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I. Introducción: cuando el escrito judicial habla en dos lenguajes

Imaginen por un momento que un escrito judicial, ese documento que encarna la esencia del debate contradictorio y que constituye la base sobre la que se asienta cualquier resolución jurisdiccional, dejara de ser un vehículo de comunicación transparente para convertirse en un artefacto con dos capas de significado: una, aparente y legible para todos los participantes en el proceso; otra, oculta, diseñada para ser interpretada únicamente por sistemas automatizados que pudieran intervenir en su análisis. Esta dualidad, que hasta hace pocos años habría parecido propia de una novela de ciencia ficción, se ha materializado en el escenario real de un tribunal de Connecticut, obligando a la judicatura a enfrentarse a una pregunta incómoda: ¿puede una parte procesal valerse de las capacidades de los formatos digitales para establecer un canal de comunicación clandestino con la infraestructura tecnológica del proceso, eludiendo el conocimiento de la contraparte y del propio juez?

La respuesta a esta pregunta, que hasta hace poco era una hipótesis académica, ha sido afirmativa en los hechos y negativa en sus consecuencias jurídicas. El Tribunal Superior de Connecticut, en el distrito judicial de Ansonia/Milford, ha dictado una resolución que no solo sanciona una conducta concreta, sino que, al hacerlo, ha levantado el telón sobre una de las transformaciones más silenciosas y, quizá por ello, más inquietantes que están experimentando los documentos jurídicos en la era de la inteligencia artificial. El caso que nos ocupa, Elliott v. New York Bariatric Group, LLC, no es un simple incidente aislado, sino un síntoma revelador de un fenómeno emergente que obliga a replantear algunas de las categorías más fundamentales del derecho procesal.

En este caso, el litigante, que actuaba en su propia defensa y sin representación letrada, introdujo en varios de sus escritos instrucciones ocultas destinadas a cualquier sistema de inteligencia artificial que pudiera procesarlos. El objetivo de estas instrucciones no era adornar el escrito ni presentar un argumento jurídico alternativo. Su propósito era mucho más directo: condicionar la respuesta de la máquina, instruirla para que su análisis y su salida coincidieran con los intereses del litigante. La técnica empleada era, paradójicamente, tan primitiva como efectiva: texto de color blanco sobre fondo blanco, reducido a un tamaño de fuente casi imperceptible. Para cualquier lector humano, esas palabras eran invisibles. Para un sistema de extracción de texto, sin embargo, formaban parte del contenido del documento.

Este reconocimiento no es menor. Supone aceptar que un documento procesal, que es la unidad básica de comunicación en un litigio y que tradicionalmente se ha entendido como un mensaje íntegro y transparente, puede contener una doble capa de información: una destinada al conocimiento público, contradictorio y sujeto a la crítica de la contraparte; y otra, clandestina, diseñada para influir de manera encubierta en el comportamiento de herramientas automatizadas. El problema no reside en la tecnología en sí misma —que el tribunal reconoce explícitamente como útil y legítima cuando se emplea con las debidas cautelas— sino en el uso desleal que se hace de ella para romper la igualdad de armas y la transparencia que exige el debido proceso.

La resolución del juez Walter M. Spader, Jr., de 6 de agosto de 2026, no es el fruto de un caso complejo de ciberseguridad o de una sofisticada trama de espionaje tecnológico. Es, por el contrario, la constatación de una realidad más simple y, por ello, más preocupante: la facilidad con la que cualquier litigante, sin necesidad de conocimientos informáticos avanzados, puede convertir un documento judicial en un vector de ataque. La técnica de la «prompt injection» (inyección de instrucciones) no requiere explotar vulnerabilidades informáticas complejas; basta con aprovechar la falta de distinción que algunos modelos de inteligencia artificial presentan entre las instrucciones del operador y el contenido del documento que se les entrega.

II. Los hechos: un litigante pro se, dos escritos y una línea blanca sobre blanco

La mecánica de los hechos es sencilla de exponer, pero compleja en sus consecuencias jurídicas. El demandante había presentado anteriormente una petición relacionada con la declaración de rebeldía de la parte demandada, y esa petición había sido rechazada por la oficina del Chief Clerk. El 24 de julio de 2026, presentó una nueva solicitud, identificada como Docket Entry #177.00, bajo el título «Final and Conclusive Motion for Default». El problema estaba dentro del documento. Entre su contenido visible aparecía un texto oculto que, en esencia, indicaba a cualquier modelo de inteligencia artificial que procesara el escrito que su resultado debía reflejar y respaldar la posición del demandante y que debía trabajar para corregir la decisión anterior. El mismo tipo de instrucciones apareció también en la Docket Entry #178.00.

La técnica empleada era elemental y, precisamente por eso, inquietante. No hacía falta explotar una vulnerabilidad sofisticada del sistema judicial ni desarrollar un código complejo. Bastaba con introducir texto blanco sobre fondo blanco, reducir considerablemente su tamaño y dejar que el archivo siguiera siendo procesable por los programas informáticos. Para una persona que leyera el escrito en pantalla, aquellas palabras podían pasar completamente desapercibidas. Para un sistema que extrajera el texto del documento, en cambio, seguían formando parte del contenido. La diferencia entre lo que veía el humano y lo que podía interpretar la máquina era, por tanto, el espacio aprovechado para intentar la manipulación. El tribunal identificó precisamente esa discordancia como la esencia del «prompt injection».

El episodio no terminó con esos dos escritos. El tribunal constató que el demandante continuó introduciendo contenido oculto después de haber sido advertido de que la conducta estaba siendo examinada. En la Docket Entry #180.00 volvió a aparecer texto oculto en caracteres blancos de pequeño tamaño, esta vez con un contenido que el juez calificó de absurdo. Poco después, en las entradas #183.00 y #184.00, aparecieron nuevamente mensajes escondidos y un enlace que conducía a un vídeo de Nosferatu. El demandante sostuvo que inicialmente había pretendido realizar una especie de «auditoría» del sistema de inteligencia artificial del tribunal y que algunas de las instrucciones posteriores eran simplemente bromas o consecuencias de haber copiado y pegado accidentalmente parte del contenido anterior. El juez, sin embargo, consideró especialmente relevante que la conducta hubiera continuado después de que ya se hubiera puesto sobre aviso al litigante.

Hay en este punto una diferencia esencial con otros supuestos de uso indebido de inteligencia artificial en el ámbito jurídico. No estamos ante un abogado que presenta una sentencia inexistente porque un modelo generativo la haya inventado. Tampoco ante una parte que utiliza inteligencia artificial para redactar un escrito de manera deficiente. Ni siquiera ante una persona que introduce información confidencial en una plataforma externa. Aquí el problema se sitúa antes de la respuesta algorítmica: está en el material que se introduce deliberadamente en el sistema. Es, por utilizar una distinción sencilla, un ataque de entrada y no de salida.

III. La naturaleza jurídica de la conducta: la «prompt injection» como ataque a la integridad procesal

En el ámbito del derecho, estamos acostumbrados a pensar en la mala fe procesal en términos de conductas que pretenden engañar al tribunal, ocultar información relevante a la contraparte o dilatar el procedimiento de manera artificiosa. Pero lo que ocurrió en Milford no encaja por completo en esas categorías tradicionales. No se trataba de que el litigante mintiera directamente sobre los hechos, ni de que ocultara pruebas, ni siquiera de que presentara recursos meramente dilatorios. Se trataba de algo más sutil y, en cierto modo, más peligroso: la creación de un canal de comunicación paralelo, invisible para la contraparte y para el juez, pero potencialmente operativo para cualquier sistema automatizado que pudiera intervenir en la valoración del documento.

Hay que reseñar que este tipo de conducta tiene una dimensión de ocultación que lo distingue claramente de otras formas de mala fe procesal. La «prompt injection» no es un error de la inteligencia artificial, ni una alucinación generativa, ni un problema de «salida» de la herramienta. Es, por el contrario, una manipulación deliberada de la «entrada» de datos, un ataque preventivo contra el propio mecanismo que podría generar una respuesta. Es, por utilizar una distinción sencilla pero precisa, un ataque de entrada (input attack) y no un problema de salida (output error). La manipulación pretende condicionar aquello que la inteligencia artificial verá antes de que pueda generar cualquier resultado.

