La revolución de los selfies

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¿Quién no se ha autorretratado alguna vez? En esto consiste la moda de las autofotos o más conocidas como ‘selfies’.

Si bien es cierto que el autorretrato no es nada nuevo, sí lo es todo lo que gira alrededor de la tendencia selfie. Precisamente de eso se trata este post. Sin profundizar demasiado, mi intención es ofreceros un breve recorrido por las cosas del mundo en el que vivimos que, de alguna manera, se han transformado a consecuencia de este fenómeno social.

Los selfies y nuestra seguridad personal

En ocasiones lo que se pretende transmitir a través de un selfie es algo más que nuestra cara. Pues desgraciadamente cada vez es más frecuente ver como usuarios se juegan la vida y su seguridad personal en busca de la autofoto más espectacular. Hace apenas unas semanas se barajaba un dato cuanto menos sorprendente y es que, en lo que va de año, han muerto más personas por selfies que por ataques de tiburón. Así, preocupados por el aumento de traumatismos y desenlaces fatales, el gobierno ruso llegó a elaborar esta guía para ‘selfiarse’ de forma segura.

Aspectos jurídicos de los selfies

Por supuesto debo referirse también a la visión jurídica de los selfies. Hay que tener en cuenta aspectos como la protección de datos o el derecho a la imagen antes de tomarse una autofoto junto a otra persona. Se le debe pedir permiso para disparar el flash pero también para postearlo en las redes sociales.

Sin embargo, también entran en juego los derechos de propiedad intelectual. ¿Quién no se acuerda de la disputa que hubo por el selfie del mono? Legalmente, ¿quién es su autor? El mono? David Slater, como propietario de la cámara? Wikimedia? Nadie?

Parece que el asunto no quedó en una simple anécdota para el fotógrafo, porque ahora la organización PETA, que vela por el trato ético a los animales, ha pedido a los tribunales estadounidenses que le reconozcan derechos de autor al macaco. Según ellos, el mono tiene derecho a beneficiarse de los ingresos que obtuvo el fotógrafo David Slater por la repercusión social y viral que tuvieron los autorretratos.

(Quería ilustrar este post con el selfie del mono, como uno de los iconos del fenómeno, pero tal y cómo está el patio…)

Los selfies y nuestro perfil psicológico: ¿es posible descubrir la personalidad de los demás a través de sus selfies?

En un estudio que elaboraron investigadores de la Universidad Estatal de Ohio se concluyó que los hombres que publican más selfies en redes sociales tienen rasgos psicopáticos, narcisistas y personalidad antisocial. Además, los que se dedicaban a editar sus fotos presentaban un grado de auto-objetivación, es decir, que se valoran a sí mismos según su apariencia física.

Por otra parte, psicólogos de la Universidad de Birmingham descubrieron que los selfies afectan las relaciones interpersonales porque las personas de nuestro alrededor pueden sentirse en un segundo plano; hacerse selfies genera tensión (la de no saber cuándo será la próxima foto y tener que estar preparados para salir bien) y por tanto, irritabilidad; y porque supone competir entre iguales.

A todo ello, algunos profesionales como el Dr. David Veale, psiquiatra del Hospital de Maudsley (Londres), ya han puesto nombre cuando la tendencia del selfie es patológica: “Transtorno Dismórfico Corporal”.

Llegados a este punto, me reconfortan opiniones como la del psicólogo Jonathan García-Allen cuando dice que “el problema principal no son las nuevas tecnologías, sino el uso patológico de las mismas”. Gracias. Me tranquiliza saber que si hago selfies  no significa que sufra un trastorno mental.

Nuevas oportunidades de negocio gracias a los selfies

Las modas también conllevan nuevas oportunidades de negocio y la tendencia selfie es una de ellas. Por un lado, está suponiendo una evolución de la tecnología ya que los fabricantes de smartphones están dando más protagonismo a la cámara frontal que otros componentes (mayor calidad en la imagen, pantallas más grandes, etc.). Pues, saben que tienen que adaptarse a lo que sus usuarios demandan. Y, por otro lado, se  han puesto a la venta nuevos gadgets orientados al selfie como, por ejemplo, el palo extensible para hacer selfies o bien, uno que personalmente me ha llamado la atención, que sirve para autorretratarte con tu perro. Se trata de un accesorio en la parte superior de tu smartphone que sujeta una pelota de tenis (para llamar la atención del animal) y así te aseguras de que ría y salga bien.

El sistema financiero no es ajeno a todo esto, y dentro de poco nos dejaran “pagar por la cara” para evitar el fraude bancario. Se están desarrollando software de reconocimiento facial que nos ayudaran a pagar las compras online con un simple selfie y evitar la suplantación de identidad. Por supuesto, este innovador sistema de pago no está exento de polémica.

Los selfies no solamente sirven para demostrar lo bien que está uno, sino también para mostrar lugares que se visitan. De ahí puede derivarse una importante oportunidad de promoción para el turismo de la zona, aprovechando la viralidad de la que se caracterizan las redes sociales.

Campañas de reivindicación con selfies

Meses atrás se hizo popular la campaña del “Ice Bucket Challenge” para la lucha contra la esclerosis, que consistía en echarse un cubo de agua helada encima y subir el vídeo en tus redes. Más de cerca nos toca la campaña de #T de “La Brigada Tuitera” contra las tasas judiciales, que consiste en poner este símbolo en tu avatar de Twitter.

Como no podía ser de otra forma, los selfies también se han convertido en instrumento para reivindicaciones sociales como, por ejemplo, la campaña selfie de jóvenes libanenses contra la violencia.

Y hablando de selfies, reivindicaciones y justicia, se me viene a la mente una iniciativa para los profesionales del Derecho y abierta a todos: sería interesante impulsar una campaña contra el colapso judicial y otras vergüenzas afines. Venga, ¿alguno se anima a compartir su selfie en sala?

 

Cristina Ribas Casademont
Abogada especialista en Internet y nuevas tecnologías en Ribas Casademont advocats®
@RibasCasademont
https://es.linkedin.com/in/cristinaribas

Intrusismo informático y privacidad

La nueva regulación penal de los delitos relativos a la intromisión en la intimidad y descubrimiento y revelación de secretos.

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La reciente reforma del Código Penal ha introducido importantes modificaciones en el tratamiento penal de los delitos relativos a la Intromisión en la Intimidad y Descubrimiento y Revelación de secretos, descritos en el Capítulo I del Título X.

Las distintas modalidades delictivas que se contemplan con la nueva regulación de este delito son:

