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Factores que contribuyen a la llegada a buen puerto de la función del Delegado de Protección de Datos

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El Delegado de Protección de Datos (DPD), centrándome exclusivamente en el sector privado, se erige en la figura clave para impulsar el cumplimiento de la normativa de protección de datos, tanto en aquellos supuestos de nombramiento obligatorio como voluntario.

Como todo “oficio” de nuevo cuño, el éxito de la implantación de la figura del DPD pivota en factores de diversa índole, todos ellos necesarios, que dependen unas veces del responsable del tratamiento y, otras veces, de las cualidades y aptitudes del propio DPD. Veamos:

Factores que dependen del responsable del tratamiento

Resulta imprescindible que el DPD esté investido de “autoridad jerárquica” y a ello contribuye:

  • Compromiso firme de cumplimiento por la alta dirección, garantía de autonomía e independencia en el desarrollo de sus funciones, reporte directo a la alta dirección, dotación de recursos y medios suficientes.
  • Aprobación y difusión de un estatuto con la descripción de las funciones que corresponden al DPD, estableciendo de manera expresa la obligación de consultar y, correlativamente, la disponibilidad y accesibilidad que se espera del DPD, aclarando que la responsabilidad ante posibles sanciones no es atribuible al DPD sino que lo es, únicamente, al responsable del tratamiento.
  • Gobernanza de los datos: Aprobación y difusión de políticas, protocolos y procedimientos para garantizar la gestión proactiva, adaptados a la realidad organizativa y a los tratamientos realizados por el responsable; publicitar interna y externamente el canal del DPD; creación de un grupo multidisciplinar con los departamentos que habitualmente tratan datos personales en el desarrollo de sus funciones.
Factores que dependen del DPD

Para no ser percibido únicamente como una figura de control (que lo es) pero ajena al día a día o, lo que es peor, como una suerte de “paralizador sistemático de proyectos”, resulta imprescindible que el DPD esté investido de “autoridad moral” y a ello contribuye:

  • Conocimiento profundo de la organización y de la realidad de la actividad desarrollada por el responsable del tratamiento, contribuyendo a “aterrizar” la normativa: La revisión ordinaria o extraordinaria del registro de actividades de tratamiento, de los planes de acción derivados del análisis de riesgos o de las evaluaciones de impacto de privacidad son momentos óptimos para conectar y detectar aspectos de mejora, cambios relevantes o inquietudes planteadas por los profesionales que tratan datos personales.
  • Impulsar una cultura de cumplimento de la normativa de protección de datos: Adaptar la formación a la realidad de cada profesional con conceptos claros, precisos y ejemplos prácticos; difusión personalizada mediante el envío de píldoras informativas, recopilatorio semanal de noticias destacadas y su relación con aspectos del día a día o, resumen de resoluciones e informes relevantes por ámbitos de actividad de tratamiento, concretando propuestas de mejora.
  • Empatizar, mostrarse accesible y generar confianza: Evitar discursos del tipo “las sanciones pueden ascender a 20 millones de € o al 4% de la facturación”, lo sabemos y tiene un cierto efecto paralizante. El discurso debe focalizarse en lo que puede (y debe) hacerse, conceptos como la prevención, la detección y mitigación del riesgo, el hecho que siempre es mejor consultar a tiempo que generar un problema y, en resumen, que debe contarse con el DPD desde la fase de diseño, por cuanto “el RGPD no prohíbe, indica el camino” y la función del DPD es ayudar a descubrir y concretar ese camino.

La suma de los anteriores factores contribuye, sin duda, a lograr que la protección de datos no sea percibida como “cosa” del DPD, sino que sea asumida como un compromiso por parte de todos y cada uno de los profesionales que integran la estructura del responsable del tratamiento y, de esa manera, llegar a buen puerto.

Isabel Mascaró Currás
Compliance Officer, Delegada de Protección de Datos y Vocal ENATIC.

Autor: Cottombro (Vía Pexels)

El consentimiento en el nuevo escenario digital

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El actual escenario digital de la sociedad comporta riesgos para los derechos y libertades de los ciudadanos, ya que la cantidad de información relacionada de diferentes fuentes, la concentración y la difusión de esta información en plazos inmediatos de tiempo, puede dar la sensación de inseguridad y de pérdida de control a los titulares de los datos como “parte débil” del tratamiento.

La información se transforma en el eje vertebrador que permite acceder a mejores servicios, a productos más personalizados, a obtener información más disponible, avances científicos, etc. Hay autores que consideran que los datos son “el oro negro del siglo XXI” ya que es el combustible que hace que las empresas crezcan y sean competitivas, pero para que este crecimiento sea equilibrado se debe diseñar adecuadamente y dar las garantías suficientes a los titulares de esta información.

En este contexto, toma especial relevancia la transparencia, la necesidad de demostrar que se tiene la voluntad de cumplir y que esta voluntad no es un mero escenario. Los responsables de los tratamientos deberán, entre otras cosas, informar adecuadamente de las finalidades, del tipo de datos que van a recogerse, de la existencia del derecho a retirar el consentimiento sin ningún perjuicio para sus derechos y libertades, etc. En definitiva, se deberá poder demostrar que las personas han aceptado las operaciones del tratamiento de manera libre e informada, y que en todo momento se respetan los principios de la legislación aplicable en materia de protección de datos, y en especial, los principios de lealtad, necesidad, proporcionalidad y calidad de datos.

Es importante que los responsables de los tratamientos estén convencidos de que el cumplimiento de la legislación de protección de datos supone una oportunidad de mejora continua de sus servicios y de la calidad de sus productos, y en consecuenia, diseñen sus sistemas de información de manera que garanticen que cualquier persona física pueda decidir efectivamente sobre el control de su información personal y si es el caso, consentir de manera libre y no coaccionada cualquier tratamiento de sus datos.

Definición de consentimiento

El consentimiento es una de las bases jurídicas para el tratamiento de datos personales que se enumeran en el art. 6 del Reglamento General de Protección de datos (UE) 2016/679 en adelante (RGPD) y se configura en la legislación como la capacidad real de aceptar o no y otorga a los titulares el control sobre sus datos personales. Si el interesado realmente no tiene el control, la capacidad de decidir se diluye y no podemos hablar de una actividad lícita.

El RGPD en el art. 4 ap. 11 define el consentimiento como:” toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen”.

La Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) en su art. 6 también define el consentimiento “toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen”.

