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Publica La Razón que el Consejo General del Poder Judicial ha puesto en marcha un proyecto pionero para explorar el uso de la inteligencia artificial en los tribunales españoles. Bajo la dirección del magistrado Eloy Velasco, que tantas veces ha colaborado con Enatic, seis jueces y dos ingenieros trabajan en la creación de un catálogo de herramientas tecnológicas que sirva de hoja de ruta para una justicia más digitalizada y eficiente.

La iniciativa surge en un contexto en el que la transformación digital avanza a distintos ritmos dentro de la Administración de Justicia. Aunque la idea de un sistema sin papel lleva años sobre la mesa, la pandemia aceleró ciertos procesos y ahora el CGPJ quiere aprovechar ese impulso. El grupo, denominado “Tecnología, Inteligencia artificial y administración de justicia”, tiene previsto reunirse durante varios meses para perfilar propuestas que van desde la automatización de trámites sencillos hasta la aplicación de blockchain para estandarizar decisiones.

Entre los posibles usos que se barajan se encuentran la resolución automática de casos de escasa complejidad, como divorcios de mutuo acuerdo, desahucios claros o despidos sin conflicto. El sistema permitiría que, a partir de formularios estandarizados, la máquina generase la resolución sin intervención humana. También se estudia segmentar demandas repetitivas, como las relacionadas con cláusulas bancarias, para agilizar su tramitación.

Más allá de las resoluciones automáticas, la inteligencia artificial podría convertirse en un apoyo esencial para los jueces en macroprocesos con miles de documentos. Herramientas de análisis permitirían identificar de forma rápida qué diligencias ya se han practicado y qué pasos son habituales en casos similares, ahorrando semanas de revisión manual. Asimismo, se plantean sistemas predictivos de riesgo, por ejemplo, para evaluar la posibilidad de fuga de un investigado a partir de parámetros objetivos.

El proyecto no se limita al trabajo interno de los magistrados. También se prevén aplicaciones que mejoren la relación con los ciudadanos y con los profesionales del Derecho. Una oficina judicial más automatizada facilitaría el acceso a la información, mientras que sistemas de apoyo a abogados y procuradores contribuirían a agilizar procedimientos.

No obstante, estas tecnologías también implican nuevas formas de control. La supervisión del trabajo judicial podría intensificarse gracias a métricas precisas sobre resoluciones dictadas, tiempos de gestión o cargas de trabajo. Esto permitiría al Ministerio de Justicia tomar decisiones más fundamentadas sobre la distribución de recursos.

Por ahora, el resultado de este trabajo se traducirá en un listado de opciones. Su implementación dependerá de la voluntad política y de la financiación, en gran parte vinculada a fondos europeos. Aun así, el CGPJ considera estratégico dar este primer paso para sentar las bases de una justicia más ágil, transparente y preparada para los retos tecnológicos del futuro.

Fuente: La Razón.