideradas «onerosas».
Este enfoque ha generado una crisis constitucional inmediata. La administración define como «onerosa» cualquier ley estatal que obligue a los modelos a mitigar sesgos o a realizar auditorías de «discriminación algorítmica». Un ejemplo central es la ley de Colorado que prohíbe la discriminación en sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo y que entró en vigor en 2026. Para el Zar de la Inteligencia Artificial, David Sacks, tales leyes obligan a los desarrolladores a «alterar las salidas veraces» de los modelos para ajustarse a ideologías sociales, lo que se clasifica bajo la nueva doctrina federal como una práctica comercial «engañosa» según la ley de la Comisión Federal de Comercio.
VI. La ideologización de la política tecnológica y sus vínculos partidistas
El ataque de la Administración Trump a Anthropic no se ha limitado a la cuestión contractual específica, sino que ha incorporado acusaciones de sesgo político que revelan la profunda ideologización de la política tecnológica estadounidense. El presidente y sus funcionarios han vinculado explícitamente la postura ética de la compañía con su supuesta condición de «demasiado consciente», con su impulso a favor de regulaciones de inteligencia artificial, y con sus vínculos con organizaciones donantes del Partido Demócrata. Esta caracterización, que transforma una disputa contractual en un conflicto de identidades políticas, sitúa el caso en el contexto más amplio de la confrontación entre la administración republicana y los sectores tecnológicos de Silicon Valley identificados con posiciones progresistas.
La referencia a las donaciones políticas de Anthropic y sus directivos introduce una dimensión de represalia ideológica que complica el análisis jurídico del caso. La contratación pública estadounidense, aunque formalmente sometida a criterios de competencia y mérito técnico, ha experimentado históricamente fluctuaciones en función de las orientaciones políticas de los ejecutivos entrantes. La limpieza de contratistas asociados con la administración saliente es práctica recurrente, aunque raramente se explicita con la crudeza verbal empleada por Trump. La orden de cesación inmediata, con su amenaza de consecuencias penales, eleva esta práctica a un nivel de confrontación que cuestiona la estabilidad de las expectativas contractuales en el sector tecnológico crítico para la seguridad nacional.
La figura central en la ejecución de esta rebelión es David Sacks, nombrado Asesor Especial para Inteligencia Artificial y Cripto en diciembre de 2024. Sacks, un veterano de Silicon Valley y figura prominente del movimiento de «aceleracionismo efectivo», ha transformado su papel de asesor en un motor de reconfiguración estatal. Su mandato consiste en crear un marco legal que minimice la regulación y erradique lo que la administración describe como el «sesgo woke» en la inteligencia artificial. Sacks ha argumentado sistemáticamente que las empresas tecnológicas como OpenAI y Google fueron presionadas por la administración anterior para programar ChatGPT y Gemini con sesgos liberales. Bajo su dirección, el gobierno federal ha adoptado una postura de «neutralidad ideológica», exigiendo que los modelos de lenguaje sean «buscadores de la verdad» que no manipulen respuestas para favorecer dogmas como la diversidad o la equidad.
La Administración Trump ha introducido una teoría legal innovadora pero controvertida: la mitigación de sesgos como práctica comercial engañosa. Según esta visión, si un modelo de inteligencia artificial se entrena con datos que reflejan la realidad estadística de la sociedad, cualquier intento de forzar al modelo a producir resultados diferentes (por ejemplo, para asegurar una representación equitativa de minorías) es una distorsión de la verdad. Se argumenta que la corrección de sesgos hace que los modelos sean menos fieles a los datos subyacentes y, por tanto, menos precisos para el análisis objetivo. Además, la administración sostiene que las leyes estatales que exigen la mitigación de sesgos representan un «discurso compelido» inconstitucional, obligando a las empresas a adoptar una postura ideológica en el diseño de su software. Bajo esta interpretación, la Comisión Federal de Comercio podría clasificar la mitigación de sesgos mandatada por estados como un acto engañoso per se, ya que el modelo no estaría entregando su salida «natural» o «veraz».
