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Cuando se trata de asuntos que ocurren o suceden a través de o en Internet, la normativa local –y con ello me refiero a la del país en concreto en el que estamos ubicados- en la gran mayoría de veces es insuficiente.

Esto puede parecer una afirmación más que obvia; pero, ¿cuántas veces has oído hablar de la ley de protección de datos, la ley de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, del código penal,.. como normativas para solucionar conflictos online? Y sin embargo, éstas solo son aplicables de forma residual.

Partamos de la base de que, como ciudadanos asentados en España, nos asisten una serie de derechos, como por ejemplo, los del art. 20 de la Constitución Española: libertad de información y expresión. Y además, como ciudadanos que utilizamos internet, hacemos uso de los servicios que ofrece, y tenemos una cuenta en Gmail, en Facebook o  en Twitter.

Por lo general, este tipo de organizaciones suelen establecer su sede principal en Estados Unidos, y se acogen principalmente a la legislación estadounidense.  Aunque también es posible que alguna de estas empresas tenga una filial en Europa, y por ello, deba respetar en lo básico la normativa europea; al final, lo que termina regulando las relaciones entre ciberorganización e internauta, es un contrato privado de adhesión  que contiene una serie de términos y condiciones de uso, que el ciudadano ha de aceptar expresa o tácitamente.

Por ejemplo, en el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión -en base a la legislación española- podríamos postear en una red social un comentario, o subir una fotografía o imagen con la que expresáramos al mundo cibernético algo que nos gusta o nos disgusta, siempre y cuando no se sobrepasen los límites de aquella libertad.

Sin embargo, es posible que la plataforma online donde se posteara ese comentario o fotografía, pudiera tener otros estándares para filtrar si ese contenido sobrepasa o no lo que ellos consideran las fronteras de lo aceptable, con independencia del derecho que te asistiera en tu país.

Actualmente, las redes sociales están realizando el papel que las leyes que rigen los Estados no hacen: regular las conductas que están permitidas y las que no, en internet. A través de sus políticas de uso, las organizaciones que operan en internet prohíben determinados contenidos que entienden como abusivos, como por ejemplo, la incitación al odio. Sin embargo, ésta no deja de ser una interpretación no consensuada socialmente y subjetiva de lo que se entiende por abusivo.

De producirse una conducta considerada abusiva por la ciberorganización, el comentario sería eliminado sin previo aviso para el usuario y sin concedérsele el derecho a réplica.

Entonces, ¿qué ocurre cuando ese discurso que la red social califica como incitación al odio se considera de interés periodístico para la mayoría de los internautas? ¿Y si esto se produce sistemáticamente con un determinado tema político o social de interés para la ciudadanía? ¿Estamos dejando, en el fondo, en manos de las organizaciones que dominan internet la regulación de nuestra sociedad? ¿Acaso esto no vulnera los derechos más inherentes al ser humano: poderse expresar libremente, e informar y ser informado?

La conclusión a todas estas reflexiones no puede ser otra:  empieza a ser necesario un ciberderecho mundial que entre de lleno a regular las relaciones que se mantienen a través de internet, ya que el ciberespacio no está localizado en un concreto punto del planeta, sino en muchos de forma simultánea. Relaciones que no por ser cibernéticas dejan de crear derechos y obligaciones para las partes; relaciones que muchas veces tienen como consecuencia abusos que son socialmente reprochables y que, además, tienen una repercusión real nefasta en el desarrollo de nuestra personalidad.

 

Miriam García López
Abogada en ciberderecho.com