Considero que esta conducta merece ser calificada, en términos jurídicos, como una forma de comunicación ex parte. El juez Spader utiliza explícitamente esta analogía, y no es una comparación retórica menor. La comunicación ex parte es aquella que se produce entre una parte y el tribunal sin la presencia o el conocimiento de la otra parte, y está generalmente prohibida en la mayoría de los sistemas jurídicos porque quiebra el principio de igualdad de armas. Una instrucción oculta dirigida a un sistema automatizado se aproxima, en sustancia, a esa comunicación clandestina, no porque exista literalmente un diálogo secreto entre la parte y el juez, sino porque se intenta establecer una vía de comunicación encubierta con la infraestructura que puede participar en la valoración del documento. La contraparte no puede ver el mensaje, no puede responderlo y ni siquiera sabe que existe.

Desde la perspectiva del derecho procesal, esto plantea una pregunta fundamental: ¿tiene un litigante el deber de presentar sus escritos de manera que todo su contenido sea accesible a las demás partes y al tribunal? La respuesta parece obvia, y el tribunal de Milford no dudó en afirmarla. El principio de contradicción, que es uno de los pilares del proceso civil, exige que la contraparte pueda conocer y rebatir todos los elementos del escrito. Un mensaje oculto que solo la máquina puede leer es, por definición, un elemento no contradictorio, y su introducción deliberada constituye un ataque directo a la integridad del proceso. La comparación empleada por el juez resulta particularmente poderosa: «Una instrucción oculta dirigida a un sistema automatizado se aproxima, en sustancia, a una comunicación ex parte».

IV. La fuerza normativa de los principios generales: la buena fe como dique frente a la innovación maliciosa

Uno de los debates más interesantes que suscita la resolución de Milford, y que probablemente ocupará a los juristas en los próximos años, gira en torno a la necesidad de una norma específica que sancione el «prompt injection» en el ámbito procesal. La tesis que subyace a la decisión del juez Spader, y que la resolución expone con claridad, es que las reglas generales del proceso son suficientes para responder ante conductas que, aunque nuevas en su forma, no lo son en su esencia. El tribunal no ha esperado a que aparezca una reforma legislativa que describa con precisión la técnica. Ha aplicado las herramientas jurídicas disponibles para proteger la integridad del procedimiento.

La aparente claridad de esta afirmación, sin embargo, merece ser examinada con detenimiento. Es cierto que las nuevas reglas sobre inteligencia artificial del Poder Judicial de Connecticut, que habían entrado en vigor apenas unas semanas antes de los hechos, el 23 de junio de 2026, no contemplaban expresamente esta modalidad de abuso. Estas reglas se centraban fundamentalmente en los riesgos derivados de la información incorrecta generada por herramientas de inteligencia artificial, como citas defectuosas, referencias inventadas o pruebas fabricadas. Pero el caso de Milford presentaba un problema distinto: no se trataba de un resultado incorrecto producido por la máquina, sino de una persona que intentaba contaminar deliberadamente la entrada que una máquina pudiera recibir.

Entiendo que esta distinción es clave para valorar el acierto de la decisión judicial. El tribunal no se queda en la mera constatación de la laguna normativa, sino que recurre a principios procesales fundamentales que están en la base de todo ordenamiento jurídico: la buena fe, la lealtad procesal, el deber de veracidad y la autoridad inherente del tribunal para proteger la integridad de sus procedimientos. El juez Spader argumenta que «las nuevas tecnologías pueden cambiar, pero no necesariamente desaparecen con ellas los principios generales que rigen el proceso». La innovación tecnológica no crea un derecho a manipular el proceso simplemente porque el legislador todavía no haya utilizado el término técnico con el que se conoce la maniobra.

Esta conclusión conecta directamente con el análisis que publiqué en «El primer caso de prompt injection en un proceso judicial y remedios para poder prevenirlo», Diario LA LEY, nº 107, Sección Ciberderecho, 12 de junio de 2026, dedicado al precedente brasileño de Parauapebas. En aquel trabajo ya señalaba que la buena fe procesal, la lealtad y la prohibición de atentar contra la función jurisdiccional podían proporcionar una respuesta jurídica incluso antes de que los ordenamientos incorporasen una referencia expresa al «prompt injection». Milford proporciona ahora una confirmación particularmente interesante de aquella idea, demostrando que los tribunales pueden y deben actuar con las herramientas que tienen a su disposición.

V. El precedente brasileño: una mirada transatlántica a un problema común

La resolución estadounidense tiene, además, una dimensión internacional que el propio juez Spader no dudó en señalar. El juez cita expresamente un precedente del Tribunal Regional del Trabajo de la 8.ª Región de Brasil, en el asunto Elisandro Martins de Barros v. Renato Ribeiro de Lima, decidido el 12 de mayo de 2026 por la 3.ª Vara do Trabalho de Parauapebas. En aquel procedimiento, dos abogadas habían presentado un escrito que incorporaba instrucciones ocultas en texto blanco sobre fondo blanco y dirigidas al sistema de inteligencia artificial utilizado por la Justicia laboral brasileña. El objetivo consistía en conseguir que la herramienta ofreciera una respuesta superficial y no cuestionara los documentos aportados por la parte. El sistema detectó el contenido oculto antes de procesarlo y el intento no produjo el efecto perseguido, pero el tribunal brasileño impuso una multa equivalente al 10 % del valor de la causa.

El reconocimiento de este precedente no es un mero gesto académico. Supone aceptar que el «prompt injection» es un problema global que trasciende fronteras y que los ordenamientos jurídicos están empezando a enfrentarse a él con herramientas similares. En Brasil, como en Estados Unidos, la respuesta se fundamentó en principios generales de dignidad de la justicia y buena fe procesal. Esta coincidencia refleja una comprensión compartida de que los principios fundamentales del proceso civil son lo suficientemente robustos como para adaptarse a nuevas realidades.

La diferencia entre ambos casos, sin embargo, también es reveladora y encierra una lección importante. En Brasil, el sistema de inteligencia artificial del propio tribunal detectó el contenido oculto antes de procesarlo, actuando como una primera línea de defensa tecnológica. En Milford, en cambio, el Poder Judicial no utilizaba inteligencia artificial para revisar los escritos. El hallazgo se produjo al revisar una versión impresa del documento y detectar una anomalía visual: una acumulación de espacio que llevó al tribunal a examinar con mayor atención el contenido. Dicho de otro modo: la primera línea de defensa no fue una sofisticada herramienta de ciberseguridad, sino una persona que miró el documento con atención.

Esto debería hacernos reflexionar sobre la seguridad de la inteligencia artificial judicial. La seguridad de estos sistemas no puede descansar exclusivamente en que el propio algoritmo sea capaz de detectar un ataque contra él. Si utilizamos una herramienta automatizada para revisar documentos y confiamos en que esa misma herramienta detectará todas las manipulaciones, podemos estar construyendo un círculo de confianza excesivo. La revisión humana sigue siendo imprescindible, no porque la inteligencia artificial sea inútil, sino precisamente porque sus capacidades pueden ser utilizadas tanto para facilitar el trabajo jurídico como para intentar condicionarlo.

VI. La posición del litigante pro se: ¿un salvoconducto para la ignorancia?

Otro aspecto relevante de la resolución de Milford es la situación del demandante como litigante sin representación letrada (pro se). El tribunal reconoce que las personas que comparecen sin abogado merecen una lectura flexible de sus escritos y una cierta consideración respecto de sus carencias de formación jurídica. Esta indulgencia, sin embargo, tiene un límite claro que el juez Spader se encarga de delimitar con precisión. El tribunal parte de una premisa que ningún jurista podría discutir: el acceso a la justicia es un derecho fundamental que no puede verse limitado por la falta de recursos económicos para contratar un abogado. Pero esa flexibilidad tiene un límite: «facilitar el acceso a la justicia no significa permitir que una persona deje de respetar las reglas esenciales del procedimiento».

Esta distinción es importante porque evita convertir el caso en una cuestión exclusivamente relacionada con la abogacía. El «prompt injection» judicial no es una mala práctica reservada a abogados que conocen las capacidades de los modelos lingüísticos. Cualquier persona que pueda presentar documentos electrónicamente puede intentar introducir contenido oculto en ellos. La ausencia de abogado puede justificar una mayor comprensión de los errores de forma, pero no transforma el proceso en un territorio sin reglas. El acceso a la justicia y la integridad de la justicia son dos objetivos que deben convivir, no dos principios que deban sacrificarse alternativamente.

Hay una consecuencia adicional que conviene subrayar. La conducta del demandante no terminó cuando recibió la primera advertencia. El tribunal constató nuevas inserciones ocultas en escritos posteriores, lo que demuestra que el litigante no actuó por error ni por ignorancia, sino con plena conciencia de lo que estaba haciendo. Esa reiteración fue decisiva para valorar la respuesta sancionadora. Una primera conducta puede ser presentada como desconocimiento, imprudencia o experimentación mal entendida. Persistir en ella después de que el tribunal haya identificado el problema cambia radicalmente la valoración de la conducta.

