La rebaja jurisprudencial del Derecho de protección a la información personal en la videovigilancia de los trabajadores.
La Sentencia 39/2016, de 3 de marzo de 2016[1] de nuestro Tribunal Constitucional, se suma al amplio catálogo de pronunciamientos jurisprudenciales relativos a la utilización de sistemas de videovigilancia por parte de las empresas, que han ido acotando esta herramienta y la forma en la que puede válidamente llevarse a cabo.
Esta sentencia ha ampliado la posibilidad de introducir la videovigilancia dirigida al control de la actividad laboral, incluso de forma permanente, sin que haya una información previa y específica por la que los trabajadores puedan conocer la existencia de dicho control[2].
Su relevancia se debe al nuevo alcance que el derecho de información tiene para la protección de la información personal. Según se afirma en su texto «tiene especial trascendencia constitucional (art. 50.1 b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional), pues las especificidades propias del caso permiten a este Tribunal perfilar o aclarar su doctrina en relación con el uso de cámaras de videovigilancia en la empresa que ya se habían perfilado en anteriores sentencias» citándose la número 155/2009, de 25 de junio, (FJ 2 b).»
Se pretende así, continúa «aclarar el alcance de la información a facilitar a los trabajadores sobre la finalidad del uso de la videovigilancia en la empresa: si es suficiente la información general o, por el contrario, debe existir una información específica (tal como se había pronunciado la STC 29/2013, de 11 de febrero). »
Efectivamente este criterio ha sido seguido posteriormente en otros pronunciamientos como la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 31 de Enero de 2017[3], aunque en en este caso el trabajador conocía la ubicación de las cámaras, en su FD 1,4º destaca que «debe tenerse presente también, la nueva doctrina que ha sentado el Tribunal Constitucional sobre la materia, en su reciente sentencia de 3 de marzo de 2016, donde ha rebajado las exigencias informativas que debe facilitar la empresa al trabajador cuando instala un sistema de video-vigilancia, como luego se verá«.
Este criterio, según se indica ya se había aplicado en la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 7 de Julio de 2016.
Entre la sentencia del Tribunal Constitucional y las del Tribunal Supremo ha surgido sin embargo un hecho trascendental y que es la vigencia (pendiente de ser de plena aplicación) del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos y de libre circulación de estos de 27 de abril de 2016 y que no ha sido tenido en cuenta, ni siquiera en la aplicación del principio de transparencia en el tratamiento de la información personal al que luego nos referiremos.
Esta norma llevará a otras lecturas relativas a cómo evoluciona y se ha de tratar el concepto de información personal, o Derecho de protección de datos personales, y que deberá ser resuelta teniendo en cuenta parámetros muy distintos para efectuar la ponderación de derechos que en la actualidad se tienen en cuenta para resolver el conflicto de intereses jurídicos: derecho a la información personal/legítimo interés empresarial.
Por tanto el nuevo criterio seguido por el Tribunal Constitucional nos parece criticable por dos razones:
1.- La primera basada en el criterio de los Magistrados de este Tribunal que han añadido sendos votos particulares a la sentencia y en los que se habla (Valdes Dal-Re) «de retroceso en la protección de los derechos fundamentales de las personas que prestan un trabajo asalariado y que vengo denunciando en los últimos años…» y «…que revela una orientación que tiende a vaciar de contenido sustantivo un modelo constitucional de relaciones laborales acorde con el Estado social y democrático de Derecho .» [4]
2.- La segunda por una inexplicable confusión conceptual, entre el derecho a la intimidad y el derecho de Protección de Datos, lo que conlleva una defectuosa defensa de la esencia de este último como Derecho fundamental[5], separándose de la propia doctrina del Tribunal Constitucional que su Sentencia 292/2000 contribuyó acertadamente a crear. Es como si el tiempo transcurrido permitiese obviar la trascendencia que tiene para el Derecho de protección de datos su autonomía frente a otros Derechos fundamentales[6].
Lo más relevante es determinar si la instalación de las cámaras tiene que servir para que la empresa pueda legítimamente prevenir su patrimonio empresarial o si esto puede servir para «atrapar»[7] (como afirma VALDES DAL-RE) al posible culpable.
