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Es innegable que las cifras de negocio del sector de las TICs se han visto incrementadas en los últimos años, tanto en volumen como en actores implicados, siendo un relevante indicador económico de la globalización de los mercados, con la aparición en la última década de grupos empresariales de notable capacidad de influencia y decisión sobre todos los stakeholders, incluidos los organismos reguladores.

No parece tampoco cuestionarse el proceso expansivo de la llamada “robolución”, distinta a las anteriores revoluciones industriales por la velocidad y virulencia de sus cambios disruptivos, con efectos también en otras áreas como la agricultura, el transporte, la asistencia sanitaria, la seguridad o, en general, reconfigurando los servicios comunes de las ciudades (smatcities); también el sector legal, tanto en las técnicas del management de despachos, como en los contenidos de las áreas de práctica y formas de relacionarse con los clientes. Las amplias consecuencias de la “ola robótica-inteligencia artificial” se extienden hasta el ámbito público, abocado, parece al fin, por imperativo legal, a la transformación en verdadera administración electrónica.

En este contexto de grandes innovaciones, pero mayores incertidumbres, se detectan algunas paradojas (S. Zamagni) como el aumento de las desigualdades extremando  las diferencias entre clases sociales (Branko Milanovic); la creación de nuevas ocupaciones tecnológicas y el desempleo endémico (la categoría de los Not in Education, Employment or Training); o la destrucción del medio ambiente, con sus graves implicaciones en el desarrollo de generaciones futuras, respecto de las que la pujante actividad de las TICs no se encuentra al margen.

Una muestra del debate y preocupación por los importantes cambios actuales, es el ampliamente divulgado Informe del Parlamento Europeo con las recomendaciones a la Comisión sobre robótica, con propuestas como la creación de una personalidad electrónica, o un código ético para robots, y que reflexiona sobre los inmediatos impactos negativos, en particular, en la destrucción y precariedad del empleo y la difícil transición hasta que se haya consolidado el nuevo modelo productivo; advertencia para los países desarrollados formulada también desde otros organizaciones como las Naciones Unidas.

Ante estos tiempos de “modernidad líquida” (Z. Bauman), muchos son los que claman por superar el esquema del empresario, en particular el boyante TIC, obligado exclusivamente a no causar estrictamente perjuicios directos o indirectos según establezcan los mínimos de la legalidad aplicable. Así la evolución ideológica de la dirección estratégica ha caminado desde el individualismo libertario al personalismo; de la economía política (separada de la Ética y la Política) a la economía civil; del negocio bajo la premisa de la maximización de la ganancia (homo homini lupus) a ser un instrumento contribuyente del bien común (homo homini natura amicus).

En este último sentido, podemos destacar especialmente, entre las diversas estrategias y acciones recientemente adoptadas, los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, referentes a los derechos humanos, laborales, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción;  los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, por citar solo algunas, con multitud de líneas y planes de actuación, que sitúan a la empresa en el epicentro de las medidas que deben contribuir a paliar las desigualdades de la Revolución 4.0 y la mejora de la sociedad con la que interactúa.

Pero también deben enfatizarse las oportunidades y ventajas que supone la implicación en políticas y prácticas socialmente responsables, dando así respuesta a las demandas de transparencia de empleados, accionistas, proveedores y clientes, muchos dispuestos a pagar un extra por aquellos productos o servicios que provengan de compañías que han implementado programas que retribuyen a la sociedad; igualmente atendiendo a las expectativas de la ciudadanía digital y los grupos sociales interesados en conocer no sólo cómo se invierten los beneficios de los negocios, sino de dónde se obtienen; cooperando a la lucha contra la corrupción, la sostenibilidad ambiental y la solidaridad; o diferenciando los productos y servicios de otros competidores en los valores que se perciben en la reputación de la marca y en la organización que los produce o presta, con su compromiso con el entorno local y global del que forma parte.