Para hacer efectiva esta visión, el Departamento de Justicia estableció el 10 de enero de 2026 el Grupo de Trabajo para Litigios de Inteligencia Artificial, bajo la supervisión de la Fiscal General Pam Bondi. La misión exclusiva de este grupo es impugnar las leyes estatales que interfieran con la política nacional de inteligencia artificial. El argumento central que utilizarán es la «Cláusula de Comercio Dormida», que prohíbe a los estados promulgar legislación que imponga una carga excesiva al comercio interestatal. La administración sostiene que, dado que los modelos de inteligencia artificial se desarrollan a escala global, es imposible para una empresa ajustar su modelo base para cumplir con 50 estándares diferentes de «equidad».
VII. OpenAI: el pragmatismo estratégico y la integración soberana
En agudo contraste con la postura de Anthropic, OpenAI, liderada por Sam Altman, ha navegado la crisis mediante una estrategia de adaptación proactiva. Pocas horas después de que se anunciara el veto a Anthropic, OpenAI confirmó que había alcanzado un acuerdo con el Departamento de Guerra para desplegar sus modelos de lenguaje más avanzados en redes clasificadas. A diferencia de Anthropic, OpenAI aceptó el estándar de «todo uso legal», permitiendo al ejército estadounidense utilizar sus herramientas para cualquier misión autorizada por la ley nacional. No obstante, Altman ha intentado mantener un equilibrio delicado, declarando que la empresa conserva su compromiso contra el uso de la inteligencia artificial en vigilancia doméstica masiva y para dirigir de forma independiente armas autónomas letales donde la política del Departamento requiera control humano.
La divergencia entre ambas compañías radica en sus filosofías fundamentales de alineación. Mientras Anthropic utiliza la denominada «inteligencia artificial constitucional» —donde el modelo se entrena para seguir un conjunto explícito de principios éticos—, OpenAI ha dependido históricamente del aprendizaje por refuerzo con retroalimentación humana y ahora de una integración directa de personal en los bucles de decisión del Pentágono. La Administración Trump ha favorecido explícitamente el modelo de OpenAI por su flexibilidad y su disposición a tratar las salvaguardas no como barreras inamovibles, sino como parámetros ajustables en función de la misión nacional. OpenAI ha posicionado su acuerdo como el más robusto en términos de guardias, alegando que retiene el control sobre su pila de seguridad técnica incluso en entornos clasificados. Sin embargo, la realidad operativa sugiere que, en la práctica, OpenAI ha proporcionado al Estado la herramienta que Anthropic le negó: una inteligencia artificial de frontera potente bajo la autoridad última del mando militar.
La polarización partidista de la inteligencia artificial constituye un fenómeno de largo alcance que trasciende el caso particular de Anthropic. Las empresas del sector han sido objeto de escrutinio creciente por parte de los medios de comunicación afines a Trump, que denuncian sesgos ideológicos en los modelos de lenguaje y exigen mayor «neutralidad» en sus respuestas. La creación de alternativas explícitamente conservadoras, como la red social Truth Social del propio presidente o los modelos desarrollados por empresas afines, indica la fragmentación del ecosistema tecnológico en campos de batalla ideológicos. Anthropic, fundada por exempleados de OpenAI con preocupaciones explícitas por la seguridad de la inteligencia artificial, representaba un polo de esta polarización que la administración actual considera inaceptable para el uso gubernamental.
VIII. Las consecuencias operativas de la prohibición y el coste de la transición
La orden de eliminación gradual de los modelos Claude en seis meses, aplicable a todas las agencias federales, impone costes de transición que la administración parece dispuesta a asumir en aras de la coherencia política. Los modelos de Anthropic habían sido integrados en flujos de trabajo diversos: procesamiento de documentación legislativa en el Congreso, análisis de datos epidemiológicos en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, asistencia en programación en la Administración de Servicios Generales, y múltiples aplicaciones en el ámbito de la inteligencia y la defensa. La sustitución de estas capacidades requerirá no solo la adquisición de alternativas tecnológicas, sino la reconfiguración de procedimientos, la formación de personal, y la adaptación de sistemas interconectados que habían sido diseñados en torno a las especificidades de los modelos de Anthropic.