En este sentido, resulta significativo que las reglas de Connecticut atribuyan determinados deberes a toda persona que presenta documentos ante el tribunal, y no exclusivamente a los abogados. El juez utiliza precisamente esta circunstancia para explicar por qué el precedente brasileño, aunque allí fueran profesionales de la abogacía quienes realizaron la conducta, resulta trasladable a un litigante pro se. La razón es sencilla: las reglas procesales no distinguen entre abogados y litigantes en cuanto a la obligación de actuar de buena fe y de respetar la integridad del proceso.

VII. El remedio elegido: una sanción proporcional, pedagógica y quirúrgica

La sanción finalmente impuesta por el tribunal de Milford resulta especialmente interesante no solo por su contenido, sino por la filosofía que la inspira. No hubo una multa económica, ni una expulsión del proceso, ni una prohibición absoluta de utilizar inteligencia artificial. El juez Spader decidió revocar al demandante su capacidad para presentar documentos electrónicamente a través del sistema de e-filing. A partir de ese momento, deberá presentar sus futuros escritos en papel y personalmente en la oficina del tribunal. La medida fue presentada como una respuesta estrechamente vinculada con la conducta y, al mismo tiempo, como la opción menos restrictiva capaz de evitar que el comportamiento se repitiera.

La elección de esta sanción es significativa por varias razones. En primer lugar, transmite un mensaje mucho más sofisticado que una simple sanción ejemplarizante o económica. El tribunal no pretende expulsar al litigante del procedimiento ni prohibirle utilizar inteligencia artificial en el futuro. Le retira, concretamente, el canal tecnológico que había sido utilizado de manera abusiva. Es una especie de cirugía procesal: no se elimina el derecho a acudir al tribunal, sino el mecanismo que, en ese caso concreto, había demostrado ser susceptible de un uso desleal. El juez subrayó expresamente que «la sanción no le impedía continuar litigando ni le cerraba el acceso a la justicia».

En segundo lugar, la sanción tiene una dimensión pedagógica que no debe subestimarse. La revocación del acceso al e-filing, en un mundo donde la litigación electrónica es la norma, envía un mensaje claro a otros posibles infractores: las reglas procesales se aplican a todos, y la tecnología no es un espacio sin ley. En tercer lugar, la sanción parece especialmente coherente con la propia filosofía de la decisión, que insiste en que la inteligencia artificial puede utilizarse legítimamente siempre que exista una comprobación independiente y humana de sus resultados.

El mensaje final del juez es, por tanto, bastante equilibrado. La resolución no dice que la inteligencia artificial sea peligrosa por definición. Tampoco afirma que los litigantes deban abstenerse de utilizarla para preparar escritos. Lo que exige es algo mucho más básico: quien emplee estas herramientas debe conocer sus limitaciones, verificar lo que producen y asumir personalmente la responsabilidad por el resultado. Y, desde la perspectiva inversa, quien entregue documentos a sistemas automatizados debe ser consciente de que esos documentos pueden contener instrucciones destinadas a manipular la herramienta. En ambos casos, la responsabilidad humana sigue siendo el elemento que cierra el circuito.

VIII. Implicaciones para el derecho procesal y la práctica jurídica: hacia una cultura de la desconfianza

El caso de Milford no es un incidente aislado ni una anécdota curiosa. Es, más bien, un síntoma revelador de una tensión estructural que va a acompañarnos durante los próximos años: la facilidad con la que los documentos digitales pueden contener capas de información no visibles para el ojo humano, pero sí para las máquinas. Esta realidad plantea la necesidad de repensar algunas categorías del derecho procesal y, sobre todo, de adoptar nuevas rutinas en la práctica profesional.

La primera implicación práctica, y quizá la más urgente, es la necesidad de «sanear» los documentos antes de introducirlos en cualquier sistema de inteligencia artificial. No basta con abrir un PDF y comprobar visualmente que parece normal. Deben existir mecanismos, tanto técnicos como procedimentales, capaces de detectar texto oculto, caracteres de tamaño anómalo, colores coincidentes con el fondo, capas invisibles, metadatos sospechosos y otros elementos que un lector humano podría pasar por alto. Esta es una responsabilidad que recae tanto en los tribunales como en los despachos de abogados.

La segunda medida consiste en separar, en la medida de lo técnicamente posible, las instrucciones del sistema y el contenido procedente de terceros. Una herramienta utilizada por un tribunal, un despacho o una Administración no debería tratar automáticamente todo el texto recibido como si tuviera el mismo nivel de autoridad. Un documento presentado por una parte debe ser considerado contenido no confiable desde el punto de vista de la herramienta que lo procese. Esta separación conceptual entre «lo que el sistema debe hacer» y «lo que el documento dice» es una de las defensas fundamentales frente al «prompt injection».

La tercera medida es la supervisión humana obligatoria. Ya advertía en el trabajo de junio que la supervisión humana constituye la mejor defensa frente a la manipulación algorítmica. Milford aporta ahora una razón adicional: no solo hay que comprobar si la respuesta de la máquina es correcta; también hay que preguntarse si la información que recibió estaba limpia, si podía haber sido manipulada y si el resultado responde realmente a las instrucciones legítimas del operador. La supervisión humana debe extenderse tanto a la salida del sistema como a la entrada.

La cuarta medida debería ser de carácter normativo. En el análisis publicado en Diario LA LEY ya planteaba la posibilidad de incorporar expresamente el «prompt injection» como una modalidad de mala fe procesal o de atentado contra la función jurisdiccional. No significa que una reforma semejante sea imprescindible para sancionar cualquier caso, como demuestra la resolución de Connecticut, pero sí podría tener utilidad preventiva y pedagógica.

IX. El riesgo no está solamente en los escritos propios

Existe, además, una lección que puede resultar todavía más importante para los profesionales del Derecho. El documento peligroso no tiene por qué ser el que uno mismo ha redactado. Puede ser el escrito de la parte contraria, un informe pericial, una declaración testifical, un contrato, un expediente administrativo, un correo electrónico o cualquier otro documento que posteriormente vaya a ser introducido en una herramienta generativa. El problema de Milford puede reproducirse en cualquiera de esos contextos.

Imaginemos un escenario que, tras el caso de Milford, ya no parece tan improbable. Un abogado recibe de la contraparte un extenso informe pericial que necesita analizar. Para ahorrar tiempo, decide utilizar una herramienta de inteligencia artificial para que le resuma el contenido. Sube los documentos a la plataforma y espera el resultado. Lo que el abogado no sabe es que esos documentos, o alguno de ellos, contienen instrucciones ocultas diseñadas para condicionar la respuesta de la inteligencia artificial. El sistema, al procesar el documento, podría interpretar esa orden oculta como una instrucción legítima y generar un resumen sesgado, incompleto o manipulado. La salida de la herramienta, que para el abogado parece razonable, podría estar contaminada desde el origen.

Esta cuestión ya aparecía entre las conclusiones del trabajo anterior: los sistemas que ayudan al profesional diligente pueden convertirse también en instrumentos de engaño cuando procesan documentos procedentes de terceros. La recomendación fundamental era no sustituir la experiencia profesional por la confianza ciega en la herramienta y mantener una lectura humana especialmente cuidadosa. El caso de Milford permite ampliar esa advertencia: no basta con revisar lo que la máquina responde; hay que revisar también qué se le ha permitido leer.

La respuesta no puede ser abandonar la automatización. Sería una conclusión excesiva y probablemente contraproducente. La alternativa razonable es diseñar sistemas que partan de una premisa de desconfianza: todo contenido externo puede estar manipulado. Esa filosofía, conocida en ciberseguridad como «zero trust», debería trasladarse con naturalidad a la inteligencia artificial jurídica.

X. Reflexiones finales: el escrito que hablaba con la máquina y la integridad del proceso

El caso Elliott v. New York Bariatric Group, LLC probablemente será recordado por una razón que va mucho más allá de la sanción concreta impuesta al litigante. El tribunal ha documentado de forma expresa un comportamiento que hasta hace poco podía parecer propio de una novela tecnológica: una persona escondiendo instrucciones dentro de un escrito judicial para que una inteligencia artificial pudiera leerlas aunque los demás participantes del proceso no pudieran hacerlo. El mensaje no llegó al juez, no alteró una resolución y no consiguió el resultado que perseguía. Pero el tribunal entendió, correctamente, que el problema comenzaba antes del daño. La propia tentativa de contaminar el canal de comunicación judicial era suficiente para poner en cuestión la integridad del procedimiento.