  • 197.1: violación del secreto de la correspondencia, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, escuchas ilegales y captación de imágenes o de cualquier otra señal de comunicación, castigado con penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.
  • 197.2: sustracción, utilización o modificación de datos de carácter personal, registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier archivo o registro público, castigado con penas similares al anterior.
  • 197.3: difusión, revelación o cesión a terceros de datos, hechos o imágenes captadas ilegalmente, a los que se refieren los números anteriores. En este caso estamos ante un agravamiento de la pena que supondrá penas de prisión ligeramente superiores (de dos a cinco años). También serán castigadas las personas que, aún sin haber tomado parte en el descubrimiento, realicen la conducta de difusión descrita, teniendo conocimiento de su origen ilícito.
  • 197.4, 5 y 6: Agravamiento de las penas de los hechos descritos en los apartados 1 y 2, cuando se cometan por encargados o responsables de ficheros o soportes o se realicen sin autorización de la víctima, o se trate de datos sensibles o que afecten a una persona con discapacidad. También si estos hechos se realizan con fines lucrativos.
  • 197.7: Difusión de imágenes o grabaciones audiovisuales de una persona, aun con su anuencia, obtenidas en un domicilio o cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona. Pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses, agravada en función de condición de la persona afectada.
  • 197 bis.1: Intrusión, accesión o facilitación a otro el acceso a un sistema de información o mantenerse en el mismo. Pena de prisión de seis meses a dos años.
  • 197 bis.2: Interceptación de transmisiones no públicas de datos informáticos, mediante la utilización de artificios o instrumentos técnicos. Pena de prisión de tres meses a dos años o multa de tres a doce meses.
  • 197 ter: Producción, distribución o adquisición para su uso, con la finalidad de facilitar la comisión de los delitos de los apartados 1 y 2 del art. 197 o el art. 197 bis, de un programa informático o contraseñas que permitan acceder a un sistema de información.
  • 199: revelación de secretos ajenos, conocidos por razón de su oficio o relaciones laborales, así como la divulgación realizada por el profesional. Penas de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses, agravándose para el supuesto del profesional, con pena de uno a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para dicha profesión por tiempo de dos a seis años.
  • 200: descubrimiento, revelación o cesión de datos reservados de personas jurídicas.

Los apartados 1 y 2 del artículo 197, no han supuesto variación con respecto a la redacción anterior a la reforma y vienen a describir conductas de forma amplia, realizadas con la finalidad de vulnerar la intimidad de otro.

Así, las conductas descritas pueden resumirse, concurriendo la falta de consentimiento, en:

  • Apoderarse de papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales.
  • Interceptación de las telecomunicaciones o utilización de artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación.
  • Obtención, utilización o modificación, en perjuicio de tercero, de datos reservados de carácter personal o familiar de otro, registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o cualquier otro archivo público o privado.

Como es de ver, la redacción vigente, sin modificación de la anterior, en estos apartados ya pretende ser exhaustiva, conociendo ya las posibilidades que las nuevas tecnologías había introducido y que podían contribuir a facilitar los actos contra la intimidad de las personas.

La nueva regulación introducida ha venido a prevenir nuevas conductas que estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación han posibilitado, con el objeto de solucionar los problemas de falta de tipicidad de algunas de ellas.

Se introducen pues, nuevos supuestos, como los referidos a la difusión de imágenes o grabaciones audiovisuales de otra persona, obtenidas aún con su consentimiento, pero habiéndose obtenido dichas imágenes en un ámbito privado y siendo que su difusión puede lesionar gravemente la intimidad de esta persona.

Con esta reforma se otorga una mejor tutela al derecho a la intimidad, puesto que la redacción anterior no cubría los supuestos de la existencia de un consentimiento inicial, lo que aparecía insuficiente ante las posibilidades actuales que las nuevas tecnologías ofrecen para atacar los aspectos de la intimidad personal.

Se refuerza asimismo, con la norma del art. 197 bis, la tipificación del denominado intrusismo informático, realizando la descripción de la conducta típica consistente en introducirse, sin autorización, en un sistema informático o el que utilice artificios o instrumentos técnicos para interceptar transmisiones no públicas de datos informáticos.

En este sentido cabe concluir que el mero acceso al sistema de otro, sin autorización de este, comporta la conducta delictiva. Ello permite que, tanto los particulares como las empresas, dispongan de una mejor protección penal para conductas que, hasta el momento, debían analizarse en función de la finalidad de la conducta y en relación a lo previsto en el número 1 de este artículo.

En este sentido, el nuevo art. 197 ter previene el castigo para los actos de producción o difusión de instrumentos que faciliten la comisión de los delitos descritos, tanto en los números 1 y 2 de este artículo, como en el nuevo del art. 197 bis., así como el agravamiento  de las penas, si los hechos se hubieran cometido en el seno de un grupo u organización criminal.

Finalmente cabe resaltar que cuando sea responsable de los delitos descritos una persona jurídica, conforme a lo establecido en el art. 31 bis del Código Penal, se le impondrá a ésta una pena de multa de seis meses a dos años, pudiendo, además, imponerse las penas de disolución de la persona jurídica o su intervención judicial, de acuerdo con las reglas del art. 66 bis.

Este último supuesto lleva a concluir la necesidad de que las personas jurídicas, cuya actividad pueda tener relación con las actividades informáticas o la protección de datos, medidas de seguridad, etc., deberían disponer de modelos o planes de organización que contengan medidas idóneas de vigilancia y control para prevenir delitos de esta naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión, lo que podría alegarse como exención de responsabilidad, en caso de imputación, de acuerdo con las reglas previstas en el art. 31 bis.2 del CP en su nueva redacción.

 

Pere Rius Alonso
Abogado
TICJURIS ADVOCATS, S.L.P.
www.ticjuris.com

NO CON MI EMAIL – A cuenta del uso del mail y teléfono particular en el ámbito laboral.

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En los últimos días hemos sabido (a través de un medio que hay que aplaudir y pedir que sea más habitual, como son las notas judiciales publicadas en la web del Consejo General del Poder Judicial), que el Tribunal Supremo se ha pronunciado en el sentido de que una empresa no puede obligar al trabajador a facilitar el teléfono móvil y el correo electrónico en el contrato de trabajo.

 Tsunami? Galerna? Marejada? Algo de oleaje? Como siempre, el tamaño de las olas…, depende de los detalles. No han de

No con mi email.

«No con mi email.» (imagen de dominio público)

servir estas primeras líneas para quitar importancia a tan relevante pronunciamiento, sino antes de bien para contextualizar su contenido, no sólo en base al caso concreto, sino también en base a los claros y oscuros de las interpretaciones que realiza.

 Por ponernos en situación, la sentencia desestima el recurso de casación de la empresa en proceso de conflicto colectivo promovido por el sindicato CCOO, con relación al siguiente supuesto de hecho: cuando una persona se incorporaba a una determinada empresa, había de firmar un contrato en el que se había añadido la siguiente cláusula: «Ambas partes convienen expresamente que cualquier tipo de comunicación relativa a este contrato, a la relación laboral o al puesto de trabajo, podrá ser enviada al trabajador vía SMS o vía correo electrónico, mediante mensaje de texto o documento adjunto al mismo, según los datos facilitados por el trabajador a efectos de contacto. Cualquier cambio o incidencia con respecto a los mismos, deberá ser comunicada a la empresa de forma fehaciente y a la mayor brevedad posible».

Al Supremo no le encaja, desde un punto de vista estrictamente jurídico, que la aportación de datos privados de contacto haya de ser obligatoria para lograr la incorporación. Y ello por cuanto aunque en tal contrato se reviste de voluntaria la susodicha entrega de datos, en la práctica y al formar parte del contrato de trabajo la cláusula que lo recoge, se convierte la entrega en obligatoria al hilo de la necesidad de firmar tal contrato para lograr la incorporación.

Realiza una aportación el Alto Tribunal que sin tener un carácter estrictamente jurídico, sí que resulta de gran interés práctico, cuando indica que la aportación de datos como el correo electrónico o el teléfono móvil personal “pudiera resultar deseable, dado los actuales tiempos de progresiva pujanza telemática en todos los ámbitos”. Haciendo por tanto gala de un gran pragmatismo y de un conocimiento de la realidad (por obvia no menos ajena a veces del sentir y la reflexión de los tribunales), que encuentra su reverso jurídico en la posibilidad de que cualquier compañía obtenga los datos indicados para los fines antedichos siempre que los obtenga previa la voluntad no condicionada y en tal sentido del trabajador. Es decir, obligar al trabajador no es correcto, proponer y convencer al trabajar sí es correcto.