La amenaza de consecuencias civiles y penales si la compañía no coopera en la transición introduce un elemento de coerción adicional que complica las obligaciones de cuidado de datos y de continuidad de servicio que normalmente rigen las relaciones contractuales. Anthropic, al ser expulsada del mercado gubernamental, podría argumentar la imposibilidad de cumplir con estándares de transición ordenada por pérdida de ingresos críticos, generando litigios sobre la responsabilidad por discontinuidades en servicios esenciales. La administración, por su parte, podría invocar la cláusula de conveniencia pública que habitualmente acompaña a los contratos federales para justificar la terminación unilateral sin indemnización plena.
La identificación de alternativas viables a los modelos de Anthropic constituye un desafío técnico significativo. Los principales competidores —OpenAI, con su modelo GPT; Google, con Gemini; Meta, con Llama; y la propia xAI de Elon Musk, con Grok— presentan características distintivas que no siempre son sustituibles de manera directa. La prohibición específica de Anthropic, en lugar de una política de diversificación de proveedores, sugiere que la decisión responde a factores de identidad corporativa más que a evaluaciones técnicas comparadas. La administración podría estar favoreciendo implícitamente a proveedores más alineados políticamente, generando distorsiones de mercado que la normativa de contratación pública debería prevenir.
La dimensión de seguridad de la transición merece particular atención. Los modelos de inteligencia artificial, especialmente en aplicaciones de inteligencia y defensa, han sido entrenados con datos sensibles que no pueden transferirse a proveedores alternativos sin evaluación de riesgos. La extracción de información de los sistemas de Anthropic, su migración a nuevas plataformas, y la verificación de que no quedan residuos en infraestructuras ahora consideradas hostiles, constituyen operaciones complejas que el plazo de seis meses podría resultar insuficiente para completar con garantías. La presión política por cumplir el calendario impuesto podría comprometer estándares de seguridad que la propia administración debería preservar.
IX. Geopolítica de la inteligencia artificial: la carrera contra China
La rebelión contra el pacifismo algorítmico no se limita a las fronteras nacionales; es el pilar de una nueva estrategia de hegemonía global. El Vicepresidente JD Vance ha articulado lo que algunos académicos llaman el «sacrificio regulatorio»: la creencia de que desmantelar las salvaguardas de seguridad es el «deber patriótico» necesario para no perder la carrera armamentista tecnológica frente a China. En el foro de la cumbre de París, Vance advirtió que las «regulaciones excesivas» son el mayor riesgo para la industria transformadora de la inteligencia artificial. Esta narrativa postula que mientras Occidente se pierde en debates éticos, China está desplegando inteligencia artificial a escala masiva en su base industrial y militar. Por ello, Estados Unidos ha optado por un modelo de «dominancia por exportación», ofreciendo un paquete tecnológico completo a las naciones aliadas para crear una dependencia estructural de la infraestructura estadounidense.
La Administración Trump ha respondido a la ventaja de despliegue industrial de China acelerando la construcción de centros de datos de más de 100 megavatios, otorgándoles exclusiones de normativas medioambientales y priorizando su acceso a la red eléctrica. Además, para mitigar el descontento público por el alza en los precios de la electricidad, el presidente ha forzado a las empresas tecnológicas a firmar un «compromiso de protección del pagador de tarifas», donde estas se comprometen a construir su propia generación de energía para no cargar los costes a los hogares.
Las implicaciones para el desarrollo de la inteligencia artificial militar son particularmente significativas. La investigación en sistemas de armas autónomas, que Anthropic pretendía excluir de sus modelos, recibirá ahora impulso mediante la contratación con proveedores más complacientes. La carrera armamentística algorítmica, que diversas organizaciones internacionales habían intentado frenar mediante moratorias y negociaciones multilaterales, se acelera con la eliminación de restricciones éticas internas en los principales desarrolladores. La proliferación de sistemas de toma de decisiones letales sin intervención humana significativa, que la comunidad científica había advertido como riesgo existencial, se convierte en objetivo explícito de la política de adquisiciones del Pentágono.