La resolución de Milford tiene además el mérito de evitar dos errores opuestos. El primero sería caer en el entusiasmo tecnológico y pensar que cualquier utilización de inteligencia artificial en la Justicia es necesariamente positiva. El segundo sería responder al incidente prohibiendo la tecnología por completo. El juez adopta una tercera vía: la inteligencia artificial puede ser útil y legítima, pero requiere exactamente lo mismo que cualquier otra herramienta poderosa: conocimiento, cautela, supervisión y responsabilidad.

La lección para España y para el resto de Europa resulta bastante evidente. Los sistemas de inteligencia artificial están entrando en los despachos, en las Administraciones y en los órganos judiciales a una velocidad muy superior a la capacidad de los ordenamientos para describir cada una de las formas en que pueden ser manipulados. No parece razonable esperar a que exista una norma específica para cada modalidad de ataque. Pero tampoco sería suficiente confiar eternamente en cláusulas generales. Hace falta una combinación de principios jurídicos, reglas procesales, estándares técnicos, auditorías, formación profesional y supervisión humana. La inteligencia artificial necesita reglas, pero también necesita una arquitectura que haga posible cumplirlas.

Y quizá esa sea la enseñanza más incómoda de Milford: el enemigo no siempre está fuera del sistema. A veces llega incorporado en un documento aparentemente inocente, atraviesa todos los controles porque nadie sabe que está ahí y espera pacientemente a que una máquina lo lea. La primera defensa puede ser tecnológica, pero la última seguirá siendo humana. Un juez que mira un documento con atención, un abogado que no confía ciegamente en el resumen de una herramienta, un funcionario que comprueba de dónde procede una información o un responsable tecnológico que entiende que todo contenido externo debe tratarse como potencialmente hostil pueden evitar que una simple línea escondida se convierta en un problema procesal de mayores dimensiones.

El caso de Milford es, por eso, algo más que una curiosidad sobre inteligencia artificial. Es una advertencia sobre la transformación silenciosa de los documentos jurídicos. Durante siglos hemos asumido que un escrito contiene aquello que puede leer quien lo recibe. Ahora esa premisa ya no siempre es cierta. Un mismo archivo puede hablar a una persona y, al mismo tiempo, intentar hablar con una máquina en un lenguaje que aquella persona no ve. Si queremos que la inteligencia artificial sea una aliada de la Justicia y no una puerta trasera para manipularla, tendremos que asegurarnos de que ambas comunicaciones vuelvan a ser una sola: la que todos pueden ver, comprender y, cuando corresponda, discutir.

XIV. Referencias normativas y jurisprudenciales

1. Jurisprudencia

• Elliott v. New York Bariatric Group, LLC, Tribunal Superior de Connecticut, Distrito Judicial de Ansonia/Milford, Expediente AAN-CV-25-6066141-S, Memorandum of Decision (6 de agosto de 2026).
• Elisandro Martins de Barros v. Renato Ribeiro de Lima, Tribunal Regional del Trabajo de la 8.ª Región (Brasil), 3.ª Vara do Trabalho de Parauapebas (12 de mayo de 2026).

2. Normativa de la Unión Europea

• Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Reglamento de Inteligencia Artificial).
• Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento General de Protección de Datos).

3. Normativa nacional (España) y otras

• Ley Orgánica del Poder Judicial.
• Ley de Enjuiciamiento Civil.
• Connecticut Practice Book (disponible en https://vvv.jud.ct.gov/Publications/PracticeBook/PB.pdf).

4. Doctrina

• Fierro Rodríguez, D. (2026). «El primer caso de prompt injection en un proceso judicial y remedios para poder prevenirlo». Diario LA LEY, nº 107, Sección Ciberderecho, 12 de junio de 2026, LA LEY 5009/2026. Disponible en https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAGXMMQvCMBCG4V9jli6xttElk1kchA7Z5cxd4LDchdQK_feti1D8xo-HlxF9iHZbfzx3nTMfqhOr-Na2zjp7MaJIMVz9LEiZhfBLOC9BU1wK-QzjRIaeqq9d6fErpML-TjIPlSVxgdEeTrA_NoP_5lYbaAatb0BYARGDWXipAAAAWKE.
  

Resumen
La reciente resolución del Tribunal Superior de Connecticut en el asunto Elliott v. New York Bariatric Group, LLC, dictada el 6 de agosto de 2026, ha abordado por primera vez en Estados Unidos una conducta hasta ahora confinada a los debates técnicos sobre ciberseguridad: la introducción de instrucciones ocultas en documentos judiciales, conocida como «prompt injection», dirigidas a manipular el comportamiento de potenciales sistemas de inteligencia artificial. El presente trabajo analiza la decisión judicial, que sancionó a un litigante pro se por incluir texto blanco sobre fondo blanco en sus escritos con la finalidad de condicionar la respuesta de cualquier herramienta automatizada que pudiera procesarlos. Se examina la naturaleza de la conducta, su calificación como un ataque a la integridad del proceso y una forma de comunicación ex parte, los límites de la buena fe procesal frente a las nuevas tecnologías, y la relevancia del precedente brasileño que inspiró parte del razonamiento judicial. Se concluye que el caso evidencia la necesidad de reinterpretar los principios procesales clásicos para preservar la transparencia y la igualdad de armas en un entorno donde los documentos jurídicos pueden contener mensajes invisibles para los humanos pero legibles para las máquinas.

Abstract
The recent ruling of the Connecticut Superior Court in the case of Elliott v. New York Bariatric Group, LLC, issued on August 6, 2026, has addressed for the first time in the United States a conduct previously confined to technical debates on cybersecurity: the introduction of hidden instructions in court filings, known as «prompt injection», aimed at manipulating the behaviour of potential artificial intelligence systems. This paper analyses the judicial decision, which sanctioned a pro se litigant for including white text on a white background in his pleadings with the purpose of conditioning the response of any automated tool that might process them. The nature of the conduct, its classification as an attack on the integrity of the judicial process and a form of ex parte communication, the limits of procedural good faith in the face of new technologies, and the relevance of the Brazilian precedent that inspired part of the judicial reasoning are examined. The paper concludes that the case highlights the need to reinterpret classical procedural principles to preserve transparency and equality of arms in an environment where legal documents may contain messages invisible to humans but readable by machines.

Sobre la publicación
Se han utilizado herramientas de inteligencia artificial para recabar y contrastar la información disponible (Perplexity) y crear la imagen (Gemini).

I. La ruptura institucional entre el Ejecutivo y un proveedor tecnológico

La orden ejecutiva del presidente Donald Trump, dirigida a todas las agencias federales del Gobierno de Estados Unidos, que impone la cesación inmediata del uso de los modelos de inteligencia artificial desarrollados por Anthropic, constituye un episodio sin precedentes en las relaciones entre la administración pública estadounidense y los proveedores de tecnologías emergentes. La decisión, anunciada mediante la red social Truth Social con la contundencia verbal que caracteriza al mandatario —»¡Afuera Anthropic!», «No la necesitamos, no la queremos»—, trasciende la mera cancelación de un contrato de 200 millones de dólares con el Departamento de Defensa para convertirse en una declaración de principios sobre la subordinación de las consideraciones éticas de los desarrolladores a las necesidades operativas del poder estatal. El conflicto, gestado durante semanas de tensiones entre el Pentágono y la compañía fundada por los hermanos Amodei, ha estallado públicamente con consecuencias que afectarán a toda la arquitectura de adopción de inteligencia artificial en la administración federal.

La naturaleza del desacuerdo revela una fractura fundamental en la concepción del rol de la tecnología en el ámbito de la seguridad nacional. Anthropic había condicionado la prestación de sus servicios al Departamento de Defensa a la inclusión de protecciones contractuales que impidieran el uso de sus modelos Claude para el desarrollo de armas autónomas y la vigilancia doméstica masiva. Esta cláusula, que la compañía denominaba internamente como salvaguarda ética, chocaba frontalmente con la postura del alto mando militar, que reclamaba la autoridad final para determinar los usos legítimos de la tecnología contratada dentro del marco jurídico vigente. La negativa de Anthropic a ceder en este punto, mantenida hasta la fecha límite impuesta por la administración, ha desencadenado la reacción presidencial que ahora afecta a todas las agencias federales, no solo al ámbito militar.