El control sobre la información personal debe estar en manos del interesado sin que se vea obligado o coaccionado a aceptar tratamientos de su información si no es su voluntad. Para que éste sea válido debe ser reversible sin que perjudique de ninguna manera al titular de los datos.

Elementos para un consentimiento válido

En el caso que el responsable del tratamiento haya determinado que la base de legitimación es el consentimiento, debe diseñar sus sistemas de información para garantizar que éste sea válido. Deberá tener en cuenta los aspectos que a continuación analizaremos:

  1. Manifestación de voluntad libre

Es imprescindible que el titular de los datos no se encuentre obligado a aceptar por temor a las consecuencias perjudiciales que la negativa le pueda ocasionar. Por tanto, a la utilización del término libre comporta que el interesado pueda elegir libremente y pueda mantener el control sobre su información personal.

Si el titular de los datos se siente presionado, ya sea porque la prestación de servicios solicitada o la ejecución del contrato le obliga a aceptar, o si existe un desequilibrio de poder o alguna condicionalidad que le perjudica, el consentimiento quedará invalidado.

Se pueden dar situaciones en las que es difícil determinar que la manifestación de voluntad es libre si existe un desequilibrio de poder, como en las relaciones laborales dónde conviven diferentes fuentes de legitimación. El responsable tendrá que diseñar procedimientos de obtención del consentimiento que preserven la independencia de la elección y garanticen que la negativa al tratamiento no comporta consecuencias negativas para el titular de los datos.

Resulta imprescindible un análisis detallado sobre qué datos son imprescindibles para la formalización de un contrato o la prestación de un servicio para poder valorar situaciones de supeditación o de vinculación. Si se determina que el tratamiento de datos es imprescindible, la base de legitimación no sería el consentimiento y por tanto no se aplicaría el art. 7.4 del RGPD.

En el art. 6.3 de la LOPDGDD, se determina que “No podrá supeditarse la ejecución del contrato a que el afectado consienta el tratamiento de los datos personales para finalidades que no guarden relación con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual”. En la misma línea, el RGPD indica que de ninguna manera se podría vincular el consentimiento a la aceptación de términos y condiciones generales del contrato

El legislador, tanto europeo como nacional, señala la condicionalidad como una presunción de falta de libertad para otorgar el consentimiento. Los responsables del tratamiento, como muestra de responsabilidad proactiva, deben poner especial atención para poder demostrar que la condicionalidad no existe ni tampoco el perjuicio para el interesado.

  1. Manifestación de voluntad específica

La LOPDGDD en su art.6.2 indica que “Cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el consentimiento del afectado para una pluralidad de finalidades será preciso que conste de manera específica e inequívoca que dicho consentimiento se otorga para todas ellas”.

El responsable debe informar de los fines perseguidos los cuales deben ser determinados y específicos para la finalidad perseguida. La determinación y especificación de los fines de tratamiento resulta imprescindible y una garantía para que el uso de la información no se difumine de manera gradual de los fines para los que se produjo la recogida inicial de los datos. Por tanto, debe haber una clara separación entre la información relacionada con la obtención del consentimiento de otras actividades.

En el caso que el formato sea en papel o en contratos electrónicos, la obtención del consentimiento debe quedar claramente diferenciada de las otras cuestiones y deberá ser una solicitud separada y diferenciada de las condiciones generales. En el caso de pantallas pequeñas se podría facilitar la información por capas.

  1. Manifestación de voluntad informada

El RGPD pone especial énfasis en la necesidad de reforzar la información facilitada para conseguir un consentimiento libre. Es, también, uno de los requisitos de la transparencia relacionados con los principios de lealtad y licitud. Esta información necesariamente se debe facilitar antes del inicio del tratamiento y debe mostrarse de manera accesible, ya que de otra manera el titular de los datos este perdería el control.

Los requisitos mínimos para que el consentimiento sea informado son:

  1. Identidad del responsable del tratamiento.
  2. El fin de cada una de las operaciones de tratamiento para las que se solicita en consentimiento.
  3. Tipo de datos que se van a recoger y a utilizar.
  4. La existencia del derecho de retirar el consentimiento.
  5. La información sobre el uso de los datos para decisiones automatizadas de conformidad con el art. 22, ap. 2 letra c) cuando sea pertinente.
  6. La información sobre los posibles riesgos de transferencia de datos debido a la ausencia de una decisión de adecuación y de garantía adecuadas, tal y como se describen en el art. 46.

En el caso que existan múltiples responsables que actúan conjuntamente se deben nombrar a todas las organizaciones y se debe indicar los tipos de datos que van a recogerse y como se van a utilizar. En el caso de encargados de tratamiento, no es necesario indicar cuáles son como requisito para prestar el consentimiento, aunque según se establece en los arts. 13 y 14 del RGPD los responsables deberán facilitar una lista completa de los receptores de los datos que incluyan los encargados. Se debe tener especial atención a lo establecido en el art. 33.2 de la LOPDGDD ya que en este articulo se indica que aunque el contenido del contrato que regula la prestación de servicios formalmente tenga la apariencia de la figura de engarcago de tratamiento por tener el conenido del art. 28.3 del RGPD, en el caso que el encargado actue en nombre propio sin que conste que actua por cuenta de otro, estaremos delante de un responsable de tratamiento y no de un encargado.

La información facilitada deberá adaptarse al caso en concreto en función de los destinatarios, los medios del responsable, el tipo de tratamiento, etc. En general, se debe utilizar un lenguaje claro y sencillo comprensible para el público al que va dirigido y con el medio que se considere más efectivo. El acceso a la información también debe ser fácil y, por tanto, no puede quedar difuminado en medio de condiciones generales de las políticas de privacidad.

  1. Manifestación de voluntad inequívoca

El RGPD determina que un consentimiento válido requiere de una manifestación inequívoca de dicha voluntad mediante una declaración o una acción afirmativa clara. En consecuencia, el interesado debe actuar de forma deliberada mediante una declaración escrita, verbal o efectuada por medios electrónicos para manifestar su consentimiento.

El responsable no debe diseñar los procesos de obtención del consentimiento de manera ambigua ya que debe quedar claro que el consentimiento por parte del titular de los datos es inequívoco. Por tanto, no será admisible la obtención del consentimiento mediante las condiciones generales del contrato, casillas pre-marcadas, etc.