Quizá resulte algo decepcionante que el fundamento para tal posición sea el manido de que el trabajador es la parte más débil del contrato y que al ser incluida la cláusula por la empresa en el momento de acceso a un bien escaso como es el empleo puede entenderse que su consentimiento sobre la aportación de los datos no es por completo libre y voluntario. Con la consecuencia de que tal cláusula es nula por atentar contra un derecho fundamental y “debe excluirse de los contratos de trabajo”.

Igual habría sido mejor aun que, huyendo del cierto paternalismo que entraña esa consideración del trabajador como “parte débil”, se hubiera ido hacia un posicionamiento constructivo, que todavía no es habitual pero debe serlo, y que exige compromiso, implicación y responsabilidad tanto para empleador como para empleado.

En concreto, se trataría de poner en práctica en este caso, de manera sencilla y completamente ajustada a la literalidad de su regulación, los principios de información y consentimiento que vertebran (junto a otros) la Normativa sobre Protección de Datos de Carácter Personal.

Es decir, partimos de que el Tribunal Supremo considera que los datos cuya incorporación al contrato se cuestionan no están exentos del consentimiento del trabajador, porque no lo están en la excepción general del art. 6.2 de la Ley de Protección de Datos al no ser «necesarios para el mantenimiento o cumplimiento» del contrato de trabajo, ya que la relación laboral ha podido hasta recientes fechas desarrollarse sin tales instrumentos (no vamos a entra en esto último, pero al hilo de su lectura no puedo evitar que me parezca oír de fondo aquello de “times are changing”…).

Pero quizá la verdadera innovación habría estado en exigir a la empresa contratante que llevara a cabo una clara diferenciación de aquellos datos sobre cuyo tratamiento sólo se requiere informar al nuevo trabajador, y aquellos datos (como podían ser los que motivan el litigio) cuyo tratamiento requiere también consentimiento. Esta aproximación también requiere del trabajador un compromiso de dotarse de la capacidad para entender la diferenciación, apreciar su oportunidad y por tanto ser responsable respecto a sus consecuencias una vez asumidas.

Es cierto en todo caso que el Supremo acierta de pleno, en mi opinión al tildar de inaplicable al supuesto la excepción del artículo 2.2 del Reglamento de Protección de Datos (ocurrencia quizá surgida de un “nada perdemos”, más de que un convencimiento de la validez del argumento).

En definitiva y como conclusión, hay que agradecer al Tribunal Supremo que se pronuncie en el sentido que lo hace (y que tal pronunciamiento se difunda como se ha hecho), para evitar la conducta del “todo, para todo y si no, nada”. Ello no evita que se eche de menos en basamento jurídico para la desestimación del recurso aquellos argumentos relativos a la diferenciación entre los datos cuyo tratamiento requiere cumplir sólo con el principio de información, y los que requieren también el cumplimiento del principio de consentimiento, y la necesidad de que las empresas huyan de fórmulas absolutas y se comprometan con aquellas que dejan clara tal diferenciación.

 

Francisco Javier Carbayo

Abogado

Asociado Senior y Gerente de Compliane en ECIX

javier.carbayo@ecixgroup.com

@fjcarbayo

es.linkedin.com/in/franciscojaviercarbayo/

Privacidad en la nube pública: la ISO/IEC 27018.

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Privacidad en la nube: la ISO/IEC 27018

Privacidad en la nube: la ISO/IEC 27018

La protección de datos personales en la nube viene siendo objeto de atención por los abogados en España desde hace años, siendo buena muestra de ello que el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) publicasen, en 2012, un informe sobre la utilización del Cloud Computing por los despachos de abogados y el derecho a la protección de datos de carácter personal. Desde entonces se han producido algunas novedades importantes a nivel internacional en relación con la nube pública, entre las que cabe destacar la publicación de la ISO/IEC 27018:2014 Information technology – Security techniques – Code of practice for protection of personally identifiable information (PII) in public clouds acting as PII processors.

Dada su relevancia, a continuación se incluyen algunas preguntas y respuestas sobre la ISO/IEC 27018, que es el primer estándar internacional sobre privacidad en los servicios de nube pública.

  1. ¿Qué es la ISO/IEC 27018?

La norma ISO/IEC 27018 es el primer estándar internacional, promovido por la industria, sobre privacidad en los servicios de nube pública. Publicada en 2014 por la Organización Internacional de Estandarización (en inglés International Organization for Standardization, ISO), es el resultado de un análisis a nivel internacional de varias leyes de protección de datos personales así como de las guías y otros documentos publicados por diferentes autoridades de protección de datos personales, especialmente de la Unión Europea. Por lo tanto, al considerar la protección de datos personales en los servicios de nube pública, la ISO/IEC 27018 es un alto estándar a seguir. Además, es un instrumento que, en caso de que sea necesario, podrá adecuarse fácilmente en el futuro ya que es también un ejemplo de autorregulación que presta atención a cuestiones clave en materia de protección de datos personales.

  1. Con respecto al tratamiento de datos personales, ¿en qué casos se aplica la ISO/IEC 27018?

Desde el punto de vista del tratamiento de datos personales, la ISO/IEC 27018 atiende al esquema en el que el cliente de los servicios de nube pública es responsable del tratamiento y el prestador de servicios de nube pública es encargado del tratamiento. Es así que, cuando el prestador de servicios de nube pública trata datos personales, la ISO/IEC 27018 puede servir como referente a ambas partes, responsable y encargado del tratamiento, para desarrollar el contrato u otro instrumento jurídico necesario conforme a la normativa aplicable sobre protección de datos personales.

De entre los diferentes modelos de despliegue de la nube (privada, pública, comunitaria e híbrida), la ISO/IEC 27018 se refiere a la nube pública, dando así respuesta a las cuestiones que se plantean en relación con la misma desde el punto de vista del cumplimiento en materia de protección de datos personales.

  1. ¿Cuáles son los controles clave?

Entre los controles que prevé, en su anexo, la ISO/IEC 27018 se encuentra uno que refuerza, en su caso, la prohibición prevista en muchas leyes nacionales de que el encargado del tratamiento pueda tratar los datos personales al margen de las instrucciones dadas por el responsable del tratamiento. Se trata, en particular, del control relativo a que el prestador de servicios de nube, como encargado del tratamiento, no pueda tratar los datos personales a los que tenga acceso con fines de publicidad, salvo que haya obtenido la autorización necesaria para ello. Otros controles relevantes se refieren, en particular, a la transparencia y responsabilidad (“accountability”) en el tratamiento de los datos personales por el encargado, incluso relativos a la transferencia internacional de datos.

  1. ¿A quién está dirigida la ISO/IEC 27018?

Quien tiene que adoptar la ISO/IEC 27018 es el prestador de servicios de nube pública. No obstante, se trata de un instrumento adecuado para los clientes de servicios de nube pública, e incluso consultores o auditores jurídicos, ya que les puede servir como guía para revisar y, en su caso, pedir información al prestador de servicios de nube sobre las características de sus servicios y las medidas adoptadas, en su caso, en materia de protección de datos personales. Además, puede ser también una guía para las autoridades de protección de datos personales y otras autoridades reguladoras con competencias en materia de protección de datos personales.

  1. ¿Hay prestadores de servicios de nube que ya han adoptado la ISO/IEC 27018?

Sí, ya hay prestadores de servicios de nube que han adoptado la ISO/IEC 27018. Al respecto, cabe mencionar que el primero fue Microsoft, seguido por Dropbox. Además, sería deseable que otros prestadores de servicios de nube también adoptasen esta norma internacional ya que en la práctica puede facilitar el cumplimiento en materia de protección de datos personales y, además, permite generar confianza en dichos servicios.