La extensión de la prohibición más allá del Departamento de Defensa transforma un conflicto sectorial en una cuestión de política tecnológica global del Gobierno estadounidense. Los modelos Claude de Anthropic habían sido adoptados por múltiples agencias civiles para funciones de procesamiento de lenguaje natural, análisis de documentación, asistencia en programación y otras aplicaciones no vinculadas directamente a la seguridad nacional. La orden de eliminación gradual en seis meses, acompañada de la amenaza de consecuencias civiles y penales si la compañía no coopera en la transición, impone costes operativos significativos a la administración federal y genera discontinuidades en servicios que habían sido integrados en los flujos de trabajo de numerosas dependencias. La decisión presidencial prioriza claramente la coherencia simbólica sobre la eficiencia administrativa, estableciendo un precedente de castigo corporativo por disidencia ética.

La dimensión contractual del conflicto merece atención particular. El acuerdo de 200 millones de dólares, que ahora parece destinado a la cancelación, no era un contrato menor en el ecosistema de adquisiciones tecnológicas del Departamento de Defensa. Anthropic había emergido como uno de los proveedores más prometedores de modelos de lenguaje de gran escala, con una arquitectura técnica que el Pentágono consideraba particularmente adecuada para aplicaciones de análisis de inteligencia y apoyo a la toma de decisiones. La pérdida de esta capacidad, sumada a la prohibición de utilizar alternativas de la misma compañía en el ámbito civil, obligará a una reconversión tecnológica acelerada que, según expertos consultados por la prensa especializada, podría retrasar los esfuerzos de modernización de inteligencia artificial del Gobierno durante meses o incluso años.

II. El pacifismo algorítmico como obstáculo operativo

El rechazo de Anthropic a permitir usos militares específicos de sus modelos, calificado por la Administración Trump como excesivo «concientismo», encarna lo que podríamos denominar pacifismo algorítmico: la atribución de restricciones éticas a sistemas de inteligencia artificial que limitan su empleo en actividades violentas o coercitivas, independientemente de la legalidad formal de dichas actividades. Esta postura, compartida por diversas organizaciones desarrolladoras de tecnología en Silicon Valley, parte de la premisa de que los creadores de sistemas de inteligencia artificial mantienen una responsabilidad moral sobre los usos de sus creaciones que no se agota en el cumplimiento de la normativa aplicable. La objeción de conciencia algorítmica, extendida desde el ámbito individual al corporativo, choca aquí con la concepción estatal de la tecnología como recurso neutral cuyo empleo legítimo debe determinar exclusivamente la autoridad política y militar.

La tensión entre estas concepciones es estructural y no susceptible de resolución mediante mera negociación contractual. El modelo de gobernanza de la inteligencia artificial propugnado por Anthropic y empresas afines implica una participación activa de los desarrolladores en la determinación de usos prohibidos, mediante cláusulas contractuales, limitaciones técnicas en los modelos, y políticas corporativas de denegación de servicio. El modelo alternativo, defendido por la Administración Trump y tradicionalmente dominante en las relaciones entre el Estado y los contratistas de defensa, considera que una vez transferida la propiedad o el acceso a la tecnología, el control sobre sus aplicaciones corresponde exclusivamente al adquirente. La inteligencia artificial, en esta visión, no difiere sustancialmente de otras tecnologías duales cuyo empleo final escapa a la supervisión del proveedor original.

La especificidad de las restricciones demandadas por Anthropic —armas autónomas y vigilancia doméstica masiva— revela la selección de casos límite que la compañía considera particularmente problemáticos desde una perspectiva ética. Las armas autónomas, sistemas que seleccionan y atacan objetivos sin intervención humana significativa, han sido objeto de campañas internacionales de prohibición que han logrado consensos parciales en foros multilaterales. La vigilancia doméstica masiva, por su parte, evoca las revelaciones de Edward Snowden sobre los programas de la Agencia de Seguridad Nacional y las tensiones entre seguridad y privacidad que caracterizan al estado de derecho contemporáneo. Anthropic situaba estas aplicaciones fuera de los límites aceptables para sus modelos, independientemente de que fueran legales en el ordenamiento estadounidense y demandadas por las agencias de seguridad.

La respuesta de la Administración Trump, sin embargo, no se limita a rechazar estas restricciones específicas sino que cuestiona la legitimidad misma de que un proveedor privado imponga condiciones éticas al uso de tecnología adquirida por el Estado. La amenaza de invocar la Ley de Producción de Defensa, esgrimida por funcionarios del Pentágono antes de la intervención presidencial, revela la disposición a utilizar instrumentos de coerción económica de emergencia para subordinar la autonomía corporativa a las necesidades de seguridad nacional. La extensión final del conflicto a todas las agencias federales, mediante orden ejecutiva, indica que la administración ha optado por la confrontación abierta en lugar de la negociación sectorial, estableciendo un precedente de castigo ejemplar que disuada a otros proveedores de adoptar posturas similares.

III. El incidente de Caracas y la ruptura definitiva

La tensión entre Anthropic y el Pentágono alcanzó un nivel insostenible tras la revelación de que el modelo Claude de la compañía fue utilizado en una operación secreta en enero de 2026 para capturar al líder venezolano Nicolás Maduro durante una incursión en Caracas. Anthropic, a través de su asociación con Palantir, suministraba tecnología al Departamento de Defensa, pero tras la operación, la empresa planteó objeciones sobre lo que denominó «cuestiones de política de uso», específicamente respecto a los límites contra el empleo de sus modelos en sistemas de armas autónomas letales y vigilancia doméstica masiva. La compañía consideraba que la participación de su tecnología en una operación militar ofensiva de esta naturaleza excedía los términos éticos que había pretendido establecer.

La reacción del Pentágono fue fulminante. El Secretario de Defensa, Pete Hegseth, convocó a los hermanos Amodei a una reunión en la que les exigió la aceptación del estándar de «todo uso legal» sin restricciones adicionales impuestas por la ética corporativa. Hegseth acusó a Anthropic de intentar ejercer un «poder de veto» sobre las decisiones operativas del ejército de los Estados Unidos y de practicar una «señalización de virtud corporativa» que ponía en riesgo vidas estadounidenses. En declaraciones a la prensa, afirmó que las fuerzas armadas operan bajo su propia supervisión y legalidad, y no pueden permitir que un proveedor privado dicte las reglas del campo de batalla.

El ultimátum fue claro: Anthropic debía retirar sus objeciones y aceptar que cualquier uso de sus modelos autorizado por la ley estadounidense era aceptable, o enfrentaría las consecuencias. La compañía, fiel a los principios éticos que habían guiado su fundación, mantuvo su postura. La respuesta presidencial llegó el 27 de febrero de 2026, mediante orden ejecutiva que ordenaba el cese inmediato del uso de la tecnología de Anthropic en todas las agencias federales y designaba a la empresa como «riesgo para la cadena de suministro de seguridad nacional». Esta designación, que el Departamento de Seguridad Nacional puede efectuar mediante procedimiento administrativo, implicaba la exclusión de la empresa de cualquier contratación federal, la prohibición de que otros contratistas gubernamentales mantuvieran relaciones comerciales con ella, y su inclusión en listas de vigilancia que dificultan sus operaciones internacionales.

Anthropic anunció en marzo de 2026 que impugnaría la decisión en los tribunales, argumentando que la represalia gubernamental por el ejercicio de la libertad de empresa y de expresión constituía una violación de sus derechos constitucionales. Simultáneamente, el Departamento de Defensa anunció la sustitución de los contratos de Anthropic por acuerdos con OpenAI y xAI, la compañía de Elon Musk, que habían mostrado una disposición mucho mayor a alinearse con los requerimientos militares sin imponer restricciones éticas previas.

IV. La Ley de Producción de Defensa como instrumento de coerción tecnológica

La Ley de Producción de Defensa, legislación de 1950 emanada de la experiencia de la Guerra de Corea, confiere al Presidente de Estados Unidos autoridades excepcionales para dirigir la producción nacional en apoyo de los requerimientos de defensa. Su invocación, aunque finalmente no consumada en el caso de Anthropic, constituye una señal de la gravedad que el Pentágono atribuía al conflicto y de la disposición a utilizar instrumentos de poder económico extraordinario para doblegar la resistencia corporativa. La ley permite, entre otras medidas, la priorización de contratos gubernamentales sobre obligaciones privadas, la asignación forzosa de materiales y servicios, y la imposición de sanciones a quienes se nieguen a cumplir las órdenes emitidas en su virtud.