En el caso de medios digitales, la manifestación de voluntad inequívoca se podría obtener mediante la interrupción de la experiencia del usuario para que resulte evidente la acción afirmativa clara. El problema puede surgir si el dispositivo técnico diseñado para obtener el consentimiento es demasiado invasivo y pesado, ya que de esta manera el interesado puede aceptar sin que libremente esté dispuesto a hacerlo ya que lo único que quiere es continuar con su servicio. En este caso sería difícil demostrar que se ha recabado un consentimiento libre.

Puede suceder que los responsables del tratamiento diseñen procedimientos en el ámbito digital en los cuales constantemente se piden aceptaciones a los usuarios, que al final, ya no leen por lo que pierden su eficacia. El RGPD impone a los responsables la obligación de desarrollar maneras de abordar este tema como podría ser la configuración del navegador u otras medidas técnicas para garantizar el consentimiento libre de los usuarios.

Las acciones diseñadas para obtener el consentimiento deben ser claras y evitar la ambigüedad y garantizar que la acción para la cual se presta el consentimiento está claramente diferenciada de las demás. Continuar simplemente con el uso del sitio web no es una conducta de la que pueda inferirse una indicación de que el interesado desee mostrar su acuerdo respecto a una operación de tratamiento.

Obtención del consentimiento explícito

La nueva legislación indica que en el caso de categorías especiales de datos (art. 9 RGPD) o de transferencias internacionales a terceros países u organizaciones internacionales en ausencia de garantías adecuadas es necesario obtener el consentimiento explícito (art.49 RGPD). También es necesario el consentimiento explícito sobre los tratamientos que comporten decisiones individuales automatizadas incluida la elaboración de perfiles (art. 22 RGPD).

Explícito se refiere a la manera en la que el interesado muestra su conformidad. Por tanto, se podría obtener mediante la aceptación de una casilla en un formulario para eliminar cualquier duda, por medio de una conversación telefónica grabada, etc.siempre que se haya informado adecuadamente de manera previa a la aceptación.

Condiciones adicionales para la obtención del consentimiento válido

Los responsables del tratamiento de datos deberán diseñar sus procesos para poder obtener, mantener y demostrar que han conseguido un consentimiento válido. Estos procesos se pueden adaptar a sus protocolos de funcionamiento diario en función de la tecnología o la metodología que utilicen.

En resumen, el responsable deberá poder demostrar:

  1. Que informó adecuadamente y que el proceso de obtención del consentimiento se diseñó de manera efectiva para la finalidad perseguida.
  2. Que el consentimiento sigue siendo válido mientras dure la actividad del tratamiento.
  3. Que el interesado puede retirar su consentimiento en cualquier momento y que se haga de una manera tan fácil como se prestó inicialmente.
  4. Que el efecto de revocación del consentimiento produce los efectos de borrado de los datos. En el caso que el responsable quisiera cambiar la base jurídica del tratamiento, deberá notificarlo al interesado de conformidad con los requisitos de transparencia.

Según la LOPDDGG, el tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de 14 años. En otros casos, será necesaria la obtención del consentimiento de sus representantes legales y el responsable del tratamiento deberá diseñar sistemas para poder verificar de manera razonable la edad y la patria potestad del menor.

En el caso que se presten servicios de la sociedad de la información a niños sobre la base del consentimiento se espera que los responsables adopten las medidas razonables para verificar que el usuario supera la edad del consentimiento digital y adopten medidas de comprobación de la misma.

Los mecanismos de comprobación de la edad del menor y la identificación de la patria potestad deben ser proporcionales y obtener una mínima cantidad de información, la cual, debe ir directamente relacionada con los riesgos inherentes al tratamiento.

Consentimiento otorgado con anterioridad a la entrada en vigor del RGPD

Los responsables que tratan datos sobre la base del consentimiento están obligados a revisar los procesos de obtención del consentimiento y a renovarlos de acuerdo con las exigencias de la nueva legislación aplicable.

Modificar únicamente las políticas de privacidad puede no ser suficiente si el procedimiento de obtención del consentimiento de los datos no fué el adecuado. Los tratamientos basados en consentimientos tácitos, por ejemplo basados en casillas pre-marcadas o inacciones se deberán analizar y determinar si existe una base jurídica que sustente el tratamiento, en caso contrario deberán obtenerse el consentimiento de acuerdo con las exigencias del RGPD:

También será necesario revisar las formas de revocación del consentimiento y si se ajustan a las disposiciones del RGPD.

Conclusión

En el nuevo escenario que ofrece el RGPD y LOPDGG, el responsable debe diseñar todos sus procesos para obtener un consentimiento válido desde el inicio del tratamiento hasta la finalización del mismo y diseñar estrategias que le permitan ir renovando el mismo de manera periódica.

La nueva regulación supone un reto para las organizaciones ya que la licitud, lealtad y la transparencia en el tratamiento de los datos debe ser la base de cualquier proyecto que se desarrolle y supone una implicación de los diferentes departamentos de las mismas en la consecución de los fines concretos.

 

Marta López Benito

Asociada de ENATIC

 

Fuentes:

  1. Directrices sobre el consentimiento en el sentido del Reglamento (UE) 2016/679 http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=623051
  2. Dictamen 15/2011 sobre la definición de consentimiento (WP 187). http://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2011/wp187_en.pdf
  3. Dictamen 03/2016 sobre la evaluación y revisión de la Directiva sobre privacidad las comunicaciones electrónicas. http://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2016/wp240_en.pdf
  4. (http://www.computing.es/analytics/noticias/1107647046201/datos-oro-negro-del-siglo-xxi.1.html

Zsófia Vera Mezei (vía Unsplash)

Última hora del derecho al olvido vs libertad de información

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“Análisis conjunto de la STC. 58/2018 y de la STEDH de 28 de junio de 2018 (Caso M.L. et W.W. vs. Alemania) y contraste con las previsiones del RGPD.”

 

El pasado mes de junio se dictaron dos Sentencias, por el Tribunal Constitucional (STC. 58/2018, de 4 de junio) y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (STEDH de 28 de junio de 2018, Caso M.L. et W.W. vs. Alemania) que, en aparente contradicción, dan un paso más en la doctrina sobre el derecho al olvido y los motores de búsqueda contenida en la archicitada Sentencia del TJUE (Gran Sala) de 13 de mayo de 2014 (asunto C‑131/12, Google Spain, S.L. y Google Inc.).