Por último, cabe señalar que además de la privacidad con la ISO/IEC 27018, en breve podría publicarse también la ISO/IEC 27017 sobre seguridad en los servicios de nube, basada en la ISO/IEC 27002. Por tanto, habrá que estar atentos a los avances sobre privacidad y seguridad que pueden producirse en relación con los servicios de nube.

Miguel Recio

Abogado y Máster en Protección de Datos, Transparencia y Acceso a la Información

Web: http://www.globaldpc.com

Linkedin: https://es.linkedin.com/pub/miguel-recio/5/105/968

Twitter: @MRecioCloud

 

¿Frena la privacidad el desarrollo del Internet de las cosas (IoT) y del Big Data?

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Frase conocida y recurrente en boca de lobbies y otros actores que nos intentan convencer de las maldades para la innovación y el desarrollo tecnológico de unas estrictas legislaciones de privacidad que son gravosas para las empresas, al aumentar sus gastos y burocracia de una manera desmesurada. Desde estas líneas trataremos de demostrar que esta afirmación no es tal, y que en nuestra modesta opinión, tecnología y privacidad deben ir de la mano puesto que no puede entenderse a una sin la otra.

El punto de partida lo tenemos en dos nuevos actores derivados del desarrollo tecnológico, a saber el denominado Internet de las cosas IoT (Internet of Things) y el Big Data. Podemos definir al primero como multitud de objetos de uso diario conectados a Internet (pulseras, relojes, smartphones, frigoríficos, televisores, vehículos…), de manera que en un futuro existirán más dispositivos conectados que personas. Su característica principal radica en el diseño de una estructura de red interconectada que permite que estos dispositivos físicos se comuniquen entre si con la capacidad de transmitir, compilar y analizar datos.

Por su parte el Big Data podría definirse como sistemas o herramientas que manejan ingentes cantidades de datos en un volumen y tiempo superior al del software habitual, permitiendo su almacenamiento, búsqueda, visualización, compartición, segmentación o análisis. En la misma línea está la definición dada por McKinsey Global Institute (MGI), que lo entiende como “conjuntos de datos cuyo tamaño va más allá de la capacidad de captura, almacenado, gestión y análisis de las herramientas de base de datos”. Su característica principal radicaría en las denominadas 3v: volumen de datos tratados, velocidad de transformación y variedad de datos tratados aunque algunas fuentes las elevan a las 5v añadiendo a las anteriores el valor del sistema que procesa de una manera eficiente y con poco coste y la veracidad de los datos.

Llegados a este punto toca poner de manifiesto las innumerables ventajas y beneficios que para la humanidad pueden traer estas tecnologías. Así por poner algunos ejemplos, los vehículos conectados pueden detectar que un gran número de ellos se dirigen a un mismo punto y por ello, plantear vías alternativas que eviten el temido atasco. Los dispositivos ponibles o wearables pueden controlar determinadas variables del paciente (ritmo cardiaco, nivel de sustancias en sangre…) con lo que pueden acortar la estancia en hospitales o incluso, facilitar información en tiempo real del desarrollo de síntomas de enfermedad o prevenirlas (cáncer, infarto…), y a nivel doméstico podríamos despreocuparnos de la compra en el supermercado ya que el frigorífico conectado detectaría la escasez de un determinado alimento, daría orden de compra y realizaría el pago por tarjeta al supermercado o, el dispositivo de geolocalización del smartphone al detectar la cercanía del domicilio podría ordenar al sistema de calefacción o refrigeración su encendido.

Desde la perspectiva del Big Data, con los contadores inteligentes además del confort para el cliente y el ahorro de costes de personal, se podrían predecir picos de consumo eléctrico evitando así los molestos cortes de luz. O analizando datos de diversas fuentes en su conjunto se podrían predecir aumentos en la demanda de un determinado producto o servicio o, antes de su lanzamiento, si va a tener aceptación por el consumidor o no, o simplemente dirigirte publicidad personalizada que se sepa que será de su interés.

Visto así todo son ventajas para la humanidad, pero mira por donde aparece el experto en la materia y nos introduce un concepto que algunas legislaciones ya han adoptado denominado protección de datos de carácter personal o privacidad. Es entonces cuando se empieza a ver a esta figura como un lastre, un freno y una amenaza para este progreso, cuando la verdad es que sin ella, nunca desarrollarán todo su potencial.

El desarrollo de estas tecnologías tiene una gran amenaza, a saber que los potenciales consumidores recelen de las mismas y bien, no utilicen todo el potencial que estas permiten o bien, planteen continuas reclamaciones o denuncias que las paralicen. En nuestra opinión existen dos grandes pilares donde descansa la confianza en estas tecnologías: la seguridad y los tratamientos respetuosos y leales con la privacidad.

Sobre el primer pilar poco comentaremos porque es pacífico que la seguridad o ciberseguridad es fundamental para estas tecnologías y dispositivos puesto que afectan a su núcleo vital que es la confianza del usuario en las mismas. Raro es el día que no desayunamos con un robo-hackeo-ataque-ciberataque de contraseñas, información o datos de usuarios, fotografías íntimas, tarjetas de crédito y datos bancarios como el reciente robo de información y posterior publicación de datos de usuarios de la web de contactos para casados Ashley Madison. Incluso, a veces, esos ataques no van dirigidos contra datos personales sino contra secretos industriales o gubernamentales o incluso, por motivaciones políticas  o religiosas como el ciberataque a Sony Pictures o los protagonizados por el Estado Islámico. A veces inclusive por el simple regocijo “intelectual” del hacker que vulnera todas las barreras que encuentra. Sólo invirtiendo en seguridad-ciberseguridad, implantando protocolos, sistemas y herramientas actualizadas y acordes con el estado actual de la ciencia y la tecnología en ese momento y estableciendo revisiones y auditorías periódicas, es decir, implementando un verdadero y eficaz sistema de security-cybersecurity by design podremos paliar y mitigar, que no eliminar por completo esos riesgos, puesto que todo dispositivo o sistema conectado puede ser hackeado (ante un riesgo de colisión con otro vehículo, un vehículo inteligente lo puede ser).

El segundo pilar también incide en el núcleo vital de estas tecnologías, a saber, la confianza del usuario. Si el usuario percibe que no existe un verdadero tratamiento leal y acorde con su privacidad recelará de estas tecnologías y no las usará o las usará menos de lo esperado y deseable. Y es que en este bloque también acostumbramos a desayunar diariamente con noticias como que una marca de smartTV puede grabar tus conversaciones a través de la función de reconocimiento de voz y cederlas a terceros según una cláusula contractual y luego no sólo descubrimos que su competidor directo también lo hace, sino que también esa cláusula se encuentra contemplada para los smartphones, o que una compañía preinstala en fabrica adware en sus ordenadores que permite la monitorización y robo de datos o, causando gran alarma al tratarse de menores de edad, muñecas que cuentan con micro y Wifi, por lo que graban las conversaciones y las almacenan en la nube.

Sólo con verdaderas políticas de empresa basadas en el respeto a la privacidad desde el momento de la obtención del dato y durante todo su ciclo vital hasta su destrucción, lo que se viene a denominar “privacy by design” (privacidad desde el diseño) se generará confianza suficiente en los usuarios para el uso generalizado de todo su potencial. Los responsables y encargados de tratamiento o según otra definición, los controladores y procesadores de datos NO deben entender que los datos son de su propiedad sino que son meros administradores o gestores de los mismos.