La dimensión internacional de esta fragmentación merece atención particular. La inteligencia artificial está emergiendo como un campo de competencia geopolítica donde Estados Unidos, China y la Unión Europea desarrollan modelos con características distintivas vinculadas a sus respectivos valores políticos. La expulsión de Anthropic del ecosistema gubernamental estadounidense, lejos de neutralizar el sesgo ideológico, lo sustituye por uno alternativo: la subordinación de la tecnología a los objetivos de seguridad nacional definidos unilateralmente por el poder ejecutivo. Los aliados de Estados Unidos, que han desarrollado relaciones de cooperación tecnológica asumiendo cierta autonomía corporativa en los desarrolladores estadounidenses, deberán ahora evaluar si esta asunción permanece válida bajo la nueva orientación administrativa.
X. El precedente de subordinación tecnológica y sus implicaciones globales
El conflicto entre la Administración Trump y Anthropic establece un precedente de subordinación de los desarrolladores de inteligencia artificial a los objetivos de seguridad nacional que resonará en el ecosistema tecnológico global. La negativa de la compañía a permitir usos militares específicos de sus modelos, aunque presentada como salvaguarda ética, ha sido interpretada por el poder estatal como una intromisión inaceptable en la soberanía de la decisión política. La respuesta, mediante orden ejecutiva de prohibición generalizada, comunica a todos los actores del sector que la disidencia ética corporativa será castigada con la exclusión del mercado gubernamental, el más importante para tecnologías de doble uso en el contexto estadounidense.
La gobernanza de la inteligencia artificial está experimentando una inflexión hacia modelos de control estatal más intensos que los previstos en los debates sobre regulación algorítmica de los últimos años. La discusión dominante, especialmente en Europa, había privilegiado la protección de derechos fundamentales, la transparencia de los sistemas, y la participación de múltiples actores en la definición de estándares éticos. La postura de la Administración Trump, que rechaza la participación de desarrolladores privados en la determinación de usos prohibidos, propone una alternativa donde el control estatal es absoluto y la ética corporativa se considera una forma de obstaculización ilegítima.
La reacción del sector tecnológico y de la comunidad internacional determinará si el precedente de Anthropic se consolida o se resiste. La solidaridad corporativa entre desarrolladores de inteligencia artificial, hasta ahora limitada por la competencia comercial, podría fortalecerse frente a la amenaza común de subordinación estatal. La presión de inversores y mercados de capitales, preocupados por la inestabilidad de las expectativas contractuales, podría moderar la aplicación extensiva de la estrategia de castigo ejemplar. Y la respuesta de aliados de Estados Unidos, que han desarrollado marcos de regulación de la inteligencia artificial más próximos al enfoque ético de Anthropic que al de la Administración Trump, podría generar tensiones en las alianzas tecnológicas occidentales.
La rebelión de Trump contra el pacifismo algorítmico, en definitiva, no es un episodio aislado de política contractual sino una manifestación de la reconfiguración del poder en la era de la inteligencia artificial. La tecnología, lejos de constituir un dominio autónomo de innovación desinteresada, se revela como campo de batalla donde los valores éticos de los desarrolladores chocan con los imperativos de seguridad del Estado, y donde la asimetría de poder determina la victoria de la soberanía política sobre la autonomía corporativa. El caso de Anthropic, con su orden de expulsión del ecosistema gubernamental estadounidense, ilustra los límites de la responsabilidad ética privada cuando se enfrenta a la voluntad de poder estatal decidida a utilizar todas las tecnologías disponibles para sus objetivos, sin restricciones impuestas desde fuera de la cadena de mando político-militar.