Recordemos sintéticamente que el TJUE (y actualmente el art. 17.1 a) del RGPD) imponen a los motores de búsqueda la obligación de eliminar los enlaces a páginas web de la lista de resultados basada en el nombre cuando un tratamiento de datos inicialmente lícito pudiera, con el tiempo, no ser ya necesario para los fines para los que fueron recogidos o tratados. El Tribunal otorgó prevalencia al derecho a la intimidad y a la protección de datos, salvo en casos en que la relevancia pública del sujeto u objeto hiciera prevalecer el derecho a la información (en el mismo sentido hoy el art.17.3 a) del RGPD). Por primera vez se dejaba claro que el tratamiento de datos personales realizado constituye una mayor injerencia para los derechos fundamentales del interesado que la publicación de la información en la página web enlazada.

En congruencia con esa doctrina, cuando la Sala Primera de nuestro TS hubo de enfrentarse en su Sentencia de 15 de octubre de 2015 (rec. 2772/2013) a un caso de “derecho al olvido” sobre una noticia relativa a un delito de tráfico de drogas publicada 20 años antes de su puesta a disposición en la hemeroteca digital del diario, ya tenía el camino marcado por el TJUE (y por sus propios antecedentes en SSTS.1917/2016, 1618/2016 y 210/2016) y así, una vez constatadas la carencia de relevancia pública de los demandantes, la ausencia de interés histórico en la información y el considerable tiempo trascurrido desde su inicial divulgación, estimó la pretensión de desindexación en buscadores generalistas al valorar ese tratamiento  desproporcionado, estigmatizador y contrario a la finalidad de reinserción.

El litigio llegó al TC porque los interesados pretendieron, además, que sus datos personales fueran desindexados también del buscador interno del diario y que se suprimiesen o anonimizasen en el código fuente de la web, lo que fue desestimado por el TS al considerarlo un sacrificio desproporcionado de la libertad de información (“censura retrospectiva”), por su mínimo efecto multiplicador en relación con los buscadores generales y en vista de la jurisprudencia del TEDH protectora de la integridad de las hemerotecas digitales.

Circunscrito el recurso de amparo a ese concreto y limitado aspecto, la STC.58/2018, de 4 de junio, resuelve el conflicto con la libertad informativa otorgando prevalencia al primero, obligando a desindexar los datos personales “para su uso por el motor de búsqueda interno de El País”,  que “debe ser considerada una medida limitativa de la libertad de información idónea, necesaria y proporcionada”. Por el contrario, el TC rechaza la pretensión de supresión o anonimización de datos personales del código fuente de la web por estimarla  innecesaria y limitativa de la libertad de prensa.

Es cierto que la STC. 58/2018 aplica la doctrina sentada por el TEDH para esta clase de conflictos, basada en los criterios de veracidad de la información, relevancia pública de los hechos (en el sentido de noticiables), el efecto multiplicador de las hemerotecas digitales sobre la afección en los derechos de la personalidad y la incidencia del tiempo (desactualización de la noticia).

Pero el TC añade una consideración novedosa, al diferenciar dos finalidades de las hemerotecas digitales: “Por un lado, la de garante de la pluralidad informativa que sustenta la construcción de sociedades democráticas, y, por otro, la de crear archivos a partir de informaciones publicadas previamente, que resulta sumamente útil para la investigación histórica… si bien ambas desempeñan una función notable en la formación de la opinión pública libre, no merecen un nivel de protección equivalente al amparo de la protección de las libertades informativas, por cuanto una de las funciones es principal y la otra secundaria”. La función principal “va dirigida a garantizar la formación de una opinión pública plural, no a satisfacer la curiosidad individual y focalizada”. De modo que el TC encuentra mayor justificación en sacrificar la libertad de información en favor de los derechos previstos en el art.18.1 y 4 CE cuando se trata de  noticias que tengan un mero interés histórico, estadístico o científico, que en los casos de noticias con un interés informativo actual.

Dejando a un lado este interesante e inédito punto de vista, lo cierto es que la obligación de desindexar, incluso respecto de los buscadores internos de los diarios, no se compadece bien con un importante aspecto de la libertad de información, y  potencial riesgo para ésta como es la “autocensura”, riesgo sobre el que ha alertado la STEDH de 28 de junio de 2018, Caso M.L. et W.W. vs. Alemania, al resolver sobre un supuesto de denegación del derecho al olvido ejercitado por los protagonistas de varias noticias relativas a graves delitos estando próximo el cumplimiento de las penas por sus autores.

El TEDH pone de manifiesto “el riesgo de que se produzca un efecto disuasorio sobre la libertad de expresión de la prensa…, en particular el riesgo de que los medios de comunicación, por falta de personal suficiente y de tiempo para examinar dichas solicitudes, ya no se vean obligados a incluir en sus informaciones elementos que puedan llegar a ser ilegales posteriormente”. Advierte que las solicitudes de supresión podrían entrañar “el riesgo de que la prensa se abstuviera de conservar las informaciones en sus archivos en línea u omitiera elementos individualizados en las informaciones…”.

Las anteriores consideraciones parecen muy pertinentes en relación con la obligación de desindexar los datos personales de las noticias también respecto de los buscadores internos de los diarios, pretensiones que, de ejercitarse masivamente, y en caso de falta de medios para atenderlas, podrían conducir a que aquellos optasen por no mantener las hemerotecas digitales, o lo que sería más grave aún, optasen por no incluir datos personales en sus informaciones, supuesto de “autocensura” poco razonable.

Aunque se admitiese la tesis del TC de que la funcionalidad de mera investigación histórica que cumplen secundariamente las hemerotecas digitales no merece el mismo nivel de protección constitucional que la de formación de una opinión pública libre (libertad de información), el art.17.3 del RGPD es taxativo al prescribir que el derecho al olvido “no se aplicará” cuando el tratamiento sea necesario con fines de investigación científica o histórica “en la medida en que el derecho indicado en el apartado 1 pudiera hacer imposible u obstaculizar gravemente el logro de los objetivos de dicho tratamiento…”, y no parece dudoso que la desindexación en buscadores generalistas y en buscadores internos de los diarios “obstaculiza gravemente” ese tratamiento con fines de archivo e investigación.

En todo caso, la conciliación del derecho a la protección de los datos personales con el derecho a la libertad de expresión y de información, es uno de los pocos mandatos de regulación que el RGPD (art.85.1) dirige a los Estados miembros, que deberá efectuarse mediante norma con rango de Ley, estableciendo exenciones o excepciones al derecho al olvido (art.85.2).