Como bien recoge la Declaración de México D. F.: “Hacia la implantación de garantías para la protección de datos en los tratamientos de Big Data”  del Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos, los principios que deben inspirar estos tratamientos deben ser los siguientes: ”“principio de inocuidad”, por el que los usos del Big Data bajo ninguna circunstancia deben perjudicar ni a los individuos, ni a la humanidad” y que, en todo caso, las excepciones a este principio deben ser establecidas por los legisladores desde una perspectiva restrictiva y garantista, el “principio de objeción”, por el que las personas puedan oponerse, de manera previa o a posteriori, a que su datos sean tratados, incluso de forma anonimizada, y sin que ello les impida usar las tecnologías, el “principio de seguridad”, las actividades de Big Data deben estar especialmente protegidas, a fin de evitar incidentes accidentales o malintencionados que pongan en riesgo a la información, el “principio de respeto al libre desarrollo de la personalidad”, deben prohibirse usos del Big Data que impliquen la modificación de comportamientos y el determinismo del dato, el “principio de responsabilidad”, por el que en todo momento debe poder atribuirse una determinada actividad de Big Data a una persona física o jurídica y, en su caso, exigirle responsabilidades, y el “principio de transparencia”, por el que deben articularse mecanismos que permitan que las personas afectadas sean conocedoras del uso que se hace de sus datos”.

Por poner algunos ejemplos finales, estos podrían ser algunos parámetros a tener en cuenta:

  • Gratuidad del servicio: si el servicio es gratuito, siempre cumpliendo con los deberes de información, consentimiento y calidad de los datos se podría ofrecer gratis a cambio de cierta información personal, o incluso graduarse el costo del producto o servicio en función de la información personal aportada en cada caso.
  • Expectativa de privacidad: no depende de la gratuidad u onerosidad del servicio puesto que no se tiene la misma a la hora de darse de alta en una red social que a la hora de crear una cuenta de correo electrónico.
  • El poder de elección del usuario: se puede optar por un smartphone u otro, por un servidor de correo electrónico u otro, pero por ejemplo, ante un sistema de mensajería instantánea de uso generalizado o el ingreso en una red social con implantación la única alternativa posible es mantenerte “desconectado y al margen”.
  • El poder de decisión del usuario: al adquirir un equipo o darse de alta en un servicio, el usuario debe ser capaz de configurar o eliminar todo aquello que desee y que sea accesorio al bien o servicio no siendo esencial para el mismo. Un ejemplo de buena práctica es la noticia que el próximo Android permitirá al usuario delimitar los permisos que concede a las APPS instaladas, aunque aún se echa de menos la posibilidad de desinstalación de aquellas que no sean necesarias para el buen funcionamiento del sistema operativo que vienen de fábrica.
  • Por el mero hecho de disociar datos no se soluciona el problema puesto que la anonimización total cada vez es más complicada y cruzando datos disociados de diversas fuentes podría llegarse a identificar al afectado.  Una buena praxis de privacy by design incluiría medidas para estos tratamientos de datos anonimizados.
  • Los representantes de las diferentes autoridades de control de protección de datos y los expertos cada vez acuden más como buena práctica a los denominados “tratamientos éticos” que implican que independientemente manejar datos personales o anonimizados, se deberían plantear unas preguntas previas tales como: qué datos necesito realmente, si los usos previstos son los necesarios y adecuados, etc., evitando así que al encontrarse el dato anonimizado no exista ningún tipo de control al no estar sometidos a día de hoy a regulación.

Quizás más de un lector piense que hace falta un tercer pilar, el de la concienciación y formación en privacidad de los usuarios, y desde luego tienen razón, aunque eso lo dejamos para un próximo post.

 

Francisco Ramón González-Calero Manzanares
Abogado experto en privacidad y seguridad de la información.
Certified Data Privacy Professional por ISMS Forum Spain.
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El derecho de rectificación y mi identidad en un entorno digital.

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Identidad digital

Identidad digital

Al igual que la imagen ilustrativa de este post, el lector puede tener una idea equivocada (o no) de lo que va a leer a continuación dependiendo de si es un abogado especializado en protección de datos o un profesional del periodismo, por ejemplo.

Efectivamente, mi intención con este post es que el lector reflexione un momento sobre la gestión de nuestra identidad digital y sus efectos en la sociedad.

Empezaré por una breve exposición de las diferencias entre el llamado derecho de rectificación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el derecho contemplado en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación.

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Artículo 16 Derecho de rectificación y cancelación
Serán rectificados o cancelados, en su caso, los datos de carácter personal cuyo tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la presente Ley y, en particular, cuando tales datos resulten inexactos o incompletos.
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Artículo 31 Derechos de rectificación y cancelación
El derecho de rectificación es el derecho del afectado a que se modifiquen los datos que resulten ser inexactos o incompletos.

El derecho de rectificación regulado por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, faculta a las personas físicas (y no las jurídicas) modificar los datos inexactos o incompletos que están siendo tratados por un responsable de fichero. Esta facultad que tiene el titular de los datos es uno de los instrumentos que pone a disposición nuestro ordenamiento jurídico con el fin de garantizar la autodeterminación informativa.

Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre de 2000 del Tribunal Constitucional (FJ 7º).
(…)Estos poderes de disposición y control sobre los datos personales, que constituyen parte del contenido del derecho fundamental a la protección de datos se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el Estado o un particular. (…)

Por otro lado, el derecho de rectificación regulado en la Ley Orgánica 2/1984, se debe contextualizar en un momento en que no se estaba pensando en un entorno digital sino en un entorno analógico donde unas pocas corporaciones controlaban los medios de comunicación. En tal sentido este derecho concede tanto a personas  físicas como jurídicas (a diferencia de la LOPD) la posibilidad de aportar una nueva visión de los hechos divulgados por un medio de comunicación social. El derecho de rectificación de información permite al afectado aportar más información a la previamente difundida por el medio de comunicación al considerar que es inexacta y perjudicial a su persona.

Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación.
Artículo primero. Toda persona, natural o jurídica, tiene derecho a rectificar la información difundida, por cualquier medio de comunicación social, de hechos que le aludan, que considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio.

En base a la sentencia del Tribunal Constitucional 99/2011 de 20 de junio,  el ejercicio del derecho de rectificación de la información publicada en un medio de comunicación, a diferencia del derecho de protección de datos, garantiza por un lado que se proteja el derecho al honor de la persona afectada y por otro que el derecho de información pueda salir reforzado al permitir ampliar el contenido  de la noticia al “contrastar versiones contrapuestas”.

Sentencia 99/2011 de 20 de junio de 2011 del Tribunal Constitucional (FJ 4º).
“La rectificación queda conformada, ante todo, como un derecho de la persona aludida a ejercer su propia tutela, un derecho reaccional de tutela del honor, o de bienes personalísimos asociados a la dignidad, al reconocimiento social o a la autoestima frente a informaciones que incidan en la forma en que una persona es presentada o expuesta ante la opinión pública. (…) Pero junto a ese carácter, la rectificación opera como un complemento de la información que se ofrece a la opinión pública, mediante la aportación de una «contraversión» sobre hechos en los que el sujeto ha sido implicado por la noticia difundida por un medio de comunicación. La relevancia pública del espacio informativo en el que queda comprometida la formación de la opinión, justifica la acogida de versiones que permitan el contraste de informaciones en ese mismo espacio mediante la aportación de datos por quien se ve implicado en alusiones que considera inciertas y lesivas de su reputación. Por ello, si bien el derecho de rectificación constituye un derecho autónomo de tutela del propio patrimonio moral, a la vez opera como instrumento de contraste informativo que supone «un complemento de la garantía de libre formación de la opinión (…)

En un entorno digital, que no pudo ser contemplado por los legisladores en 1984, los derechos de acceso, oposición, cancelación y rectificación contemplados en la normativa  de protección de datos están ocupando un lugar importante donde el llamado “derecho al olvido” ha surgido como una herramienta de protección ante las posibles vulneraciones a nuestra privacidad por parte de cualquier tercero.