Esos beneficios para las empresas responsables se expanden aún más al sector TIC, proclive a la internacionalización de sus negocios, donde es vital lograr organizaciones eficientes y rentables, mediante acciones que facilitan el acceso a mercados nacionales, con resultados de percepciones positivas reputacionales, lo que conlleva la atracción de inversores, partners, consumidores y talento laboral. Para ello se deben implementar políticas de aportación de valor, por ejemplo, en transparencia financiera y tributaria, rendición de cuentas, diligencia debida con proveedores locales, atención del cliente, inclusión de la diversidad y protección del medio ambiente (economía circular).

Desde el ámbito de la consultoría jurídica, con independencia de la recomendable y propia implicación, se abre la posibilidad de apoyar esa necesaria reorientación del negocio con servicios enfocados desde la perspectiva de integrar la responsabilidad social desde la misma estrategia corporativa. Como ejemplo de áreas de práctica en esta materia, dirigidas al sector privado, en especial el de las TIC y startups, pero también para las administraciones públicas, se pueden mencionar:

• Guías para la acción empresarial y la implantación de los Principios del Pacto Mundial y Objetivos de Desarrollo Sostenible, elaboradas por Global Reporting Initiative, Pacto Global de las Naciones Unidas o el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible.

Estándares certificables:

• IQnet SR10, basado en la Norma ISO 26000, los Principios del Pacto Mundial, los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, las directrices de la Unión Europea, etc.
• SA 8000, para el establecimiento o la mejora de los derechos de los trabajadores y las condiciones del lugar de trabajo.
• SGE 21 (Forética – España), para la gestión ética y socialmente responsable.
• Sello BEQUAL (Fundación Bequal – España), referente en identificación y visibilidad de organizaciones socialmente responsables con las personas con discapacidad.

Subsistemas de gestión, para la implementación de determinadas actuaciones exigidas por los estándares anteriores, con ventajosa posibilidad de integrar los mismos en un marco de directrices comunes (Norma ISO 19600):

• Prevención de riesgos penales: sistemas de gestión de compliance penal (Norma UNE 19601), sistemas de anticorrupción (Norma ISO 37001), prevención del blanqueo de capitales, seguridad de la información (Norma ISO 27001) y protección de datos personales.
• Gestión ambiental (Norma ISO 14001) de la calidad (Norma ISO 9001).
• Prevención de riesgos laborales (Norma OHSAS 18001).
• Accesibilidad universal (Norma UNE 170001).
• Legislación y prácticas de ámbito internacional, nacional, autonómica y local sobre transparencia y buen gobierno.
• Memorias de sostenibilidad, bajo estándares como el Global Reporting Initiative, para aquellas organizaciones que desean o tienen la obligación de informar sobre los aspectos económicos, medioambientales y sociales de sus actividades, productos y servicios.

Todos los instrumentos anteriores tienen en común la necesidad de ser promovidos e impulsados en particular por los directores de responsabilidad social (dirses) que se constituyen como segunda línea de defensa de sus organizaciones y palanca de transformación empresarial, liderando los programas sociales y mejorando el engagement con los stakeholders; también en sintonía con las últimas tendencias en intangibles, que señalan como principales preocupaciones de los directivos la gestión de la confianza, la digitalización, la sostenibilidad o la transparencia mediante nuevas formas de comunicar, pasando del puro reporting al storytelling.

Es aquí donde los dirses deben trabajar junto con los compliance officers y otras funciones internas de la empresa, para asegurar y asumir la gobernanza del cumplimiento de todos los compromisos derivados de las políticas de responsabilidad social y la mitigación de restantes riesgos reputacionales.

En definitiva un importante reto para todos el de la “robolución” y a la vez una gran oportunidad, seguramente bajo la premisa machadiana de “repensar lo pensado y de saber lo sabido”.

Mauricio Rodríguez Bermúdez
Abogado – Codirector de “R&B = a+c”
www.rbac.es