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Miembros de ENATIC participan en el curso de verano de la AEPD sobre protección de datos, inteligencia artificial y gobierno corporativo

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La protección de datos, la inteligencia artificial y la gestión del riesgo tecnológico se han convertido en elementos centrales para empresas, administraciones públicas y profesionales del Derecho Digital.

Con este enfoque, algunos miembros de ENATIC participaron en el curso de verano “Protección de datos en la empresa y las organizaciones: gobierno corporativo, gestión del riesgo y cumplimiento ante entornos tecnológicos complejos”, organizado por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en el marco de las actividades de verano 2026 de la Universidade da Coruña.

El curso, celebrado los días 15 y 16 de julio, reunió a más de 150 alumnos de forma presencial y contó con especialistas de distintos ámbitos para analizar el papel de la protección de datos en un contexto marcado por la transformación digital, el uso creciente de la inteligencia artificial y la aparición de nuevos riesgos tecnológicos.

En el curso participaron, entre otros, con sendas mesas redondas, Belén Arribas Sánchez, presidenta y Carlos Alberto Sáiz Peña, vicepresidente. También contó con la asisténcia de Esther García Encinas, vocal de la Junta.

Protección de datos, inteligencia artificial y gobernanza: un debate clave para las organizaciones

La incorporación de sistemas de IA en empresas y organizaciones no puede limitarse a una cuestión técnica. Exige estructuras de responsabilidad, mecanismos de control, evaluación de riesgos, supervisión humana y criterios de cumplimiento capaces de proteger los derechos de las personas.

Uno de los ejes principales del curso fue la necesidad de abordar la inteligencia artificial desde una perspectiva jurídica, organizativa y de gobernanza.

En este contexto, la protección de datos ocupa una posición especialmente relevante, no solo como obligación normativa, sino como elemento estructural de confianza, diligencia y buen gobierno corporativo.

¿Por qué la gobernanza de la IA exige la implicación de todas las instituciones?

Durante la inauguración del curso, el presidente de la AEPD, Lorenzo Cotino, destacó que la inteligencia artificial marca el inicio de una nueva etapa tecnológica que las organizaciones deben afrontar con decisión, pero también con responsabilidad.

La propia AEPD subrayó que la gobernanza de la IA exige la implicación de todas las instituciones y un compromiso especial de las empresas, destacando la colaboración con la AESIA, el Poder Judicial, el CTBG, la CNMV y otros organismos para construir un marco de confianza.

Este enfoque resulta especialmente relevante en un momento en el que el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, el RGPD y las nuevas obligaciones en materia de ciberseguridad, cumplimiento y resiliencia digital están configurando un marco cada vez más exigente para empresas, administraciones y profesionales.

Gobierno corporativo, gestión del riesgo y cumplimiento ante entornos tecnológicos complejos

A lo largo del curso se abordaron cuestiones esenciales para las organizaciones que desarrollan, contratan o utilizan sistemas tecnológicos avanzados:

  • Gobierno corporativo y responsabilidad de los órganos de dirección.
  • Gestión de riesgos tecnológicos.
  • Cumplimiento normativo en entornos digitales.
  • Protección de datos personales.
  • Inteligencia artificial y derechos fundamentales.
  • Evaluaciones de impacto.
  • Seguridad de la información.
  • Función del Delegado de Protección de Datos.
  • Coordinación entre privacidad, cumplimiento y gobernanza tecnológica.

Estos temas reflejan una realidad cada vez más clara: la transformación digital no puede gestionarse únicamente desde la innovación tecnológica, sino desde una visión integrada de Derecho, responsabilidad, organización y protección de derechos.

El papel de ENATIC en el debate sobre Derecho Digital e inteligencia artificial

La participación de miembro de ENATIC en este foro refuerza su compromiso con el análisis jurídico de la transformación digital y con la creación de espacios de diálogo entre instituciones, profesionales, empresas, administraciones públicas y academia.

La evolución de la inteligencia artificial plantea nuevos retos para la abogacía, los departamentos jurídicos, los responsables de cumplimiento, los delegados de protección de datos y todas aquellas organizaciones que deben integrar innovación tecnológica con garantías jurídicas.