Por otro lado el artículo segundo de la Ley Orgánica 2/1984 establece un plazo de siete días naturales posteriores a la publicación o difusión de la información para poder ejercer dicho derecho de rectificación ante el director del medio de comunicación. En un entorno como Internet donde la difusión se mantiene en el tiempo de forma indefinida, dichos siete días naturales deberían computarse desde el momento en que desapareciera la información de cualquier medio digital.

Esta comparativa nos lleva a una reflexión. En base a la sentencia del Tribunal Constitucional 99/2011, el ejercicio del derecho de rectificación de la Ley Orgánica 2/1984 permitiría ampliar la información aportada por los medios de comunicación digitales respetando el honor y dignidad del afectado sin limitar de una manera desproporcionada el derecho a la libertad de información contemplado en el artículo 20 de la CE así como poder garantizar la protección de otros derechos como el disponer de un patrimonio histórico y cultural.

Por otro lado el derecho a la autodeterminación informativa es un derecho fundamental reconocido de forma expresa en la sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000 donde una persona física puede disponer de la información que terceros traten sobre una mismo. En tal caso si la información apareciera en medios digitales se debería valorar el interés público de la noticia así como la relevancia pública de la persona afectada para  proceder por parte del responsable del fichero a la cancelación de la información de carácter personal. En tal caso se protegería la privacidad de la persona afectada modificando el contenido de la noticia de tal manera que limitaría el ejercicio de la libertad de información y la libre formación de una opinión pública presente y futura sobre dicho asunto.

Por tanto, ¿qué consideraríamos que sería mejor para garantizar la dignidad de una persona en la era digital, la ocultación de su vinculación a unos hechos veraces o la posibilidad de dar su propia versión de los mismos definiendo mejor su propia identidad ante terceros?.

 

Eduardo López-Román

Abogado especializado en Derecho Digital

Socio fundador de ENATIC

Twitter: @EduLawyer

Asiste al VII Foro de la Privacidad del Data Privacy Institute

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VII Foro de la Privacidad

VII Foro de la Privacidad

El próximo 22 de septiembre, ISMS y Data Privacy Institute celebran la Séptima Edición del Foro de la Privacidad en el Auditorio Principal de CaixaForum Madrid (Paseo del Prado, 36).

Nos complace anunciar que, fruto de las excelentes relaciones con asociaciones hermanas, los asociados de ENATIC que deseen asistir podrán inscribirse en el enlace de inscripción indicando el código de invitación que recibiréis por comunicación individual de la Comisión de Comunicación de ENATIC.

La protección de datos como elemento dinamizador de la economía digital, la transformación digital del negocio de la privacidad, o las métricas de cumplimiento de privacidad y evaluación de riesgos; el estado actual del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos; las implicaciones del nuevo Reglamento para las grandes compañías, y la actualización del Convenio 108 y estándares del Consejo de Europa, serán algunos de los temas que se tratarán en esta ocasión.

Os facilitamos el enlace del evento en el que podréis encontrar la información publicada, el programa actualizado y las intervenciones de referencia en la materia y los demás detalles logísticos.

Estamos seguros de que un año más va a ser un evento referente en la materia por lo que os animamos a asistir.

¡Nos vemos el 22 de septiembre!

Justicia jurásica.

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Me gustaría empezar este post haciendo una pequeña reflexión. Cuando cruzo el portal de entrada de los juzgados me suelo preguntar ¿De verdad estamos en la era digital?, ¿De verdad hoy en día, con los avances tecnológicos que disponemos necesitamos mover tal volumen de documentos físicos  en los juzgados?

El tópico habitual de cualquiera de los juzgados de Alicante y de los muchos que recorro en el ejercicio diario de mi profesión como abogado por la Comunidad Valenciana, es ver sus instalaciones a reventar de montañas de expedientes de colores (en función de la antigüedad de sus autos). Es algo que me impacta en gran medida como abogado que intenta ser tecnológico.

Justicia jurásica.

Justicia jurásica.

Los funcionarios de justicia conviven a su alrededor con montañas de  documentos que rodean sus mesas, los pasillos e incluso en algunas ocasiones en las propias salas de vistas o en estancias poco o nada acondicionadas para albergar en su suelo ingentes cantidades de expedientes repletos de documentos.

Muchas son las noticias al respecto del colapso en los juzgados de prácticamente la totalidad de nuestro territorio nacional.

Para agilizar la eficacia de nuestros juzgados y de la justicia irremediablemente debemos pasar por su modernización, por la implantación y uso de las nuevas tecnologías., Resulta absurdo que en nuestros días y con los medios tecnológicos de que disponemos, sigamos fotocopiando en nuestros despachos los documentos que acompañamos a nuestras demandas y haciendo traslado de los mismos a través de su sellado físico por una oficina física como es el decanato.

Es cierto que a nivel de modernización no todo son pegas, quejas o sugerencias, debemos reconocer que también se han emprendido mejoras, entre ellas debemos destacar:

La implantación del portal «Sede Electrónica Ministerio de Justicia» que en uso de los medios tecnológicos nos ha permitido entre otros agilizar en registros trámites antes laboriosos.

O Lexnet, plataforma de intercambio seguro de información entre los órganos judiciales y los operadores jurídicos, que inició su andadura en el año 2004,  (cuyo argumentario en el portal institucional de justicia ¿Qué es Lexnet?, reseña entre sus virtudes el ahorro de papel y la inmediatez de las comunicaciones).

O las posibilidades abiertas a través de la Autoridad de Certificación de la Abogacia «ACA» con el intento de habituar o más bien “modernizar” a los abogados, tratando de implantar el uso de la firma electrónica incorporada en los carnés colegiales.

Sin embargo, la realidad a día de hoy es que seguimos sin darle el uso y la extensión para cuya finalidad fueron creados, nos empecinamos en retrasar de forma innecesaria la “NECESARIA MODERNIZACIÓN JUDICIAL” para que trámites y comunicaciones entre profesionales y justicia sea adecuada a los tiempos actuales.

En mi modesta opinión, creo que debería obligarse sin más demora el uso de las herramientas existentes en nuestra profesión, con ello, podríamos llegar a implantar el expediente electrónico y eliminar definitivamente el engorroso papel de nuestra justicia.

Sin darnos cuenta a día de hoy, perdemos una cantidad brutal de tiempo en el ejercicio de nuestra profesión, debido a que la justicia tradicional más propia de la era “Jurásica” nos obliga a recopilar datos en formato papel, que en la mayoría de las ocasiones nos han hecho llegar a través del uso diario de los avances tecnológicos.

En mi caso particular, solo empleo el papel físico cuando tengo que comunicarme con el juzgado, me veo obligado a imprimir escritos y firmar documentos, porque en el resto de ocasiones toda mi actividad es íntegramente desarrollada haciendo uso de nuevas tecnologías.

Sin ninguna duda la justicia es uno de los aspectos de nuestra sociedad que menos ha modernizado su funcionamiento y que con más lentitud recoge los avances tecnológicos.