Pese a lo anterior, sorprendentemente, el proyecto de Ley de Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal actualmente en trámite (texto publicado en el BOCG de 24 de noviembre de 2017), no contempla regulación alguna al respecto, como ya sucediera por cierto con la Ley Orgánica actualmente vigente, omisión que habrá de ser subsanada durante su tramitación parlamentaria con objeto de no incumplir el claro  mandato del RGPD.

 

Javier Núñez Seoane. Abogado

PROLEY ABOGADOS.

Socio ENATIC

@abotgado_es

¿El uso de whatsapp entre abogados y clientes se puede considerar adecuado a la LOPD?

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Recientemente, whatsapp ha actualizado su política de privacidad, introduciendo en la misma el aviso de que los principales datos de identificación del usuario van a ser compartidos por las empresas del grupo Facebook y añadiendo los usos que pueden hacer de los datos personales del usuario.

El usuario recibe una notificación que debe aceptar o rechazar dentro de un plazo, invitándole a que, si no acepta la política, puede dejar de usar la app.

Ello nos mueve a reflexionar si el uso masivo que se está realizando en la actualidad de esta herramienta se adecua a la normativa sobre protección de los derechos a la privacidad existente en nuestro país, especialmente desde el punto de vista de su uso profesional entre los abogados y sus clientes.

Whatsapp como responsable del tratamiento de datos personales

Uso de Whatsapp entre abbogados y clientes - LOPDMediante el uso de whatsapp entre abogado y cliente se está produciendo un tratamiento de datos personales. Whatsapp es un servicio de mensajería con el cual los usuarios pueden intercambiar mensajes de texto y archivos de tipo imagen, vídeo y audio. Whatsapp, para su funcionamiento, utiliza la conexión a Internet del usuario y en el momento en que se instala en un terminal, la plataforma accede a todos los teléfonos de contacto almacenados en este terminal, tanto si estos tienen instalado o no Whatsapp. Es decir, la app lee los números de teléfono de la agenda del usuario para comprobar quienes están registrados en Whatsapp. Los contactos que también dispongan de whatsapp aparecen en la lista de favoritos y en la pantalla de chats de la App.

La Ley Orgànica 15/1999, de 13 de diciembre, debe aplicarse a cualquier tratamiento de datos de carácter personal que se realice en territorio español, así como cuando el responsable del tratamiento no está establecido en territorio de la UE pero utiliza, para tratar los datos personales, medios situados en territorio español.

Sin perjuicio de que en el funcionamiento de este tipo de Apps puede existir diferentes grados de responsabilidad, en el caso que nos ocupa el responsable del tratamiento será la empresa responsable de la explotación comercial de la misma. Esta empresa decide qué tipo de tratamiento realizan de los datos de los usuarios que desean utilizar su app y establecen las condiciones de uso de su app en su página web (“Terms of service”). Así pues, Whatsapp es responsable del tratamiento de datos de los usuarios, a los efectos del art. 3.d) de la LOPD.

Por lo que concierne a nuestro análisis, destaca en sus condiciones de uso publicadas que el usuario que se instala la app se obliga a someterse, en caso de cualquier conflicto legal, a la jurisdicción de California y, de existir desacuerdo entre el usuario y Whatsapp, la normativa aplicable no sería la española, resultando, además, que el acuerdo entre el usuario y la empresa se determina a exclusivamente en dichas clausulas y en la política de privacidad de la misma web. Ello conlleva la exclusión por parte de la empresa de cualquier otra normativa y, en este caso, la europea, en su relación con los usuarios de la app.

El tratamiento de datos entre abogado y cliente por medio de Whatsapp

Un abogado realiza un tratamiento de datos personales con sus clientes que, sin duda, no puede considerarse meramente doméstico (art. 2.a LOPD) para que pudiera estar excluido de la aplicación de la LOPD. El abogado es responsable de determinados ficheros de datos (art. 3.b LOPD) en los que puede tratar información personal de sus clientes. En este sentido el abogado tiene la responsabilidad directa del tratamiento de los datos de sus clientes, que incluye elegir el canal de comunicación más adecuado con los mismos.

Teniendo en cuenta que un dato personal es cualquier información relativa a personas físicas identificadas o identificables (art. 3.a LOPD), la información personal que se trata, cuando se utilizan las apps de mensajería instantánea, deberá ser protegida por la LOPD, puesto que tal como indica el Considerando 24 de la Directiva 2002/58/CE, “los equipos terminales de las redes de comunicaciones electrónicas, así como toda la información almacenada en estos equipos, forman parte de la esfera privada de los usuarios”

Con el uso de las apps de este tipo se produce una comunicación entre dos personas físicas (usuario y contacto), de forma que no solo se tratan los datos del usuario, sino también los de sus contactos. Por otro lado, además de la información personal que pueda figurar en los mensajes de texto, también se tratan archivos adjuntos, como por ejemplo fotografías.

Aun cuando Whatsapp indica en sus condiciones que no recopila nombres, emails, direcciones u otros datos de contacto más allá de los números de teléfono móvil de la lista de contactos, debe tenerse en cuenta que la foto de perfil, el estado del usuario y la fecha y hora de la última conexión, es información personal accesible a cualquier usuario de la plataforma.

Por todo lo que se ha indicado, deberá concluirse que el uso de una app de mensajería instantánea como Whatsapp, en el marco de la relación abogado-cliente puede generar un tratamiento de datos personales del propio abogado, de sus clientes, en el caso que estos se encuentren en la lista de los contactos del teléfono que utiliza el abogado y, hasta, de terceras personas, de las cuales pueda darse información en un mensaje transmitido o en un archivo que se adjunta al mensaje, como podría ser una fotografía, que han de quedar protegidos por la normativa de protección de datos.

En este sentido cabe destacar que Whatsapp, ha mejorado sus medidas de seguridad, mediante la reciente encriptación del contenido de los mensajes intercambiados.

El consentimiento del usuario para el tratamiento de los datos.

Cualquier tratamiento de datos personales ha de disponer del consentimiento previo del titular de los datos (art. 3.e LOPD), a menos que este no sea exigible (art. 6 LOPD). Este consentimiento o la habilitación legal, si procede, es la base jurídica que permite a una app y a los diferentes responsables que intervienen, tratar datos personales del usuario de la app.

En el caso de la app que analizamos, se incluyen las condiciones de su uso en su página web, las cuales pueden ser modificadas de forma unilateral y no dejan margen de opción al usuario, más allá de aceptar o bien no utilizar la app.