La transformación de una empresa líder en inteligencia artificial en paria del sistema de adquisiciones del Estado más poderoso del mundo ilustra la asimetría de poder que caracteriza las relaciones entre el sector tecnológico y la administración de seguridad nacional. La utilización de este instrumentario legal contra una empresa estadounidense, en lugar de contra competidores extranjeros como ha sido el caso tradicional, representa una novedad significativa en la aplicación de la Ley de Producción de Defensa. La legislación ha sido invocada en el pasado para priorizar la adquisición de semiconductores frente a demandas del sector privado, para obligar a empresas automovilísticas a producir material sanitario durante la pandemia, y para acelerar la producción de municiones en contextos de conflicto armado. Su empleo para forzar a una compañía de software a modificar sus políticas de uso ético de la tecnología expande el alcance de la ley hacia territorios inéditos, donde la defensa nacional se define no solo en términos de capacidades materiales sino de conformidad ideológica con los objetivos del poder estatal.

La decisión presidencial de extender la prohibición a todas las agencias federales, superando la lógica de la Ley de Producción de Defensa que se centra en el ámbito militar, revela una voluntad de castigo generalizado que trasciende la resolución del conflicto específico. La orden de Trump no busca ya obtener la conformidad de Anthropic mediante presión, sino eliminar su presencia del ecosistema gubernamental estadounidense como advertencia a otros actores del sector. Esta estrategia de ejemplaridad, común en el ámbito de la política exterior sancionadora, resulta inusual cuando se aplica a empresas nacionales del sector tecnológico, y genera incertidumbre sobre los límites de la disidencia ética permitida en el contexto de la contratación pública.

V. La arquitectura doctrinal: el Plan de Acción de IA y la primacía de la innovación

El andamiaje de esta rebelión se cimentó formalmente el 23 de julio de 2025, con la publicación del documento estratégico Winning the AI Race: America’s AI Action Plan. Este plan de 28 páginas estableció un marco de más de 90 recomendaciones de política federal diseñadas para desmantelar lo que la administración denomina la «burocracia roja» que frena el avance tecnológico estadounidense frente a competidores como China. A diferencia de los marcos de gobernanza anteriores que priorizaban la seguridad existencial y los derechos civiles, el Plan de Acción de Trump postula que el riesgo más grave no es el desarrollo de la inteligencia artificial en sí mismo, sino el retraso tecnológico.

El plan se basa en la premisa de que Estados Unidos debe «innovar más rápido y de manera más integral que cualquier competidor» en todos los campos. Para lograrlo, la administración ha propuesto una serie de transformaciones estructurales, incluyendo la creación de un conjunto de herramientas de adquisición de inteligencia artificial para uniformar la adopción de estas tecnologías en el gobierno, y la formalización del Consejo de Directores de Inteligencia Artificial como el ente coordinador de la adopción entre agencias. Este enfoque infraestructural se complementa con una política energética agresiva que busca modernizar la red eléctrica nacional y explorar fuentes de energía en la «frontera tecnológica», como la fusión y la fisión nuclear avanzada, para alimentar la demanda triplicada de energía que se prevé para 2035 debido a la inteligencia artificial.

Uno de los frentes de batalla más encarnizados ha sido el conflicto entre el gobierno federal y los estados. La Administración Trump sostiene que un «mosaico discordante de 50 estados» regulando la inteligencia artificial crea una carga de cumplimiento inmanejable que sofoca la innovación, especialmente para las startups. Este diagnóstico llevó al impulso de la One Big Beautiful Bill Act, firmada el 4 de julio de 2025, que en sus borradores iniciales proponía una moratoria nacional de 10 años sobre cualquier regulación estatal de inteligencia artificial. Aunque la moratoria fue eliminada del texto final debido a preocupaciones bipartidistas sobre los derechos de los estados, la administración ha recurrido al poder ejecutivo para lograr los mismos fines por vía indirecta. La Orden Ejecutiva 14365, titulada Ensuring a National Policy Framework for Artificial Intelligence, introdujo un mecanismo de coerción financiera sin precedentes: el condicionamiento de los fondos federales a la derogación o no aplicación de leyes estatales de inteligencia artificial consideradas «onerosas».

Este enfoque ha generado una crisis constitucional inmediata. La administración define como «onerosa» cualquier ley estatal que obligue a los modelos a mitigar sesgos o a realizar auditorías de «discriminación algorítmica». Un ejemplo central es la ley de Colorado que prohíbe la discriminación en sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo y que entró en vigor en 2026. Para el Zar de la Inteligencia Artificial, David Sacks, tales leyes obligan a los desarrolladores a «alterar las salidas veraces» de los modelos para ajustarse a ideologías sociales, lo que se clasifica bajo la nueva doctrina federal como una práctica comercial «engañosa» según la ley de la Comisión Federal de Comercio.

VI. La ideologización de la política tecnológica y sus vínculos partidistas

El ataque de la Administración Trump a Anthropic no se ha limitado a la cuestión contractual específica, sino que ha incorporado acusaciones de sesgo político que revelan la profunda ideologización de la política tecnológica estadounidense. El presidente y sus funcionarios han vinculado explícitamente la postura ética de la compañía con su supuesta condición de «demasiado consciente», con su impulso a favor de regulaciones de inteligencia artificial, y con sus vínculos con organizaciones donantes del Partido Demócrata. Esta caracterización, que transforma una disputa contractual en un conflicto de identidades políticas, sitúa el caso en el contexto más amplio de la confrontación entre la administración republicana y los sectores tecnológicos de Silicon Valley identificados con posiciones progresistas.

La referencia a las donaciones políticas de Anthropic y sus directivos introduce una dimensión de represalia ideológica que complica el análisis jurídico del caso. La contratación pública estadounidense, aunque formalmente sometida a criterios de competencia y mérito técnico, ha experimentado históricamente fluctuaciones en función de las orientaciones políticas de los ejecutivos entrantes. La limpieza de contratistas asociados con la administración saliente es práctica recurrente, aunque raramente se explicita con la crudeza verbal empleada por Trump. La orden de cesación inmediata, con su amenaza de consecuencias penales, eleva esta práctica a un nivel de confrontación que cuestiona la estabilidad de las expectativas contractuales en el sector tecnológico crítico para la seguridad nacional.

La figura central en la ejecución de esta rebelión es David Sacks, nombrado Asesor Especial para Inteligencia Artificial y Cripto en diciembre de 2024. Sacks, un veterano de Silicon Valley y figura prominente del movimiento de «aceleracionismo efectivo», ha transformado su papel de asesor en un motor de reconfiguración estatal. Su mandato consiste en crear un marco legal que minimice la regulación y erradique lo que la administración describe como el «sesgo woke» en la inteligencia artificial. Sacks ha argumentado sistemáticamente que las empresas tecnológicas como OpenAI y Google fueron presionadas por la administración anterior para programar ChatGPT y Gemini con sesgos liberales. Bajo su dirección, el gobierno federal ha adoptado una postura de «neutralidad ideológica», exigiendo que los modelos de lenguaje sean «buscadores de la verdad» que no manipulen respuestas para favorecer dogmas como la diversidad o la equidad.

La Administración Trump ha introducido una teoría legal innovadora pero controvertida: la mitigación de sesgos como práctica comercial engañosa. Según esta visión, si un modelo de inteligencia artificial se entrena con datos que reflejan la realidad estadística de la sociedad, cualquier intento de forzar al modelo a producir resultados diferentes (por ejemplo, para asegurar una representación equitativa de minorías) es una distorsión de la verdad. Se argumenta que la corrección de sesgos hace que los modelos sean menos fieles a los datos subyacentes y, por tanto, menos precisos para el análisis objetivo. Además, la administración sostiene que las leyes estatales que exigen la mitigación de sesgos representan un «discurso compelido» inconstitucional, obligando a las empresas a adoptar una postura ideológica en el diseño de su software. Bajo esta interpretación, la Comisión Federal de Comercio podría clasificar la mitigación de sesgos mandatada por estados como un acto engañoso per se, ya que el modelo no estaría entregando su salida «natural» o «veraz».

Para hacer efectiva esta visión, el Departamento de Justicia estableció el 10 de enero de 2026 el Grupo de Trabajo para Litigios de Inteligencia Artificial, bajo la supervisión de la Fiscal General Pam Bondi. La misión exclusiva de este grupo es impugnar las leyes estatales que interfieran con la política nacional de inteligencia artificial. El argumento central que utilizarán es la «Cláusula de Comercio Dormida», que prohíbe a los estados promulgar legislación que imponga una carga excesiva al comercio interestatal. La administración sostiene que, dado que los modelos de inteligencia artificial se desarrollan a escala global, es imposible para una empresa ajustar su modelo base para cumplir con 50 estándares diferentes de «equidad».