Desde ENATIC continuamos trabajando para contribuir a este debate desde una perspectiva basada en el Derecho Digital, la protección de los derechos fundamentales, la seguridad jurídica y la innovación responsable.

Una inteligencia artificial basada en responsabilidad, confianza y garantías

El desarrollo de la inteligencia artificial exige algo más que adopción tecnológica.

Exige definir quién responde, cómo se gestionan los riesgos, qué garantías se aplican, qué papel desempeñan los órganos de gobierno y cómo se asegura que la innovación avance respetando los derechos de las personas.

La colaboración entre instituciones como la AEPD, la AESIA, universidades, profesionales y asociaciones especializadas resulta esencial para construir un modelo de gobernanza de la IA sólido, responsable y alineado con los valores del marco europeo.

Porque el reto no es únicamente incorporar inteligencia artificial en las organizaciones.

El verdadero reto es hacerlo con criterio jurídico, responsabilidad y confianza.

La Gira de Derechos Digitales concluye en Madrid

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El próximo 9 de abril tendrá lugar, en la sede del Consejo General de la Abogacía Española, la sesión de cierre de la Gira de Derechos Digitales, iniciativa coorganizada por la Abogacía Española y ENATIC. La jornada se celebrará en formato presencial y online, con carácter gratuito.

Este encuentro final tiene como objetivo poner en común las principales conclusiones extraídas a lo largo del ciclo, así como analizar el papel de la abogacía en el desarrollo de competencias digitales en un entorno jurídico cada vez más condicionado por la tecnología.

La sesión se abrirá con una apertura institucional a cargo de Salvador González, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, y de Jesús Herrero, director general de Red.es (pendiente de confirmación).

A continuación, la primera mesa, moderada por Berta Álvarez, estará dedicada a las conclusiones de la Gira de Derechos Digitales y contará con la participación de Belén Arribas, Leandro Núñez y José Manuel Muñoz, miembros de la Junta de ENATIC, quienes ofrecerán una visión de conjunto de los principales desafíos identificados a lo largo del ciclo y de cómo los derechos fundamentales se proyectan en el entorno digital.

La segunda mesa, moderada por nuestro socio Miguel Hermosa, abordará también las habilidades digitales y su impacto en la abogacía, analizando las competencias necesarias para el ejercicio profesional en un entorno cada vez más condicionado por la tecnología, con la participación de representantes institucionales y expertos del sector.

La jornada concluirá con un turno de preguntas y el cierre institucional, seguido de un espacio de encuentro entre los asistentes.

Puedes consultar el programa.

La Gira de Derechos Digitales recala en Bilbao

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El próximo 26 de marzo a las 16 horas, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia acogerá, en su sede de Bilbao, una nueva sesión de la Gira de Derechos Digitales, iniciativa coorganizada por el Consejo General de la Abogacía Española y ENATIC.

La sesión, que podrá seguirse en formato presencial y online, se enmarca en un ciclo orientado a trasladar al ejercicio profesional de la abogacía las implicaciones prácticas de los derechos digitales en un entorno marcado por la transformación tecnológica.

La jornada será presentada por Maite Morillo Quintanilla, decana del ICABizkaia; y contará con las intervenciones de Berta Álvarez Ciordia, coordinadora de la Fundación Abogacía y Derechos Humanos, y de José Leandro Núñez García, abogado especializado en Derecho digital y secretario general de ENATIC. A partir de sus aportaciones, se abordará la Carta española de Derechos Digitales como instrumento de referencia, analizando su alcance, su evolución y las cuestiones que plantea en su aplicación.

El encuentro permitirá asimismo situar este análisis en el contexto europeo, con atención a la Declaración sobre los Derechos y Principios Digitales de la Unión Europea, desde la perspectiva de cómo los derechos fundamentales existentes se proyectan en el entorno digital.

Esta actividad se desarrolla en el marco del Convenio suscrito entre Red.es, ENATIC y el Consejo General de la Abogacía Española, con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos NextGenerationEU.

Puedes consultar el programa e inscribirte.