En la reciente actualización se informa al usuario que Whatsapp podrá compartir los datos del usuario con las empresas del grupo Facebook, lo que, inicialmente es opción del usuario, aceptar esta comunicación de datos.

Sin poder entrar en más consideraciones relativas a la seguridad de los datos objeto de tratamiento, por mor del espacio de este artículo, habrá que concluir que, sin duda, el abogado tiene la responsabilidad que le otorga la LOPD, como responsable del tratamiento de los datos de sus clientes, que incluye la elección de los canales de comunicación más adecuados para cumplir con las exigencias legales de protección.

Atendiendo a las consideraciones efectuadas y además, a que en el contexto de la relación entre abogado y clientes puede ser frecuente el tratamiento de datos sensibles (art. 7 LOPD), no resultaría recomendable, en mi opinión, el uso de Whatsapp, en la relación entre abogado y cliente.

Pere Rius Alonso
Abogado
Socio Director de TICJURIS ADVOCATS, S.L.P.
Asociado a ENATIC
www.ticjuris.com

Jornada ENATIC- CGAE DATA PRIVACY DAY 27 de enero 2016

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Jornada ENATIC - CGAE DATA PRIVACY DAY 2016

Jornada ENATIC – CGAE DATA PRIVACY DAY 2016

 

La Comisión Europea, el Consejo de Europa y las Autoridades de Protección de Datos de los estados miembros de la Unión Europea, impulsan la celebración del Día Europeo de la Protección de Datos en Europa el día 28 de enero de cada año, para promover el conocimiento entre los ciudadanos acerca de cuáles son sus derechos y responsabilidades en materia de protección de datos.

Considerando que muchos de nosotros seguramente acudiremos a los múltiples eventos que, con ocasión de dicha celebración tengan lugar el día 28, hemos decidido organizar una jornada de encuentro sobre la temática la tarde del día 27 (miércoles) en el Salón de Actos del Consejo General de la Abogacía Española, aproximadamente de 17:30 a 19:45 y con la siempre constante intención de poder tomarnos algo juntos a la salida quienes podáis.

La jornada que compartiremos con el hashtag #enaTICDPD16, será gratuita y dará comienzo a las 17:30 horas con la presentación de la misma por Lucas Blanque (Director de los Servicios Jurídicos en Consejo General de la Abogacía Española) y por Rodolfo Tesone Presidente de ENATIC.

Tras ello, sobre las 17:45 celebraremos una animada mesa redonda y coloquio de píldoras sobre retos y previsiones en materia de protección de datos para 2016 que se aventurarán a vaticinar y compartir nuestros queridos ponentes Javier Carbayo (Asociado Senior y Gerente del Área de Compliance en ECIX Group), Paula Ortíz (Director of Legal and Institutional Affairs. IAB Spain) y David Maeztu (Abogado en Abanlex), moderada por Borja Adsuara (Abogado, Profesor, miembro de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, Fundación España Digital).

Finalizaremos con una charla específica y posterior coloquio sobre el control de las comunicaciones electrónicas y uso de medios tecnológicos en la empresa que impartirá Leandro Nuñez. (Socio de Audens y Secretario de ENATIC).

 

Por control de plazas disponibles, os agradecemos que aquellos que tengáis previsto acudir a la jornada nos aviséis enviando un correo electrónico a enaticeventos@enatic.org o comunicacion@enatic.org.

Además, a lo largo del día 28 tenemos previsto compartir en twitter tips sobre protección de datos “en modo verso”, así que apelamos a vuestra ayuda, participación, simpatía y creatividad en apoyo a esta iniciativa, para lo que os pediremos que nos citéis (@ENATIC1) para poder dar la difusión que merece a vuestras recomendaciones en materia de protección de datos.

Os esperamos el miércoles en Madrid!

Asiste al VII Foro de la Privacidad del Data Privacy Institute

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VII Foro de la Privacidad

VII Foro de la Privacidad

El próximo 22 de septiembre, ISMS y Data Privacy Institute celebran la Séptima Edición del Foro de la Privacidad en el Auditorio Principal de CaixaForum Madrid (Paseo del Prado, 36).

Nos complace anunciar que, fruto de las excelentes relaciones con asociaciones hermanas, los asociados de ENATIC que deseen asistir podrán inscribirse en el enlace de inscripción indicando el código de invitación que recibiréis por comunicación individual de la Comisión de Comunicación de ENATIC.

La protección de datos como elemento dinamizador de la economía digital, la transformación digital del negocio de la privacidad, o las métricas de cumplimiento de privacidad y evaluación de riesgos; el estado actual del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos; las implicaciones del nuevo Reglamento para las grandes compañías, y la actualización del Convenio 108 y estándares del Consejo de Europa, serán algunos de los temas que se tratarán en esta ocasión.

Os facilitamos el enlace del evento en el que podréis encontrar la información publicada, el programa actualizado y las intervenciones de referencia en la materia y los demás detalles logísticos.

Estamos seguros de que un año más va a ser un evento referente en la materia por lo que os animamos a asistir.

¡Nos vemos el 22 de septiembre!

FODERTICS un gran encuentro de investigadores TIC

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Crónica del IV Forum de Expertos y Jóvenes Investigadores en Derecho TIC y Nuevas Tecnologías (FODERTICS).

Los días 19 y 20 de marzo de 2015 se desarrolló en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca (USAL) el IV Foro de Expertos y Jóvenes Investigadores en Derecho y Nuevas Tecnologías (FODERTICS). Un evento organizado bajo la dirección académica del Dr. D. Federico Bueno de Mata, Profesor Ayudante Doctor del Área de Derecho procesal de la USAL y miembro de ENATIC, y en el que han colaborado entidades como la propia USAL, ENATIC, el Grupo de Investigación de Excelencia de Estudios Procesales de la Universidad de Salamanca (IUDICIUM) o EMEDEU Project. Además, un evento con un desarrollo perfectamente engranado gracias al gran trabajo del Comité Organizador.