A medida que se cierra el primer trimestre de 2026, el panorama de la inteligencia artificial es irreconocible respecto a los consensos de 2023. La «rebelión de Trump» ha tenido éxito en reencuadrar la inteligencia artificial no como un riesgo existencial que debe ser mitigado, sino como una capacidad nacional que debe ser maximizada. La caída de Anthropic y la ascensión de xAI y OpenAI en el complejo militar-industrial señalan que la neutralidad ética ha dejado de ser una opción viable para las empresas que aspiran a operar en el centro del poder global. La doctrina de Sacks sobre las «salidas veraces» y la ofensiva legal contra los estados marcan el inicio de una era donde el algoritmo ya no se ajusta a la sociedad, sino que la sociedad debe ajustarse a la realidad estadística dictada por el modelo, protegida ahora por la fuerza del gobierno federal.
La pregunta que queda para el resto del año no es si la inteligencia artificial avanzará, sino quién tendrá el derecho de definir sus límites. Al rechazar el «pacifismo algorítmico», Estados Unidos ha apostado por un futuro de aceleración radical, donde la única seguridad válida es la superioridad tecnológica incontestable, independientemente de los costes sociales o constitucionales que ello conlleve. En este nuevo orden, la inteligencia artificial es el arma, el mercado y la verdad, todo integrado en una única estructura de poder nacional, aunque muchos usuarios ya están decantándose por apostar en favor del uso de una inteligencia artificial que está sujeta a límites éticos, dando de lado a ChatGPT.
XI. Referencias normativas y bibliográficas
1. Documentos oficiales de la Administración Trump
Winning the AI Race: America’s AI Action Plan, publicado el 23 de julio de 2025. Establece un marco de más de 90 recomendaciones de política federal para desmantelar barreras regulatorias y acelerar la innovación en inteligencia artificial.
Orden Ejecutiva 14365, Ensuring a National Policy Framework for Artificial Intelligence, de 2025. Introduce mecanismos de coerción financiera para condicionar fondos federales a la derogación o no aplicación de leyes estatales de inteligencia artificial consideradas «onerosas».
Orden Ejecutiva de 27 de febrero de 2026, por la que se ordena el cese inmediato del uso de modelos de inteligencia artificial de Anthropic en todas las agencias federales y se designa a la compañía como «riesgo para la cadena de suministro de seguridad nacional».
One Big Beautiful Bill Act, firmada el 4 de julio de 2025. Incluyó en sus borradores iniciales una moratoria nacional sobre regulaciones estatales de inteligencia artificial, finalmente eliminada.
2. Legislación y documentos institucionales
Ley de Producción de Defensa de 1950 (Defense Production Act). Legislación de emergencia que confiere al Presidente autoridades para dirigir la producción nacional en apoyo de requerimientos de defensa.
Ley de Colorado (SB 24-205), de 2026. Prohíbe la discriminación algorítmica en sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo.
Ley de California (AB 2013). Establece obligaciones de transparencia en los datos de entrenamiento de inteligencia artificial generativa.
Illinois Human Rights Act. Prohíbe el uso de inteligencia artificial discriminatoria en el ámbito laboral.
3. Decisiones judiciales y doctrina constitucional
National Pork Producers Council v. Ross. Jurisprudencia de la Corte Suprema sobre los límites de la Cláusula de Comercio y la validez de regulaciones estatales que imponen costes al comercio interestatal.
4. Documentación corporativa y declaraciones públicas
Declaraciones del presidente Donald Trump en la red social Truth Social, febrero de 2026, anunciando la prohibición del uso de modelos de Anthropic en el gobierno federal.
Comunicado del Secretario de Defensa Pete Hegseth, febrero de 2026, acusando a Anthropic de ejercer un «poder de veto» sobre las decisiones operativas del ejército.
Declaraciones de David Sacks, Asesor Especial para Inteligencia Artificial y Cripto, sobre la doctrina de «neutralidad ideológica» y la consideración de la mitigación de sesgos como práctica comercial engañosa.
Comunicado de OpenAI, marzo de 2026, confirmando el acuerdo con el Departamento de Guerra para el despliegue de sus modelos en redes clasificadas.