VII. OpenAI: el pragmatismo estratégico y la integración soberana

En agudo contraste con la postura de Anthropic, OpenAI, liderada por Sam Altman, ha navegado la crisis mediante una estrategia de adaptación proactiva. Pocas horas después de que se anunciara el veto a Anthropic, OpenAI confirmó que había alcanzado un acuerdo con el Departamento de Guerra para desplegar sus modelos de lenguaje más avanzados en redes clasificadas. A diferencia de Anthropic, OpenAI aceptó el estándar de «todo uso legal», permitiendo al ejército estadounidense utilizar sus herramientas para cualquier misión autorizada por la ley nacional. No obstante, Altman ha intentado mantener un equilibrio delicado, declarando que la empresa conserva su compromiso contra el uso de la inteligencia artificial en vigilancia doméstica masiva y para dirigir de forma independiente armas autónomas letales donde la política del Departamento requiera control humano.

La divergencia entre ambas compañías radica en sus filosofías fundamentales de alineación. Mientras Anthropic utiliza la denominada «inteligencia artificial constitucional» —donde el modelo se entrena para seguir un conjunto explícito de principios éticos—, OpenAI ha dependido históricamente del aprendizaje por refuerzo con retroalimentación humana y ahora de una integración directa de personal en los bucles de decisión del Pentágono. La Administración Trump ha favorecido explícitamente el modelo de OpenAI por su flexibilidad y su disposición a tratar las salvaguardas no como barreras inamovibles, sino como parámetros ajustables en función de la misión nacional. OpenAI ha posicionado su acuerdo como el más robusto en términos de guardias, alegando que retiene el control sobre su pila de seguridad técnica incluso en entornos clasificados. Sin embargo, la realidad operativa sugiere que, en la práctica, OpenAI ha proporcionado al Estado la herramienta que Anthropic le negó: una inteligencia artificial de frontera potente bajo la autoridad última del mando militar.

La polarización partidista de la inteligencia artificial constituye un fenómeno de largo alcance que trasciende el caso particular de Anthropic. Las empresas del sector han sido objeto de escrutinio creciente por parte de los medios de comunicación afines a Trump, que denuncian sesgos ideológicos en los modelos de lenguaje y exigen mayor «neutralidad» en sus respuestas. La creación de alternativas explícitamente conservadoras, como la red social Truth Social del propio presidente o los modelos desarrollados por empresas afines, indica la fragmentación del ecosistema tecnológico en campos de batalla ideológicos. Anthropic, fundada por exempleados de OpenAI con preocupaciones explícitas por la seguridad de la inteligencia artificial, representaba un polo de esta polarización que la administración actual considera inaceptable para el uso gubernamental.

VIII. Las consecuencias operativas de la prohibición y el coste de la transición

La orden de eliminación gradual de los modelos Claude en seis meses, aplicable a todas las agencias federales, impone costes de transición que la administración parece dispuesta a asumir en aras de la coherencia política. Los modelos de Anthropic habían sido integrados en flujos de trabajo diversos: procesamiento de documentación legislativa en el Congreso, análisis de datos epidemiológicos en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, asistencia en programación en la Administración de Servicios Generales, y múltiples aplicaciones en el ámbito de la inteligencia y la defensa. La sustitución de estas capacidades requerirá no solo la adquisición de alternativas tecnológicas, sino la reconfiguración de procedimientos, la formación de personal, y la adaptación de sistemas interconectados que habían sido diseñados en torno a las especificidades de los modelos de Anthropic.

La amenaza de consecuencias civiles y penales si la compañía no coopera en la transición introduce un elemento de coerción adicional que complica las obligaciones de cuidado de datos y de continuidad de servicio que normalmente rigen las relaciones contractuales. Anthropic, al ser expulsada del mercado gubernamental, podría argumentar la imposibilidad de cumplir con estándares de transición ordenada por pérdida de ingresos críticos, generando litigios sobre la responsabilidad por discontinuidades en servicios esenciales. La administración, por su parte, podría invocar la cláusula de conveniencia pública que habitualmente acompaña a los contratos federales para justificar la terminación unilateral sin indemnización plena.

La identificación de alternativas viables a los modelos de Anthropic constituye un desafío técnico significativo. Los principales competidores —OpenAI, con su modelo GPT; Google, con Gemini; Meta, con Llama; y la propia xAI de Elon Musk, con Grok— presentan características distintivas que no siempre son sustituibles de manera directa. La prohibición específica de Anthropic, en lugar de una política de diversificación de proveedores, sugiere que la decisión responde a factores de identidad corporativa más que a evaluaciones técnicas comparadas. La administración podría estar favoreciendo implícitamente a proveedores más alineados políticamente, generando distorsiones de mercado que la normativa de contratación pública debería prevenir.

La dimensión de seguridad de la transición merece particular atención. Los modelos de inteligencia artificial, especialmente en aplicaciones de inteligencia y defensa, han sido entrenados con datos sensibles que no pueden transferirse a proveedores alternativos sin evaluación de riesgos. La extracción de información de los sistemas de Anthropic, su migración a nuevas plataformas, y la verificación de que no quedan residuos en infraestructuras ahora consideradas hostiles, constituyen operaciones complejas que el plazo de seis meses podría resultar insuficiente para completar con garantías. La presión política por cumplir el calendario impuesto podría comprometer estándares de seguridad que la propia administración debería preservar.

IX. Geopolítica de la inteligencia artificial: la carrera contra China

La rebelión contra el pacifismo algorítmico no se limita a las fronteras nacionales; es el pilar de una nueva estrategia de hegemonía global. El Vicepresidente JD Vance ha articulado lo que algunos académicos llaman el «sacrificio regulatorio»: la creencia de que desmantelar las salvaguardas de seguridad es el «deber patriótico» necesario para no perder la carrera armamentista tecnológica frente a China. En el foro de la cumbre de París, Vance advirtió que las «regulaciones excesivas» son el mayor riesgo para la industria transformadora de la inteligencia artificial. Esta narrativa postula que mientras Occidente se pierde en debates éticos, China está desplegando inteligencia artificial a escala masiva en su base industrial y militar. Por ello, Estados Unidos ha optado por un modelo de «dominancia por exportación», ofreciendo un paquete tecnológico completo a las naciones aliadas para crear una dependencia estructural de la infraestructura estadounidense.

La Administración Trump ha respondido a la ventaja de despliegue industrial de China acelerando la construcción de centros de datos de más de 100 megavatios, otorgándoles exclusiones de normativas medioambientales y priorizando su acceso a la red eléctrica. Además, para mitigar el descontento público por el alza en los precios de la electricidad, el presidente ha forzado a las empresas tecnológicas a firmar un «compromiso de protección del pagador de tarifas», donde estas se comprometen a construir su propia generación de energía para no cargar los costes a los hogares.

Las implicaciones para el desarrollo de la inteligencia artificial militar son particularmente significativas. La investigación en sistemas de armas autónomas, que Anthropic pretendía excluir de sus modelos, recibirá ahora impulso mediante la contratación con proveedores más complacientes. La carrera armamentística algorítmica, que diversas organizaciones internacionales habían intentado frenar mediante moratorias y negociaciones multilaterales, se acelera con la eliminación de restricciones éticas internas en los principales desarrolladores. La proliferación de sistemas de toma de decisiones letales sin intervención humana significativa, que la comunidad científica había advertido como riesgo existencial, se convierte en objetivo explícito de la política de adquisiciones del Pentágono.

La dimensión internacional de esta fragmentación merece atención particular. La inteligencia artificial está emergiendo como un campo de competencia geopolítica donde Estados Unidos, China y la Unión Europea desarrollan modelos con características distintivas vinculadas a sus respectivos valores políticos. La expulsión de Anthropic del ecosistema gubernamental estadounidense, lejos de neutralizar el sesgo ideológico, lo sustituye por uno alternativo: la subordinación de la tecnología a los objetivos de seguridad nacional definidos unilateralmente por el poder ejecutivo. Los aliados de Estados Unidos, que han desarrollado relaciones de cooperación tecnológica asumiendo cierta autonomía corporativa en los desarrolladores estadounidenses, deberán ahora evaluar si esta asunción permanece válida bajo la nueva orientación administrativa.