IV Forum de Expertos y Jóvenes Investigadores en Derecho y Nuevas Tecnologías TIC

IV Forum de Expertos y Jóvenes Investigadores en Derecho y Nuevas Tecnologías TIC

La primera jornada de este IV FODERTICS, tras su acto de inauguración, contó con una magnífica conferencia de inauguración con Dª. Elvira Tejada de la Fuente en el estrado. La conferenciante, Fiscal de Sala Coordinadora en materia de Criminalidad Informática, expuso datos sobre la actuación y el papel del Ministerio Fiscal frente a la ciberdelincuencia. El principal dato fue que continúa recayendo el mayor porcentaje de escritos de acusación relativos a delitos TIC sobre las estafas que se cometen vía Internet. Contempló además los nuevos escenarios que traerán las nuevas reformas normativas en puntos controvertidos como la tipificación en el nuevo Código Penal de determinados ataques informáticos o el acceso a sistemas informáticos, incluyendo las propias herramientas para llevar a cabo ambas conductas, o la regulación del acceso por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a equipos informáticos en sus investigaciones criminales.

IV Forum de Expertos y Jóvenes Investigadores en Derecho y Nuevas Tecnologías TIC

IV Forum de Expertos y Jóvenes Investigadores en Derecho y Nuevas Tecnologías TIC

El bloque relativo a la protección de datos contó con las exposiciones de ponentes como el Dr. Juan Pablo Aparicio Vaquero, Profesor Titular de Derecho Civil en la USAL; la Dr.ª Gemma Minero Alejandre, Profesora Ayudante Doctora de Derecho Civil en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM); el Dr. Vicente Gimeno Beviá, Profesor de Derecho Mercantil de la Universidad de Alicante o D.ª Teresa Heredero Campo, Doctoranda en Derecho Civil en la USAL. Plantearon cuestiones tan interesantes como la privacidad y las redes sociales, el Derecho al Olvido, los data room en los procesos due diligence en fusiones y adquisiciones de empresa y el uso social de la imagen en Internet. Se estableció la situación jurídica y social tan particular de los menores de edad ante el registro, acceso y uso de las redes sociales. Se concretaron apuntes como el ejercicio de los Derechos ARCO en las redes sociales, y de como una cierta adicción a las TIC puede suponer un debilitamiento de la intimidad de las personas e incluso si realmente podemos hablar de un Derecho a la protección de datos como un Derecho de la personalidad.

Se cerró la mañana con un Taller sobre Informática Forense a cargo de D. Lorenzo Martínez, Ingeniero Informático y perito forense, fundador de Securízame que mostró al público dos casos sobre los que había trabajado, un Ransonware “con particularidades” y un caso sobre amenazas continuadas vía SMS y email.

La tarde del jueves comenzó con una Mesa Redonda sobre Mediación Electrónica, sirviendo a la vez como presentación del PROYECTO EMEDEU mencionado anteriormente y en el que todo jurista puede participar y obtener más información a través de: www.emedeuproject.eu. La Mesa, compuesta por el Dr. D. Lorenzo Bujosa Vadell, Catedrático de Derecho Procesal de la USAL; el Dr. D. Fernando Martin Diz, Profesor Titular de Derecho Procesal de la USAL; D.ª Bibiana Luz Clara, Abogada y Profesora de la Universidad de Fasta (Argentina); D. Francisco de Asís González Campó, Doctorando en Derecho Procesal en la Universidad de Zaragoza (UNIZAR); D. Rolando Joaquín Ortega Hernández, Doctorando en Derecho Mercantil en la USAL y D.ª Claudia Alburquerque García, Abogada y Mediadora aglutinó la exposición de temas tan interesantes como los nuevos retos que plantea la mediación electrónica tanto a nivel nacional, como a nivel transfronterizo e internacional. Presentando en este escenario global el Proyecto CREC o modelo para la Creación de Centros de Resolución Electrónica de Conflictos en materias como el e-commerce o la propiedad intelectual y la mediación electrónica extranjera y española intrajudicial. Se puso especial atención a la incidencia o problemas que puedan originar estos sistemas a la confidencialidad o protección de los datos y, en especial, al papel del responsable del fichero. De la misma manera que estos sistemas electrónicos también inciden sobre el propio procedimiento de mediación tradicional.

La primera jornada finalizó con un entretenido e interesantísimo Tweet-Debate sobre si cabe o no la regulación o auto-regulación de contenidos en Internet. Con la figura de D. Fernando Carbajo Cascón, Profesor Titular de Derecho Mercantil de la USAL, como moderador, el debate contó con la primera participación de ENATIC en el IV FODERTICS gracias a las intervenciones y réplicas de D. Francisco Pérez Bes, Secretario General de INCIBE y D. Borja Adsuara Varela, Consejero de Estrategia Digital de Empresas y Administraciones Públicas y miembro de ENATIC. Al ser un Tweet-Debate, y por tanto una contienda abierta, tanto por parte de los oradores como por parte de internautas y asistentes, se pusieron de manifiesto interesantes cuestiones. ¿Estamos como profesionales jurídicos preparados para elaborar códigos de conducta si un cliente nos lo solicita?¿Están preparadas las empresas para dirimir cuestiones que se plantean desde campos como el de la infoética? Además, se planteó un inconveniente que podría originar la auto-regulación nacida en grandes operadores de Internet como sería el derivar en un dominio absoluto por parte de éstas. Y quedó claro que la auto-regulación es una gran desconocida para la ciudadanía, incluso entre juristas. En definitiva,  lo más importante será pensar en educar en valores como la honradez e incluso volver al Derecho natural o romano y centrarse en la importancia de los conceptos en el caso de que exista una auto-regulación. También se hizo alusión a la co-regulación, y sus diferencias, o no, respecto con la regulación y la auto-regulación.

A primera hora de la jornada del viernes se expusieron interesantes aportes sobre el uso de la tecnología en el proceso bajo el título de Cooperación Judicial Internacional y TIC por parte de D. Adán Carrizo González Castell, Profesor Contratado Doctor Derecho Procesal de la USAL; D. Luis Miguel Sánchez Gil, Criminólogo; la Dr.ª Anabela Susana de Sousa Gonçalves, Professora Auxiliar de la Escola de Direito de la Universidade do Minho (Portugal) y la Dr.ª Wilma Arellano Toledo, Doctora en Derecho, Investigadora y Dirección Adjunta de Innovación y Conocimiento de INFOTEC (México). En este apartado se habló sobre los nuevos métodos y modelos de cooperación judicial internacional basados en las nuevas tecnologías, así como de los nuevos problemas que se desarrollan en entornos como Internet que precisan de esa cooperación, como pueda ser el ciberterrorismo islamista. Otra de las problemáticas que surgen de un medio de comunicación como Internet es la de establecer el lugar donde ocurre un hecho dañoso en los ilícitos online y establecer la competencia judicial internacional. En este mismo sentido, en materia de cooperación internacional TIC es un aspecto importante la incidencia de la geolocalización en los derechos fundamentales. Un escenario en el que intervienen numerosos Estados soberanos y en el que existen diferentes territorios de reconocimiento de resoluciones judiciales de ahí la importancia de cooperar y armonizar legislaciones a nivel internacional.