Anuncio de Anthropic, marzo de 2026, de impugnación judicial de la decisión administrativa.
Declaraciones del Vicepresidente JD Vance en la cumbre de París, advirtiendo sobre los riesgos de la «regulación excesiva» frente a la competencia con China.
Resumen:
El presente trabajo analiza la decisión de la Administración Trump, materializada mediante orden ejecutiva de febrero de 2026, de prohibir el uso de los modelos de inteligencia artificial de Anthropic en todas las agencias federales estadounidenses, como respuesta a la negativa de la compañía a permitir determinados usos militares de su tecnología. Se examina la fractura entre la concepción estatal de la inteligencia artificial como recurso neutral subordinado a los imperativos de seguridad nacional y la postura de las empresas que pretenden mantener restricciones éticas sobre el empleo de sus sistemas. El estudio contextualiza este conflicto en el marco más amplio del Plan de Acción de IA de la Administración Trump, la confrontación con las regulaciones estatales, y la reconfiguración de las relaciones entre el complejo militar-industrial y los principales desarrolladores de inteligencia artificial, con especial atención a los casos contrapuestos de Anthropic, OpenAI y xAI.
Sobre el autor
Diego Fierro Rodríguez es Letrado de la Administración de Justicia en ejercicio, Codirector de la Revista Acta Judicial y doctorando en Derecho. Desarrolla su actividad profesional en el ámbito de la Administración de Justicia española, siendo actualmente el Jefe del Área penal del Servicio Común de Ejecución del Tribunal de Instancia de Málaga.
Sobre la publicación
Se han utilizado Google Gemini para la imagen y Google Gemini y Perplexity para recabar y contrastar toda la información disponible.
Diego Fierro Rodríguez Letrado de la Administración de Justicia Codirector de la Revista Acta Judicial Doctorando en Derecho
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Un congreso que redefine el papel del Derecho en la era de la inteligencia artificial
El XII Congreso Internacional de ENATIC se ha consolidado como uno de los encuentros de referencia del ecosistema jurídico‑tecnológico en España y Europa. Celebrado en la sede de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, reunió a expertos, instituciones públicas, juristas y profesionales del sector para analizar cómo la inteligencia artificial está transformando el Derecho y qué retos plantea para la regulación y los derechos fundamentales.
Desde la inauguración institucional, con representantes de ENATIC, la Administración Pública y el Consejo General de la Abogacía Española, quedó clara una idea central: la abogacía digital ya no acompaña la transformación tecnológica; ahora debe liderarla.
Balance y resultados: la inteligencia artificial como eje geopolítico y jurídico
Uno de los grandes temas del Congreso fue el papel de la inteligencia artificial como elemento central en la nueva configuración del poder mundial. Durante las ponencias se analizó cómo la IA no es solo una tecnología, sino un factor de poder global, capaz de redefinir la economía digital, los modelos de negocio y la toma de decisiones automatizada. En un contexto de competencia geopolítica entre Estados Unidos, China y la Unión Europea, los expertos coincidieron en que la regulación de la IA es estratégica.
Europa ante el desafío regulatorio
El análisis subrayó que Europa se enfrenta al reto de desarrollar un modelo propio que equilibre innovación y protección de derechos, un modelo basado en protección de derechos fundamentales, transparencia algorítmica, ética tecnológica y sostenibilidad digital. Frente a marcos jurídicos concebidos para contextos anteriores, los nuevos marcos –como el Reglamento de IA de la Unión Europea– deben garantizar la protección de los derechos digitales y la responsabilidad civil sin frenar el desarrollo tecnológico.
Los ponentes destacaron que la respuesta jurídica a los riesgos de la IA debe abarcar seguridad, responsabilidad y reparaciones. La Comisión Europea ya ha señalado que sin datos no hay IA, pero sin derecho a la reparación tampoco puede prosperar. Esto implica asegurar que los proveedores de modelos, los Estados y las administraciones respondan cuando se produzcan daños.