Pero si detenemos nuestro ritmo frenético de señalamientos, plazos y vencimientos nos damos cuenta que todos los que conforman el sector judicial están adaptados y perfectamente preparados para dar ese necesario salto.

Entonces, ¿Por qué tardamos tanto en modernizar la justicia?.

Todos los que formamos parte del colectivo de justicia deberíamos abogar porque esto fuera justo al revés, que nuestra profesión, nuestro sector de actividad y el ejercicio de la profesión jurídica fuera uno de los sectores que más inmediatez proporcionará a los ciudadanos.

Los problemas de los ciudadanos se han vuelto instantáneos y demandan servicios adaptados a la inmediatez de la vida digital.

Curiosamente a nivel empresarial, reuniones desde diferentes partes del mundo son realizadas por video conferencia, sin necesidad de desplazamientos, se evitan cuantiosos costes de traslado y se facilita el estar presente en diferentes partes del mundo a lo largo del día, algo que hasta el surgimiento de los avances tecnológicos e internet resultaba impensable.

A nivel formativo el propio Consejo General de la Abogacía Española permite el acceso a aulas virtuales y la conexión directa por streaming a jornadas y conferencias que de otra forma supondrían desplazamientos, perdida de tiempo útil de trabajo y gastos no recuperables.

Sin embargo en nuestro día a día en los juzgados seguimos el “método jurásico”,  perdiendo horas y horas haciendo pasillo en la antesala de las salas de vistas para realizar juicios en los que de existir una inversión adecuada en medios tecnológicos se podrían realizar desde los propios despachos de abogados en conexión directa con las salas de juicio virtuales.

Con esto no quiero decir que no se hayan acometido mejoras en nuestro sector de actividad, lo que ocurre es que son insuficientes o escasas. Es  habitual de nuestro ejercicio, encontramos en sala en el desarrollo de una vista y, al realizar p.ej. declaraciones por video conferencia, éstas en la mayoría de las ocasiones no conectan, o no se ven o no se escuchan o al intentar iniciar el grabado de las vistas o audiencias estas se retrasan porque no se activa o no consta autorizada la grabación, raro es el día que cualquiera de los pocos adelantos tecnológicos instaurados en “sede judicial” no da un error o fallo.

Por ello, entiendo que tenemos una justicia desfasada que no camina al mismo ritmo que el resto de la sociedad.

A mí me resulta extremadamente chocante que al sentarme en un bar o restaurante la gran mayoría de ellos ya se encuentran totalmente digitalizados y haciendo pleno uso de las nuevas tecnologías, los camareros te toman los pedidos a través de dispositivo móvil (tablet, ipad, iPod o similar); las comandas con los pedidos viajan directamente de la mesa a la cocina, y a través de los programas de software desarrollados al efecto, los empresarios del sector hostelería están actualizando sus servicios a una sociedad que día a día es más tecnológica y móvil.

El uso de las nuevas tecnologías consigue en la mayoría de las ocasiones un servicio mucho más eficiente, mucho más rápido e infinitamente mucho más ordenado y útil.

¿Por qué en la justicia seguimos moviendo “tochos” voluminosos de papel? ¿Por qué los juzgados no disponen de internet para poder consultar en sala nuestros archivos o expedientes?.

Es cotidiano encontrar servicio de wifi gratuito en cafeterías, restaurantes, establecimientos de comida rápida o en los propios hoteles, aeropuertos, autobuses….etc.

Pero en los juzgados seguimos dependiendo de nuestras tarifas de internet móvil y de la buena cobertura de la zona para evitar cargar con códigos de papel, en la mayoría de las ocasiones totalmente desfasados.

En la actualidad estamos acostumbrados a que actos cotidianos de nuestro día a día sean realizados a través del uso de internet, las nuevas tecnologías y los dispositivos móviles, hacienda, seguridad social, citas médicas,etc

Buscamos viajes, vuelos, hoteles a través de internet, reservamos entradas de espectáculos por internet, reservamos mesa en nuestros restaurantes favoritos a través del móvil, pedimos cita para la itv por internet, compramos todo tipo de productos (ropa, complementos, zapatos..)

Sin embargo, la justicia sigue siendo “jurásica”, ajena a los avances tecnológicos, empeñada en seguir realizando sus actuaciones ajena a los medios tecnológicos, siendo la última en modernizarse. Cuando realmente la justicia debería ser vanguardista, puntera en la implantación de avances tecnológicos, en la experimentación de trámites virtuales que agilizasen sus procesos con los ciudadanos.

Una justicia tecnológica, ágil y eficaz posibilitaría una sociedad mucho más diligente y con menos actos fuera de las reglas de actuación. ¿No lo crees así? Una justicia rápida y eficaz haría que muchos de los asuntos que vemos hoy en los juzgados fueran meditados antes de ser realizados. ¿Tú que opinas?

 

Por Javier González Gonzalez

Abogado-Director Jurídico de Defensa Digital

Miembro de Enatic

www.defensadigital.es

@GonzGonz_Javier

“Minions” de Datos Personales.

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Pensando en un título diferente y acordándome del estreno de la película Minions, se me ocurrió hacer una similitud entre el tratamiento de datos históricos, estadísticos y científicos y esos pequeños seres adorables, con la intención de comparar, tal y como sucede en la película, la conversión que sufre el pequeño y simpático Kevin -se hace gigante- del mismo modo que la regulación del tratamiento de aquellos datos. Vamos a agrandar a Kevin comenzando desde su estado original “minion”, desde la LOPD hasta la ingente normativa sectorial existente.

“Minions” de Datos Personales La propia LOPD hace una referencia “casi inapreciable” y, muchas veces obviada, respecto al tratamiento de datos personales para finalidades históricas, estadísticas o científicas, permitiendo dicho tratamiento una vez finalizado el tratamiento original, es decir, se pueden tratar los datos personales recabados u obtenidos desde su origen o tras finalizar la finalidad inicial. En el primero de los supuestos se contempla la exigencia del principio del deber de información, excepcionada si los datos no son obtenidos del propio interesado -p.e. obtención de información médica de familiares- pero, ¿qué ocurre en el segundo de los supuestos cuando, tras el tratamiento inicial donde no se incluye dicha/s finalidad/es, se procede a tratar los datos de los afectados? Habrá que acudir al RDLOPD para conocer bajo qué parámetros hemos de movernos, los cuales son las previsiones que, a tal efecto, se regulan en las leyes respectivas -estatales y autonómicas-, entre las que destacan la Ley 12/1989, de 9 de mayo, Reguladora de la Función Estadística Pública; la Ley 16/1985, de 25 junio, del Patrimonio Histórico Español; y la Ley 13/1986, de 14 de abril de Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica, esta última derogada por la entrada en vigor de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación; así como aquellas disposiciones de desarrollo, al igual que la normativa autonómica en estas materias. Kevin se ha hecho más grande y, solamente hemos iniciado el proceso.

Dejemos que crezca Kevin. Salvo la previsión contemplada de poder conservar los datos personales tras finalizar el tratamiento original -artículo 8.6 RDLOPD-, igualmente, se permite solicitar -vía de excepcionalidad- el mantenimiento de los datos personales para ser tratados con fines históricos, estadísticos o científicos. Excepcionalidad, la cual se rige por un procedimiento específico que debe instarse ante la propia Agencia de Protección de Datos y que trae su precisión en los últimos artículos del RDLOPD -artículo 157 y 158-, siendo curioso que, solamente desde la entrada en vigor del reglamento de desarrollo, se haya llevado a cabo dos solicitudes, ambas otorgadas, a CCOO y a UGT para tratar los datos personales con finalidades históricas. Es curioso que no existan más peticiones, especialmente, de empresas privadas para el tratamiento con finalidades estadísticas o científicas, más ahora, resultado del estado del avance de la tecnología y del uso masivo de los datos personales.