Para cerrar la mañana del viernes se trataron las diligencias de investigación en relación a las TIC. Intervinieron en primer lugar la Dr.ª  Marta del Pozo Pérez, Profesora Contratada Doctora de Derecho Procesal de la USAL y D. Julio Sánchez Casado, Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía. Ofrecieron una entretenida ponencia, un duo siempre esperado por los asistentes y que se ha convertido en todo un clásico en FODERTICS. Si en la edición anterior hablaron de series como CSI, Mentes Criminales, etc. esta vez se centraron en el uso de diligencias de investigación y nuevas tecnologías en largometrajes cinematográficos, en la línea de siempre, dirimir si es mito o realidad lo que vemos en la pantalla. Se analizaron las diligencias de investigación utilizadas en la película “La isla mínima” en los años ochenta, comparándolas con las empleadas actualmente, es decir, cómo se hubiese investigado ese mismo hecho en el año 2015; quedando constancia, para bien, que mucho han cambiado los tiempos. En el mismo bloque también se trató la utilización de drones como herramienta en la investigación penal por parte de la Dr.ª Maria Jesús Ariza Colmenarejo, Profesora Titular Derecho Procesal de la UAM. Un tema de gran importancia y novedad, exponiendo así uno de los temas más interesantes a nivel tecnológico, legal y práctico de las jornadas ya que hablamos de una amalgama legal de regulación del espacio aéreo, videocámaras, diligencias de investigación, etc. Finalmente, el Dr. Jordi Gimeno Beviá, Profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Castilla la Mancha y D. Francisco de Asís González Campos, Doctorando en Derecho Procesal en la UNIZAR trataron asuntos como “El secreto a las comunicaciones en las diligencias de investigación (interna y externa) frente a la persona jurídica” o “A propósito de la P-300: de la teoría de la intervención corporal a la neuroinstrucción del delito”.

El siguiente bloque versó sobre Ciberdelincuencia: aspectos procesales y víctimas especialmente vulnerables, con la intervención del Dr. Juan Carlos Ortiz Pradillo. Profesor Contratado Doctor Derecho Procesal de la Universidad de Castilla la Mancha estableciendo los problemas y soluciones procesales de los ciberdelitos (como la masividad, movilidad, modernización normativa, etc) resultando importante determinar el lugar del delito en base a teorías de atribución de jurisdicción. Acto seguido, D.ª María García de Pablos, D.ª Adaya María Esteban Ruiz e D.ª Isabel Domínguez Mateos, alumnas del Grado en Derecho de la USAL; D. Roberto Cangueiro y D. Pedro Oliveira Heitor, estudiantes de Másteres de Derecho e Informática en Escola de Direito da Universidade do Minho (Portugal) y D. Cristina San Miguel Caso, Doctoranda en Derecho Procesal de la Universidad de Cantabria expusieron interesantes temas como los problemas procesales de la ciberdelincuencia, la sextorsión como un método de tortura en la red, la sanción de la práctica de hacking en el ordenamiento jurídico portugués o la videovigilancia en el proceso penal.

ENATIC-USAL Master en Derecho Digital

ENATIC-USAL Master en Derecho Digital

El último bloque del IV FODERTICS, bajo el título de “Abogacía Digital y E-Justicia”, tuvo como ponente a D. Rodolfo Tesone Mendizábal, Presidente de ENATIC. El ponente planteó el impacto de las TIC en la profesión de abogado, y de la necesidad de la abogacía de innovar y reinventarse en el siglo de las TIC. Así también en este acto, D. Rodolfo Tesone y D. Federico Bueno anunciaron la creación del Máster en Derecho Digital ENATIC-USAL en el que se está trabajando para el curso siguiente.

El resto de panelistas, el Dr. Cláudio S. de Lucena Neto, Professor do Centro de Ciências Jurídicas de la Universidade Estadual da Paraíba (Brasil); D. Pablo García Molina, Doctorando en Derecho Procesal en la Universidad de Cádiz y D. Julio Pérez Gaipo, Profesor Ayudante del Área de Derecho procesal de la Universidad de Cantabria, expusieron sus estudios sobre el intercambio de información, colaboración en red y la disrupción del sistema judicial, y si realmente nos dirigimos hacia “hiperjuicios” o hacia una “wikijusticia”. Igualmente trataron interesantes cuestiones como la asistencia letrada al detenido en la toma de muestras biológicas para la práctica de la prueba de ADN o el embargo de las monedas virtuales.

La jornada del viernes, y como cierre de este FODERTICS 2015, finalizó con la conferencia de clausura autoría de D. Eloy Velasco Núñez, Juez Central de Instrucción en la Audiencia Nacional, haciendo una reflexión crítica sobre la investigación de la ciberdelincuencia a tenor de las últimas reformas procesales. Se confesó un “enamorado” como juez de la prueba científica y expuso los pros y contras de éstas, a diferencia de otras pruebas como las testificales. En relación con las pruebas electrónicas, la mayor problemática reside en las aportadas por los particulares y no las presentadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en el sentido del cumplimiento de todas las garantías exigidas legalmente por parte de quien aporta la prueba.

IV Forum de Expertos y Jóvenes Investigadores en Derecho y Nuevas Tecnologías TIC

IV Forum de Expertos y Jóvenes Investigadores en Derecho y Nuevas Tecnologías TIC

En resumen, podemos resumir esta IV edición de FODERTICS como un evento de elevado nivel que se supera edición tras edición en nivel de calidad de los ponentes y panelistas, ejes temáticos y organización. El afán de superación año tras año por parte de dirección y organización se corrobora en cada edición, un hecho digno de mención y elogios en un escenario económico que en nada acompaña ni ayuda a los intereses de propuestas educativas, investigadoras y de acercamiento entre profesionales como ésta.

IV Forum de Expertos y Jóvenes Investigadores en Derecho y Nuevas Tecnologías TIC

IV Forum de Expertos y Jóvenes Investigadores en Derecho y Nuevas Tecnologías TIC

Por Eleazar García Gómez.