Logroño se suma a la Gira de Derechos Digitales

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El próximo 19 de febrero, a las 16:30h, el Ilustre Colegio de la Abogacía de La Rioja acogerá una nueva parada de la Gira de Derechos Digitales, impulsada conjuntamente por el Consejo General de la Abogacía Española y ENATIC.

La jornada se celebrará en la sede del ICAR en Logroño, en formato híbrido (presencial y online), forma parte de un programa dirigido a reforzar la formación de la abogacía en un ámbito que está adquiriendo una creciente relevancia: la concreción de los derechos fundamentales en el entorno digital.

En esta sesión intervendrán Berta Álvarez Ciordia, coordinadora de la Fundación Abogacía y Derechos Humanos, y José Leandro Núñez García, abogado especializado en Derecho digital y secretario general de ENATIC, quienes analizarán la Carta española de Derechos Digitales, deteniéndose en su desarrollo y en los principales retos que plantea desde el punto de vista jurídico.

Junto a ello, se ofrecerá una visión del marco europeo, con referencia a la Declaración sobre los Derechos y Principios Digitales de la Unión Europea, poniendo el acento en la necesidad de adaptar los derechos ya existentes a las nuevas realidades tecnológicas.

La sesión se integra en las actuaciones desarrolladas al amparo del Convenio entre Red.es, ENATIC y el Consejo General de la Abogacía Española, orientado a impulsar la implementación de la Carta de Derechos Digitales.

Puedes inscribirte para asistir presencialmente, o verlo en streaming.

Badajoz acoge una nueva sesión de la Gira de Derechos Digitales

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El próximo jueves 5 de febrero, la Gira de Derechos Digitales hará parada en el Ilustre Colegio de Abogados de Badajoz, en una nueva sesión del ciclo formativo impulsado por el Consejo General de la Abogacía Española en colaboración con ENATIC. La jornada se celebrará en formato híbrido (presencial y online) y con asistencia gratuita.

Esta iniciativa tiene como objetivo acercar a la abogacía los principales retos que plantea la protección de los derechos fundamentales en el entorno digital, en un contexto marcado por la transformación tecnológica y la progresiva consolidación de nuevos marcos normativos europeos e internacionales.

La sesión se abrirá con la presentación institucional de Ildefonso Seller Rodríguez, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Badajoz. A continuación, intervendrán Berta Álvarez Ciordia, coordinadora de la Fundación Abogacía y Derechos Humanos, y José Leandro Núñez García, abogado especializado en Derecho digital y secretario general de ENATIC.

La jornada permitirá asimismo reflexionar sobre la consideración de los derechos digitales como derechos humanos de nueva generación y sobre su impacto práctico en el ejercicio profesional de la abogacía, concluyendo con un espacio de debate y preguntas con las personas asistentes.

La sesión de Badajoz se enmarca en el Convenio suscrito entre Red.es, Enatic y el Consejo General de la Abogacía Española, destinado a impulsar la implementación de la Carta de Derechos Digitales en los ámbitos de libertad, protección y seguridad en el mundo digital, con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos NextGenerationEU.

Puedes consultar más información sobre la sesión e inscribirte.

Unas cláusulas necesarias, un problema persistente

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¿Les suena de algo un tal Max Schrems? Así, en frío, es probable que muchos de ustedes no reconozcan este nombre; pero es, probablemente, la persona que más ha influido en las relaciones entre los Estados Unidos y Europa en materia de protección de datos. Dos sentencias del Tribunal de Justicia de la U.E. llevan su apellido, con consecuencias demoledoras en ambos casos: la declaración de invalidez de los acuerdos Safe Harbor (2015) y Privacy Shield (2020), ambos utilizados por la mayoría de empresas para amparar las transferencias internacionales de datos con sus clientes o proveedores estadounidenses.

Desde la caída del “Escudo de Privacidad”, hace casi un año, son muchas las voces que claman por un nuevo instrumento jurídico que ofrezca cobertura a unos flujos trasatlánticos de datos que, a menudo, son necesarios e inevitables. Máxime debido a que no disponíamos de herramientas apropiadas para dar respuesta a esta necesidad, toda vez que la única alternativa viable (las llamadas “cláusulas contractuales tipo”), aun permaneciendo vigente, databa de principios de siglo y no daba cobertura a muchos de los requerimientos del actual Reglamento General de Protección de Datos.