Quinta edición de la Carta de Derechos Digitales: de brújula a herramienta práctica
Cinco años después de su aprobación, la Carta de Derechos Digitales fue objeto de un debate monográfico. Se subrayó que esta carta ha servido para consolidar un enfoque integral de los derechos en el entorno digital y para impulsar políticas públicas. Sin embargo, también se insistió en que debe evolucionar para convertirse en una norma viva que guíe la actividad de empresas, juristas y reguladores, no solo un marco conceptual.
Los expertos coincidieron en que la carta debe adaptarse a un entorno de cambio acelerado, ayudando a proteger la privacidad, garantizar la transparencia de algoritmos y consolidar la ética de los datos en la práctica profesional y empresarial.
Cambio de paradigma: el nuevo rol del jurista digital
La conclusión más repetida fue que el sector jurídico vive un cambio de era y no una simple época de cambios. Se identificaron tres transiciones simultáneas:
Transición tecnológica: la irrupción de la IA, la automatización y el uso masivo de datos.
Transición económica: la consolidación de la economía digital y nuevos modelos de negocio basados en tecnología.
Transición geopolítica: la competencia global por el liderazgo tecnológico.
En este escenario, el rol del jurista evoluciona de intérprete de normas a arquitecto de gobernanza digital y asesor estratégico. Se perfilaron nuevas funciones: especialistas en compliance tecnológico, expertos en ética y regulación de IA, facilitadores de la innovación y arquitectos de sistemas de gobernanza digital. En definitiva, la abogacía digital deja de ser una especialización para convertirse en una competencia transversal.
ENATIC: liderazgo y comunidad
El Congreso puso en valor el papel de ENATIC como actor clave en el desarrollo del Derecho Digital. La asociación se ha convertido en una comunidad de referencia que fomenta la formación continua, impulsa la innovación jurídica y colabora con entidades como la International Technology Law Association o la International Federation of Computer Law Associations. Sus valores –excelencia profesional, responsabilidad social, derechos humanos y sostenibilidad– consolidan su liderazgo nacional e internacional.
Claves para el futuro: regulación, innovación y mercado
Uno de los debates más complejos fue el equilibrio entre innovación tecnológica, protección de derechos y regulación del mercado. Se destacó que la regulación de la IA debe evitar frenar la innovación, garantizar la seguridad jurídica y proteger a los ciudadanos. Además, se introdujo el concepto de autonomía tecnológica europea, entendida como la capacidad de la UE para desarrollar su propia infraestructura y cadena de valor en IA. Esta autonomía se vincula con la necesidad de fortalecer la industria tecnológica europea y la soberanía digital.
La importancia de la formación continua
Otro pilar esencial fue la formación. El ritmo de cambio tecnológico obliga a los profesionales del Derecho a actualizar sus conocimientos de forma constante. ENATIC impulsa webinars especializados, programas formativos y publicaciones técnicas que convierten a los miembros de la comunidad en juristas del futuro en constante aprendizaje.
Conclusiones: hacia un Derecho digital colaborativo y tecnológico
El XII Congreso Internacional de ENATIC nos deja varias conclusiones clave:
La IA redefine la práctica jurídica: no es opcional, es una transformación estructural.
El Derecho debe equilibrar innovación y derechos: proteger a los ciudadanos sin frenar el desarrollo.
Europa busca su propio modelo: basado en valores, transparencia y protección de derechos.
El jurista digital cambia de rol: de aplicador de normas a diseñador de sistemas y estrategias.
La colaboración y la comunidad son imprescindibles: para construir un ecosistema jurídico digital sólido.
¿Por qué es relevante para abogados y profesionales?
El Congreso anticipa el futuro de la profesión legal. Aborda nuevas obligaciones regulatorias, riesgos (IA, datos, ciberseguridad) y oportunidades (legaltech, automatización, compliance digital). Define la hoja de ruta de la abogacía digital y demuestra que el futuro del Derecho será digital, colaborativo y profundamente tecnológico.
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