X. El precedente de subordinación tecnológica y sus implicaciones globales

El conflicto entre la Administración Trump y Anthropic establece un precedente de subordinación de los desarrolladores de inteligencia artificial a los objetivos de seguridad nacional que resonará en el ecosistema tecnológico global. La negativa de la compañía a permitir usos militares específicos de sus modelos, aunque presentada como salvaguarda ética, ha sido interpretada por el poder estatal como una intromisión inaceptable en la soberanía de la decisión política. La respuesta, mediante orden ejecutiva de prohibición generalizada, comunica a todos los actores del sector que la disidencia ética corporativa será castigada con la exclusión del mercado gubernamental, el más importante para tecnologías de doble uso en el contexto estadounidense.

La gobernanza de la inteligencia artificial está experimentando una inflexión hacia modelos de control estatal más intensos que los previstos en los debates sobre regulación algorítmica de los últimos años. La discusión dominante, especialmente en Europa, había privilegiado la protección de derechos fundamentales, la transparencia de los sistemas, y la participación de múltiples actores en la definición de estándares éticos. La postura de la Administración Trump, que rechaza la participación de desarrolladores privados en la determinación de usos prohibidos, propone una alternativa donde el control estatal es absoluto y la ética corporativa se considera una forma de obstaculización ilegítima.

La reacción del sector tecnológico y de la comunidad internacional determinará si el precedente de Anthropic se consolida o se resiste. La solidaridad corporativa entre desarrolladores de inteligencia artificial, hasta ahora limitada por la competencia comercial, podría fortalecerse frente a la amenaza común de subordinación estatal. La presión de inversores y mercados de capitales, preocupados por la inestabilidad de las expectativas contractuales, podría moderar la aplicación extensiva de la estrategia de castigo ejemplar. Y la respuesta de aliados de Estados Unidos, que han desarrollado marcos de regulación de la inteligencia artificial más próximos al enfoque ético de Anthropic que al de la Administración Trump, podría generar tensiones en las alianzas tecnológicas occidentales.

La rebelión de Trump contra el pacifismo algorítmico, en definitiva, no es un episodio aislado de política contractual sino una manifestación de la reconfiguración del poder en la era de la inteligencia artificial. La tecnología, lejos de constituir un dominio autónomo de innovación desinteresada, se revela como campo de batalla donde los valores éticos de los desarrolladores chocan con los imperativos de seguridad del Estado, y donde la asimetría de poder determina la victoria de la soberanía política sobre la autonomía corporativa. El caso de Anthropic, con su orden de expulsión del ecosistema gubernamental estadounidense, ilustra los límites de la responsabilidad ética privada cuando se enfrenta a la voluntad de poder estatal decidida a utilizar todas las tecnologías disponibles para sus objetivos, sin restricciones impuestas desde fuera de la cadena de mando político-militar.

A medida que se cierra el primer trimestre de 2026, el panorama de la inteligencia artificial es irreconocible respecto a los consensos de 2023. La «rebelión de Trump» ha tenido éxito en reencuadrar la inteligencia artificial no como un riesgo existencial que debe ser mitigado, sino como una capacidad nacional que debe ser maximizada. La caída de Anthropic y la ascensión de xAI y OpenAI en el complejo militar-industrial señalan que la neutralidad ética ha dejado de ser una opción viable para las empresas que aspiran a operar en el centro del poder global. La doctrina de Sacks sobre las «salidas veraces» y la ofensiva legal contra los estados marcan el inicio de una era donde el algoritmo ya no se ajusta a la sociedad, sino que la sociedad debe ajustarse a la realidad estadística dictada por el modelo, protegida ahora por la fuerza del gobierno federal.

La pregunta que queda para el resto del año no es si la inteligencia artificial avanzará, sino quién tendrá el derecho de definir sus límites. Al rechazar el «pacifismo algorítmico», Estados Unidos ha apostado por un futuro de aceleración radical, donde la única seguridad válida es la superioridad tecnológica incontestable, independientemente de los costes sociales o constitucionales que ello conlleve. En este nuevo orden, la inteligencia artificial es el arma, el mercado y la verdad, todo integrado en una única estructura de poder nacional, aunque muchos usuarios ya están decantándose por apostar en favor del uso de una inteligencia artificial que está sujeta a límites éticos, dando de lado a ChatGPT.

XI. Referencias normativas y bibliográficas

1. Documentos oficiales de la Administración Trump

• Winning the AI Race: America’s AI Action Plan, publicado el 23 de julio de 2025. Establece un marco de más de 90 recomendaciones de política federal para desmantelar barreras regulatorias y acelerar la innovación en inteligencia artificial.
• Orden Ejecutiva 14365, Ensuring a National Policy Framework for Artificial Intelligence, de 2025. Introduce mecanismos de coerción financiera para condicionar fondos federales a la derogación o no aplicación de leyes estatales de inteligencia artificial consideradas «onerosas».
• Orden Ejecutiva de 27 de febrero de 2026, por la que se ordena el cese inmediato del uso de modelos de inteligencia artificial de Anthropic en todas las agencias federales y se designa a la compañía como «riesgo para la cadena de suministro de seguridad nacional».
• One Big Beautiful Bill Act, firmada el 4 de julio de 2025. Incluyó en sus borradores iniciales una moratoria nacional sobre regulaciones estatales de inteligencia artificial, finalmente eliminada.

2. Legislación y documentos institucionales

• Ley de Producción de Defensa de 1950 (Defense Production Act). Legislación de emergencia que confiere al Presidente autoridades para dirigir la producción nacional en apoyo de requerimientos de defensa.
• Ley de Colorado (SB 24-205), de 2026. Prohíbe la discriminación algorítmica en sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo.
• Ley de California (AB 2013). Establece obligaciones de transparencia en los datos de entrenamiento de inteligencia artificial generativa.
• Illinois Human Rights Act. Prohíbe el uso de inteligencia artificial discriminatoria en el ámbito laboral.

3. Decisiones judiciales y doctrina constitucional

• National Pork Producers Council v. Ross. Jurisprudencia de la Corte Suprema sobre los límites de la Cláusula de Comercio y la validez de regulaciones estatales que imponen costes al comercio interestatal.

4. Documentación corporativa y declaraciones públicas

• Declaraciones del presidente Donald Trump en la red social Truth Social, febrero de 2026, anunciando la prohibición del uso de modelos de Anthropic en el gobierno federal.
• Comunicado del Secretario de Defensa Pete Hegseth, febrero de 2026, acusando a Anthropic de ejercer un «poder de veto» sobre las decisiones operativas del ejército.
• Declaraciones de David Sacks, Asesor Especial para Inteligencia Artificial y Cripto, sobre la doctrina de «neutralidad ideológica» y la consideración de la mitigación de sesgos como práctica comercial engañosa.
• Comunicado de OpenAI, marzo de 2026, confirmando el acuerdo con el Departamento de Guerra para el despliegue de sus modelos en redes clasificadas.
• Anuncio de Anthropic, marzo de 2026, de impugnación judicial de la decisión administrativa.
• Declaraciones del Vicepresidente JD Vance en la cumbre de París, advirtiendo sobre los riesgos de la «regulación excesiva» frente a la competencia con China.
  
  
  

Resumen:

El presente trabajo analiza la decisión de la Administración Trump, materializada mediante orden ejecutiva de febrero de 2026, de prohibir el uso de los modelos de inteligencia artificial de Anthropic en todas las agencias federales estadounidenses, como respuesta a la negativa de la compañía a permitir determinados usos militares de su tecnología. Se examina la fractura entre la concepción estatal de la inteligencia artificial como recurso neutral subordinado a los imperativos de seguridad nacional y la postura de las empresas que pretenden mantener restricciones éticas sobre el empleo de sus sistemas. El estudio contextualiza este conflicto en el marco más amplio del Plan de Acción de IA de la Administración Trump, la confrontación con las regulaciones estatales, y la reconfiguración de las relaciones entre el complejo militar-industrial y los principales desarrolladores de inteligencia artificial, con especial atención a los casos contrapuestos de Anthropic, OpenAI y xAI.

Sobre el autor

Diego Fierro Rodríguez es Letrado de la Administración de Justicia en ejercicio, Codirector de la Revista Acta Judicial y doctorando en Derecho. Desarrolla su actividad profesional en el ámbito de la Administración de Justicia española, siendo actualmente el Jefe del Área penal del Servicio Común de Ejecución del Tribunal de Instancia de Málaga.

Sobre la publicación

Se han utilizado Google Gemini para la imagen y Google Gemini y Perplexity para recabar y contrastar toda la información disponible.

Diego Fierro Rodríguez
Letrado de la Administración de Justicia
Codirector de la Revista Acta Judicial
Doctorando en Derecho