A pesar de su amplia difusión y de su empleo generalizado, la repercusión de estas cláusulas contractuales era muy limitada: su firma era percibida por la mayor parte de las empresas como un simple formalismo burocrático, un automatismo sin mayor relevancia práctica; y esto no gustaba a las autoridades de supervisión. De ahí que se considerase prioritario introducir, también en este tipo de instrumentos, el principio de responsabilidad proactiva, hilo conductor del RGPD.

En este contexto, la Comisión Europea acaba de aprobar un nuevo conjunto de cláusulas contractuales, significativamente más completas y flexibles que las anteriores. Desde su inminente entrada en vigor, las empresas contarán con un máximo de 18 meses para actualizar sus contratos; y lo podrán hacer en base a un planteamiento modular, que ofrece distintas alternativas en función de los roles que, a efectos de la normativa de protección de datos, desempeñen el importador y el exportador. Así, las nuevas cláusulas dan respuesta a realidades que anteriormente no estaban previstas, como los flujos entre encargados de tratamiento, las relaciones en las que participan una pluralidad de partes o la posibilidad de que una tercera empresa se adhiera a ellas en un momento posterior a su firma inicial. Y lo hacen procurando dar respuesta a las preocupaciones planteadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en ambas “sentencias Schrems”.

Ahora bien, no esperen que implementar este articulado sea tan sencillo como copiar y pegar su contenido y plasmar una firma: su uso ha de venir acompañado de un análisis documentado del marco jurídico aplicable al importador de datos, a efectos de evaluar si sus previsiones y contexto resultan suficientes para amparar la transferencia internacional, o si es preciso implementar garantías adicionales para lograr el “nivel de protección sustancialmente equivalente al garantizado dentro de la Unión” que exige el Tribunal de Justicia de la U.E. Esas garantías adicionales podrían ser añadidas libremente por las partes, en su caso, en la medida en que no contradigan su clausulado ni perjudiquen los derechos y libertades de los interesados; y deberían basarse en las recomendaciones publicadas al respecto por el Comité Europeo de Protección de Datos.

Todas estas novedades, plagadas de buenas intenciones, mejoran y complementan el marco jurídico de las transferencias internacionales de datos; pero desgraciadamente, siguen sin dar una respuesta ágil y eficiente al principal problema al que se enfrentan decenas de miles de empresas en toda la Unión Europea, que dependen tecnológicamente de proveedores estadounidenses con los que resulta poco menos que imposible negociar los concretos términos de un contrato. La opción que estos proveedores plantearán a sus clientes, con toda probabilidad, será la aceptación de contratos de adhesión basados en estas cláusulas; y me atrevo a pronosticar que en muchos de ellos, la responsabilidad proactiva y el análisis previo de riesgos brillarán por su ausencia. Aún así, la gran mayoría de las empresas los acatarán sin pensárselo, para dar cobertura formal a unos flujos de datos que eran legales hace un año y que ahora las colocan en serio riesgo de sanción… y su firma tenderá a convertirse nuevamente en un mero trámite, hasta que intervengan las autoridades de supervisión. Se antoja probable, pues, que la mera aprobación de estas nuevas cláusulas contractuales resultará insuficiente para superar la difícil coyuntura en la que nos encontramos. Suponen un paso adelante, sin duda, pero precisamos soluciones más ambiciosas.

Si me permiten opinar, el despegue de tecnologías como la inteligencia artificial, el machine learning y los servicios en la nube hacen que cada vez sea más necesario contar con un marco global común en materia de privacidad y protección de datos. Los esfuerzos europeos son loables, pero utópicos, e incluso ingenuos si no vienen acompañados por movimientos similares en el resto de los países del mundo, empezando por los Estados Unidos. Mientras no se alcance esta meta, no veo otra salida que continuar aprobando soluciones temporales, abocadas a la irrelevancia práctica o a ser invalidadas por la Justicia. ¡Espero equivocarme!