Dado que hubo una evidente infracción laboral la sentencia ofrece pocas dudas en cuanto a su resultado, pero sin embargo sí que cabría pensar en que hubiese sucedido si las empresas informasen de la medida de control desde el comienzo, ya que seguramente no se daría lugar a cometer ningún ilícito laboral siendo innecesario tener que despedir.
Por tanto nos encontramos con un ejemplo práctico de como la defensa débil de un derecho por parte de los ciudadanos, como es el de privacidad, nos lleva a soluciones más ineficaces, que configuran además una sociedad mucho menos justa.
Hoy el principio que establece la nueva norma europea no solo es el de información sino el de transparencia[8] lo que no deja de ser relevante para el tema analizado una vez que esta sea de aplicación plena, lo que augura nuevos criterios jurisprudenciales antes los cuales deberemos encontrarnos debidamente prevenidos.
Roberto L. Ferrer Serrano
ABOGADO en Aralegis
www.aralegis.es
Profesor Asociado Area Derecho Laboral. Univ. de Zaragoza
@robertoferrer21
https://www.linkedin.com/in/roberto-l-ferrer-serrano-4605b020/
[1] Tribunal Constitucional. Pleno. Sentencia 39/2016, de 3 de marzo de 2016. Recurso de amparo 7222-2013. BOE 8 de abril de 2016. Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad y a la protección de datos: despido basado en las imágenes captadas por una cámara de videovigilancia instalada sin comunicación previa a la trabajadora.
[2] GOÑI SEIN, J.L. Instalación de cámaras de videovigilancia para la obtención de pruebas y deber de información previa. RESEÑAS DE JURISPRUDENCIA (ENERO-JUNIO 2016) ARS IURIS SALMANTICENSIS, VOL. 4, DICIEMBRE 2016, 288-291. «La nueva orientación que emerge de la sentencia del tc flexibiliza el requisito esencial del deber de información previa del derecho fundamental del artículo 18.4 ce hasta el punto de convertirlo en una exigencia meramente formal»
[3] Sentencia Tribunal Supremo Sala de lo Social, Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA accesible desde: <http://www.poderjudicial.es/search_old/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7950854&links=&optimize=20170306&publicinterface=true>
[4] Voto particular del Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré a la Sentencia 39/2016, de 3 de marzo de 2016. Recurso de amparo 7222-2013. BOE 8 de abril de 2016, al que se adhiere la Magistrada doña Adela Asua Batarrita(F.I.1).
[5] Por ejemplo, se afirma en la sentencia a la que nos referimos que: «para el Ministerio Fiscal el derecho a la intimidad de la recurrente en amparo resultaba justificadamente limitado, en tanto la filmación se ceñía a la observación del espacio en el que se ubicaba la caja registradora» (FD 1).
También en la sentencia se produce esta confusión al afirmar que « ha ponderado adecuadamente que la instalación y empleo de medios de captación y grabación de imágenes por la empresa ha respetado el derecho a la intimidad personal de la solicitante de amparo…«.
[6]Tribunal Constitucional. Pleno. Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre de 2000. Recurso de inconstitucionalidad 1.463/2000. Promovido por el Defensor del Pueblo respecto de los arts. 21.1 y 24.1 y 2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Vulneración del derecho fundamental a la protección de datos personales. Nulidad parcial de varios preceptos de la Ley Orgánica.
[7] Voto particular del Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré a la Sentencia 39/2016, de 3 de marzo de 2016. Recurso de amparo 7222-2013. BOE 8 de abril de 2016, al que se adhiere la Magistrada doña Adela Asua Batarrita(F.II.C.5)
[8] El Considerando 39 del nuevo Reglamento Europeo establece que «Para las personas físicas debe quedar totalmente claro que se están recogiendo, utilizando, consultando o tratando de otra manera datos personales que les conciernen, así como la medida en que dichos datos son o serán tratados.»
Este Reglamento si bien se encuentra ya en vigor, su aplicación plena tendrá lugar en Mayo de 2018.