Respecto al tratamiento de datos estadísticos y la normativa que regula la misma, el objeto de dicho tratamiento es exclusivamente para finalidades públicas, por lo tanto, difícilmente, una entidad privada podrá acogerse a la conservación de los datos personales en base a la normativa que regula dicho tratamiento. Así mismo, hay que poner de relieve el Sistema Estadístico Eurostat y, especialmente, Reglamento CE 223/2009 relativo a la Estadística Europea y el Reglamento CE 2533/98 sobre la obtención de información estadística por el Banco Central Europeo. De igual forma, la previsión respecto al secreto estadístico, en especial, al cómputo de años y al carácter público de la información, diferenciando un cómputo general -25 años desde la muerte o 50 años desde la obtención -idéntico plazo o similar que el establecido en la Ley de Patrimonio Histórico- y un cómputo excepcional “mínimo veinticinco años desde que se recibió la información podrán ser facilitados datos protegidos por el secreto estadístico a quienes, en el marco del procedimiento que se determine reglamentariamente acrediten un legítimo interés.” Pieza aparte, aún más para agrandar a Kevin es el famoso “censo promocional” y las finalidades que sobre el mismo se determinen, durante y a posteriori del tratamiento legítimo.

En cuanto al tratamiento histórico debemos de acudir a su previsión legal del artículo 49 LPHE, en cuanto a separar o diferenciar los años en los cuales la información pasa a tener una consideración histórica, siendo dicho cómputo los 40 años “si los documentos han sido generados, conservados o reunidos en el desempeño de su actividad por las entidades y asociaciones de carácter político, sindical o religioso y por las entidades, fundaciones y asociaciones culturales y educativas de carácter privado”[i]; y de 100 años “por cualesquiera otras entidades particulares o personas físicas.” Por ello, la perplejidad de la escasa o nula utilización de la vía de excepcionalidad respecto a la conservación de datos personales, por parte de partidos políticos, fundaciones u otros relacionados. Igualmente, en cuanto a la consulta de dichos datos históricos públicos y su consulta por terceros[ii], rige el mismo cómputo de plazos que respecto a la Ley de Estadística y, concretamente, respecto a datos personales contenidos que “por su carácter policial, procesal, clínico o de cualquier otra índole que puedan afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen, no podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de veinticinco años desde su muerte, si su fecha es conocida o, en otro caso, de cincuenta años a partir de la fecha de los documentos.”

De las dos precedentes finalidades, habría que unirle el amparo normativo en cuanto a los supuestos que legitiman la comunicación o tratamiento de datos personales, destacando, en especial, la autorización por Ley o norma de derecho comunitario; así como las cesiones entre Administraciones Públicas. Seguimos agrandando a Kevin, más aún si esta ingente, compleja y dispersa regulación hemos de implantarla en una entidad privada.

Para hacer ya a Kevin un super-gigante, comparable al de las habichuelas, a pesar que no se dispone de espacio material por extensión, la apoteosis final: el tratamiento con fines científicos junto con la aplicación de dicho tratamiento dentro de las tecnologías convergentes: biomedicina[iii], biobancos[iv], nanotecnología, robótica, big data, inteligencia artificial, inteligencia emocional, profiles.

La investigación, a nivel público, especialmente a través de la Ley Ciencia, Tecnología e Innovación junto con la Ley General de Universidades[v]; la dispersa regulación en materia de sanidad[vi] y la protección al paciente[vii], ligado con las especialidades en ADN, biotecnología, biomedicina, ensayos clínicos[viii], epidemiológicas y la regulación de los Comités Éticos Científicos[ix], así como el personal investigador, las spin-off y las EBT de nueva creación obligan que, caso por caso, situación por situación, haya que valorar la normativa que, bajo una mera finalidad orientativa se ha incluido. Pero, ¿Qué ocurre en los casos de recopilación masiva de datos por empresas privadas donde el tratamiento de datos persigue un tratamiento estadístico o científico para determinar características de un usuario determinado? Las empresas, cada vez más, buscarán investigar, en ocasiones disfrazando la finalidad de interés científico, estadístico o histórico datos personales, anonimizados, disociados, pseudo-anominimizados, no solo laboratorios farmaceúticos, sino empresas de robótica, de farmacovigilancia, transgénicos animales y vegetales, comportamiento.

Como dirían esos adorables y simpáticos seres denominados “minions”, ante una realidad tan compleja, sin saber muy bien la excepcionalidad del artículo 9.2 RDLOPD y el encuadre que, en cada caso se pudiere plantear, volviendo al estado original -mínimo e inapreciable-: “matoka babaya bobuoa” que traducido al lenguaje terrenal sería decir como: “Pfff… Vaya galimatías.”

 

Efrén Santos Pascual

Socio – Abogado TIC

ICEF Consultores

www.icefconsultores.com

@efrensantos_tic

http://icefconsultores.blogspot.com.es   

 

                                                                                

La foto del artículo ha sido obtenida de pixabay.com siendo la atribución del usuario stevepb bajo la siguiente condición que afecta al presente artículo Editorial use only / No attribution required. Se dispone el enlace para corroborar dicha propiedad intelectual y su uso: https://pixabay.com/en/dancing-dave-minion-minion-tim-510835/

[i]
Caso CCOO y UGT. RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN DE CONSERVACIÓN DE DATOS PARA FINES HISTÓRICOS Nº EXPEDIENTE: CD/00001/2011 y CD/00001/2012.

[ii]
Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

[iii]
Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica.

[iv]
Real Decreto 1716/2011, de 18 de noviembre, por el que se establecen los requisitos básicos de autorización y funcionamiento de los biobancos con fines de investigación biomédica y del tratamiento de las muestras biológicas de origen humano, y se regula el funcionamiento y organización del Registro Nacional de Biobancos para investigación biomédica.

[v]
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

[vi]
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

[vii]
Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

[viii]
Real Decreto 223/2004, de 6 de febrero, por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos.

[ix]
GUÍAS ÉTICAS DE INVESTIGACIÓN EN BIOMEDICINA. Comité de Ética del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras. http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-publicaciones-isciii/fd-documentos/IIER_Guias_eticas_ESPANOL.pdf

Nuevo Curso Legal & Digital Business (18 de septiembre – 31 de octubre) Iab Spain

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Iab Spain Legal nos participa la convocatoria del curso de referencia, avalado por ICAM e impartido por grandes profesionales, compañeros y en su mayoría miembros de ENATIC.

 

Se trata de una formación intensa a desarrollar en 50 horas entre el 28 de septiembre y el 31 de octubre de 2015 que, bajo el lema y objetivo de identificar las problemáticas jurídicas que afectan a la industria de Internet, actualizar las últimas novedades del marco jurídico de las TIC y desarrollar políticas de cumplimiento para los distintos modelos de negocio digital, nos ofrece un amplio abanico de información sobre la que profundizar en nuestro sector.

 

Os dejamos el enlace del curso para mayor información, si bien os informamos que el precio ofrecido por Iab Spain a los asociados de ENATIC es el mismo que el ofrecido a los asociados de Iab Spain, por lo que insistimos en que, en la inscripción y reserva de plaza no olvidéis indicar vuestra condición de asociados de ENATIC para obtener el precio especial ofrecido.

 

Esperamos resulte de vuestro interés y agrado.

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